Este martes en el Congreso, el PSOE ha liderado una iniciativa en contra de las denominadas «leyes de concordia» propuestas por los gobiernos del PP y Vox en distintas regiones como Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León. Si bien es cierto que los socialistas contaron con el respaldo de sus aliados parlamentarios, el debate tomó un giro inesperado cuando muchos de ellos criticaron la falta de celeridad y contundencia del PSOE en la implementación de la ley de memoria democrática, aprobada en octubre del pasado año.
Las críticas más contundentes vinieron por parte de diputados como Francesc-Marc Álvaro Vidal de ERC, quien señaló que quedarse estancados en políticas de memoria es retroceder, mientras que Nestor Rego del BNG instó a los socialistas a cumplir con su parte del trabajo para desarrollar al máximo la ley. Por su parte, Martina Velarde de Podemos enfatizó la necesidad de aprobar nuevos derechos para combatir el fascismo, mientras que el PNV hizo hincapié en la importancia de seguir desarrollando y aplicando la norma.
Uno de los reproches más duros vino de la mano de Eduard Pujol de Junts, quien acusó al PSOE de repetir actitudes propias del franquismo de los años 50. Por otro lado, la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, denunció que la judicatura no está cumpliendo con la norma en lo referente a juzgar casos amnistiados en 1977. En resumen, la mayoría de los aliados del PSOE en el Congreso han instado al partido a acelerar la implementación de la ley de memoria democrática y a no permitir retrocesos en este ámbito crucial para la justicia y la reconciliación en España.
El debate en el Congreso sobre las denominadas «leyes de concordia» ha dejado en evidencia las tensiones y críticas dentro del propio gobierno y sus aliados parlamentarios. Si bien es loable que el PSOE haya liderado esta iniciativa en contra de normativas que muchos consideran contrarias a la memoria democrática, las críticas recibidas por la falta de celeridad en la implementación de la ley aprobada en octubre del pasado año son totalmente válidas y deben ser tomadas en consideración por el partido en el gobierno.
Es necesario que el PSOE escuche a sus aliados y acelere los procesos para desarrollar al máximo la ley de memoria democrática, no solo por una cuestión de coherencia política, sino por una responsabilidad histórica con las víctimas de la dictadura franquista. La justicia y la reconciliación en España no pueden esperar, y es imperativo que el partido en el gobierno no permita retrocesos en este ámbito crucial. Esperamos que estas críticas constructivas sean tomadas en serio y se traduzcan en acciones concretas por parte del gobierno.
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