La petición de aplicar la ley de amnistía por parte del jefe de la oficina de Carles Puigdemont ha generado polémica en el ámbito judicial. Según la defensa de Josep Lluis Alay, los actos atribuidos a él y a los otros investigados no cumplen con los requisitos establecidos por la ley para ser considerados como traición. De acuerdo con su abogado, no se ha producido una amenaza efectiva o real ni un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España.
La apertura de este nuevo proceso judicial por la presunta trama rusa en el procés ha sido cuestionada desde el momento en que se dio a conocer. La defensa de Alay insiste en que se trata de una persecución política que va en contra de las reglas de un estado democrático y de derecho. Además, consideran que la interpretación del juez Aguirre sobre la exclusión de la ley de amnistía es arbitraria y aberrante.
El magistrado Joaquín Aguirre ha fundamentado la apertura de este nuevo caso en las «objeciones técnico-procesales» planteadas por la Audiencia de Barcelona en el caso Voloh. A raíz de la anulación de la prórroga de la investigación de dicho caso, Aguirre decidió iniciar un nuevo procedimiento bajo el nombre de Catmon/Igman. En este nuevo expediente se investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a través de entidades independentistas dirigidas por importantes figuras políticas catalanas. Además, se indaga sobre el presunto apoyo financiero de los gobiernos de Rusia y China a una Cataluña independiente.
La petición de aplicar la ley de amnistía por parte del jefe de la oficina de Carles Puigdemont ha generado un intenso debate en el ámbito judicial. La defensa de Josep Lluis Alay afirma que los actos atribuidos a él y a los demás implicados no cumplen con los requisitos para ser considerados como traición, ya que no se ha producido una amenaza efectiva o real ni un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España. Esta postura pone en entredicho la motivación detrás de la apertura de este nuevo proceso judicial.
La decisión del magistrado Joaquín Aguirre de iniciar un nuevo procedimiento judicial basado en supuestas objeciones técnico-procesales planteadas en el caso Voloh ha generado controversia. La defensa de Alay considera que se trata de una persecución política que va en contra de las normas de un estado democrático y de derecho, y critica la interpretación del juez sobre la exclusión de la ley de amnistía como arbitraria y aberrante. La apertura de este nuevo expediente, Catmon/Igman, que investiga la presunta internacionalización del procés y el presunto apoyo financiero de Rusia y China a una Cataluña independiente, plantea interrogantes sobre los motivos reales detrás de estas acciones judiciales y la imparcialidad del sistema judicial.
Completa el formulario o escríbenos a redaccion@eldiariodemalaga.es y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
