La política catalana Marta Rovira ha decidido recurrir el auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que le aplicó la amnistía en el delito de desobediencia por el cual está procesada en rebeldía. Rovira considera que el magistrado no tiene competencia para elevar una cuestión de constitucionalidad y ha solicitado que el procedimiento sea remitido a la Sala Segunda para su archivo.
El abogado de Rovira, Iñigo Iruin, ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación con el objetivo de que el magistrado acuerde el archivo del procedimiento y lo remita a la Sala Segunda. Entre los argumentos utilizados se encuentra una resolución dictada por el mismo magistrado en octubre pasado en la que se afirmaba que en caso de que una ley de amnistía entrara en vigor, no correspondería plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
Además, se ha dado a conocer que tanto la instructora de la causa abierta por las protestas de la plataforma contra la sentencia del ‘procés’ en el Supremo, la magistrada Susana Polo, como la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, han dado un plazo de tres días a las partes para informar sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía y el delito de terrorismo imputado a los aforados.
Esta situación genera un ambiente de incertidumbre en el panorama político y judicial, ya que la decisión final sobre la aplicación de la amnistía a Marta Rovira podría tener repercusiones importantes en el desarrollo de la causa. Por un lado, se plantea la posibilidad de que el procedimiento sea archivado y la política catalana quede libre de cargos, pero por otro lado, persiste la incertidumbre sobre la competencia del magistrado para elevar una cuestión de constitucionalidad. Sin duda, es un caso que seguirá generando debate y atención en los próximos días.
La decisión de Marta Rovira de recurrir el auto del juez Pablo Llarena ha generado un nuevo capítulo en el controvertido proceso judicial que rodea a los líderes independentistas catalanes. La argumentación presentada por su abogado, basada en la contradicción de actuaciones previas del propio magistrado, pone de manifiesto la complejidad y los entresijos legales de este caso.
La posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea añade otra capa de incertidumbre a un procedimiento ya de por sí enredado. La resolución final sobre la aplicación de la amnistía a Rovira podría tener consecuencias significativas en el devenir del juicio, evidenciando una vez más la complejidad y la politización de un caso que sigue generando división y debate en la sociedad española.
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