La polémica en torno a la ley de amnistía sigue creciendo, con los fiscales del ‘procés’ liderando la oposición a dicha normativa. Según su extenso informe, esta ley sería «arbitraria» e incompatible con la Constitución y el sistema democrático. Su argumento principal radica en que se estaría abriendo la puerta a la impunidad en casos de corrupción o terrorismo, considerados como graves atentados contra los cimientos de la democracia.
Los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno van un paso más allá y proponen al Tribunal Supremo que no aplique la ley de amnistía, instando incluso a consultar al TJUE sobre su legalidad. Consideran que la negociación de una amnistía con aquellos que se beneficiarían de ella genera conflictos con el principio de separación de poderes y la igualdad ante la ley. Argumentan que la normativa europea también se vería vulnerada en este caso, abriendo la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE e inconstitucionalidades ante el Tribunal Constitucional.
La acusación de autoamnistía es uno de los puntos clave en la crítica de los fiscales del ‘procés’ hacia esta ley. Consideran que no busca el bien común y que se ha tramitado de forma urgente, evitando un debate público y sosegado que legitimaría una norma de tanta importancia en el contexto constitucional. Además, señalan que se ha ignorado las recomendaciones de la Comisión de Venecia para evitar la crispación y confrontación en la sociedad española, al no contar con un consenso político mayoritario en su aprobación.
En resumen, la ley de amnistía enfrenta un fuerte rechazo por parte de los fiscales del ‘procés’, quienes ven en ella una amenaza para los principios y valores constitucionales fundamentales. La discusión sobre su compatibilidad con la legalidad europea y española promete ser un punto álgido en los próximos días, con la posibilidad de que el Tribunal Supremo y el TJUE deban pronunciarse al respecto.
La polémica en torno a la ley de amnistía ha alcanzado un nuevo nivel con la oposición de los fiscales del ‘procés’, quienes argumentan que esta normativa sería arbitraria y contraria a los principios democráticos. Su rechazo se basa en la posibilidad de que la ley abra la puerta a la impunidad en casos de corrupción y terrorismo, considerados como graves atentados contra la democracia. La propuesta de los fiscales de consultar al Tribunal Supremo y al TJUE sobre la legalidad de la ley demuestra la seriedad de sus preocupaciones y la necesidad de abordar este tema con la mayor transparencia y rigor jurídico.
La acusación de autoamnistía planteada por los fiscales del ‘procés’ añade más leña al fuego de la controversia en torno a esta ley. Su crítica a la falta de debate público y consenso político en la aprobación de la normativa resalta la importancia de garantizar la legitimidad y el respaldo social de una ley de tanta relevancia en el marco constitucional. La discusión sobre la legalidad de la ley de amnistía promete ser un tema candente en las próximas semanas, con posibles pronunciamientos tanto a nivel nacional como europeo que moldearán el futuro de esta controvertida normativa.
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