El futuro del caso Tsunami Democràtic sigue siendo incierto después de que el juez instructor en la Audiencia Nacional archivara la causa, desencadenando una serie de respuestas por parte de los implicados. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha contestado a la magistrada del Supremo Susana Polo sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), argumentando que considera innecesario recurrir a esta instancia.
La defensa de Puigdemont, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha destacado que el TJUE ha aclarado en distintas resoluciones que las autoridades de un Estado miembro no pueden invocar directamente una Directiva para agravar la responsabilidad penal de los acusados en un procedimiento penal. Este argumento refuerza la postura de Puigdemont de que la consulta al TJUE carece de sentido, ya que se considera que la legislación interna debe ser la que regule la responsabilidad penal de los individuos.
Sin embargo, la resolución final sobre este tema sigue pendiente, ya que el juez que inició la causa decidió archivarla recientemente, invalidando así todas las diligencias posteriores. Con la instrucción limitada a lo investigado hasta julio de 2021, la magistrada Susana Polo tiene ahora la responsabilidad de tomar decisiones clave en este caso. La incertidumbre en torno a Tsunami Democràtic persiste, con diferentes actores haciendo valer sus argumentos en busca de un desenlace que aún está por definirse.
El futuro del caso Tsunami Democràtic parece más confuso que nunca, con el archivamiento de la causa por parte del juez instructor en la Audiencia Nacional y la respuesta de Carles Puigdemont ante la posibilidad de elevar el caso al TJUE. La defensa del expresidente de la Generalitat argumenta que la legislación interna debe ser la que regule la responsabilidad penal de los acusados, restándole importancia a la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A pesar de la clarificación del TJUE sobre la imposibilidad de invocar directamente una Directiva para agravar la responsabilidad penal de los acusados, la resolución final aún está pendiente. Con el archivamiento de la causa y la instrucción limitada a lo investigado hasta julio de 2021, la magistrada Susana Polo tendrá que tomar decisiones cruciales en este caso. La incertidumbre persiste en torno a Tsunami Democràtic, dejando a los diferentes actores en una lucha por definir el desenlace de esta compleja situación legal.
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