La polémica entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía por la gestión de la residencia Tiempo Libre ha desatado un debate en la ciudad. Mientras la alcaldesa Ángeles Muñoz defiende los intereses del municipio, la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, insiste en que se debe priorizar el bienestar de la ciudadanía y no el lucro privado.
La residencia Tiempo Libre, con sus 230 apartamentos construidos en los años 60, ha sido un lugar emblemático para ofrecer vacaciones a precios asequibles a trabajadores y sus familias. Sin embargo, la propuesta de la Junta de Andalucía de licitar la gestión a empresas privadas ha generado malestar en la comunidad, que ve en riesgo la continuidad de este servicio público.
Isabel Pérez ha destacado la falta de equipamientos públicos en Marbella y la importancia de preservar la residencia Tiempo Libre como un patrimonio para las generaciones futuras. La portavoz socialista ha instado a Ángeles Muñoz a tomar medidas para frenar los planes de la Junta y garantizar la gestión pública de este espacio tan emblemático para la ciudad.
La polémica entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía por la gestión de la residencia Tiempo Libre ha generado un intenso debate en la ciudad. Mientras la alcaldesa defiende los intereses municipales, la portavoz socialista insiste en priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre el lucro privado. Sin duda, la propuesta de la Junta de licitar la gestión a empresas privadas ha generado preocupación en la comunidad, que ve en riesgo la continuidad de un servicio público tan importante como es el acceso a unas vacaciones asequibles para trabajadores y sus familias.
La propuesta de Isabel Pérez de preservar la residencia Tiempo Libre como un patrimonio para las futuras generaciones es acertada, ya que se trata de un espacio emblemático con un valor social incalculable. Resulta necesario que el Ayuntamiento tome medidas para proteger este servicio público y garantizar que siga siendo accesible para aquellos que más lo necesitan. La prioridad debe ser el bienestar de la ciudadanía, y no los intereses privados de empresas que buscan lucrarse a costa de un servicio que beneficia a la comunidad en su conjunto.
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