La comunidad educativa en Marbella y en toda la provincia de Málaga se encuentra en pie de guerra ante la reciente decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el Partido Popular, de eliminar un total de 1.075 unidades educativas en infantil y primaria para el año académico 2024-2025. De estas, 158 unidades escolares afectarán a la provincia de Málaga, con Marbella siendo una de las localidades que más sufrirá las consecuencias de esta medida, con 14 aulas eliminadas.
José Bernal, secretario de Organización del PSOE de Málaga, no escatima en críticas a esta política, que representa un recorte del 45% en comparación con el curso anterior. “No solo se están cerrando aulas, sino que esto significa una reducción en la calidad educativa y en la contratación de profesores”, asegura Bernal, quien también enfatiza que dicha política afecta directamente el acceso a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes.
La secretaria de Educación del PSOE malagueño, Patricia Alba, subraya la preocupante realidad de las infraestructuras educativas en la provincia. “No se ha construido ni un solo instituto en localidades necesarias como Rincón de la Victoria, Benalmádena o Mijas”, afirma. Según Alba, la falta de infraestructuras adecuadas y el aumento de aulas prefabricadas, lejos de mejorar la situación, perpetúan un sistema que ya se encuentra al borde del colapso. Esta falta de atención hacia las infraestructuras educativas implica un claro desinterés por parte de la administración autonómica sobre la educación pública, considerada esencial para el futuro de los estudiantes.
La comunidad educativa está preocupada, pues además de la reducción de aulas, hay un déficit de plazas de formación profesional y una notable carencia de recursos para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Según denuncian, más de 40 centros en la provincia carecen del personal y de los apoyos necesarios para garantizar una educación inclusiva, dejando a muchos niños en una situación de desventaja.
La denuncia del PSOE ha encontrado eco en las palabras del sindicato de enseñanza USTEA, que también ha manifestado su preocupación por la eliminación de 88 aulas en la capital y un aumento significativo en Marbella y Vélez-Málaga. El sindicato reprocha a la Consejería de Educación que sus decisiones se basan en criterios ideológicos que favorecen el aumento de la enseñanza privada mientras se desmantela la pública. “La reducción de aulas se está produciendo exclusivamente en el sector público”, afirman, añadiendo que esta tendencia se ha traducido en un incremento del 45% en las supresiones respecto a años anteriores.
Los datos expuestos por USTEA son alarmantes: mientras que el alumnado en la enseñanza pública ha caído en casi 90.000 matriculaciones en la última década, la enseñanza privada concertada ha incrementado sus cifras en 10.000. Esto pone de manifiesto una discrepancia que muchos consideran insostenible y profundamente injusta para las familias con menos recursos.
El clima de incertidumbre y recriminaciones se cierne sobre el futuro de la educación pública en Marbella y en Málaga. Los sectores involucrados hacen un llamado urgente a reconsiderar una política que, según ellos, pone en peligro no solo el acceso a una educación de calidad, sino también la inclusión y el derecho a aprender en un entorno digno para todos los estudiantes de la provincia.
El cierre de aulas en Marbella y en otros puntos de la provincia de Málaga es un problema que trasciende el simple número de unidades educativas afectadas. Más allá de los 1.075 recortes en infantil y primaria, esta medida representa una perniciosa desatención a la educación pública, especialmente en un momento en que las necesidades educativas son tan diversas. La comunidad educativa, sindicatos y partidos opositores coinciden en que esta decisión no solo amenaza la calidad educativa, sino que también ahonda en las desigualdades entre un sistema público y uno privado. La falta de infraestructuras adecuadas y el aumento de aulas prefabricadas son síntomas claros de un sistema al borde del colapso, y cualquier política que apueste por la eliminación de recursos educativos es, en esencia, un ataque frontal al derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad, independiente de su nivel socioeconómico.
Sin embargo, más que una crítica sin sentido hacia el Gobierno de la Junta de Andalucía, es necesario que la comunidad educativa reaccione de manera proactiva. La situación actual demanda un diálogo constructivo para encontrar soluciones sostenibles en colaboración con las administraciones competentes. Si bien la reducción en la inversión pública parece estar guiada por criterios ideológicos, es crucial que se planteen alternativas que fomenten un equilibrio entre los sistemas educativo público y privado. La mejora de las infraestructuras educativas, la formación continua de los docentes y el fortalecimiento de los recursos destinados a los estudiantes con necesidades educativas especiales son pasos que se deben implementar de inmediato. Solo así podremos garantizar que la educación en Marbella y en toda Málaga no solo sea accesible, sino que también respete la dignidad y el derecho de cada alumno a aprender en un entorno justo y equitativo.
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