El choque de trenes en la Fiscalía sobre la aplicación de la ley de amnistía para los investigados en el proceso independentista en Cataluña ha llevado la discusión hasta la Junta de Fiscales, el máximo órgano consultivo de la Carrera. La reunión prevista para el próximo 18 de junio será crucial para fijar una postura sobre este tema tan controversial.
A pesar de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aún no ha dado una orden formal a los fiscales del procés, se espera que los fiscales ‘rebeldes’ invoquen el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía en caso de discrepancia. La negativa a aplicar la ley de amnistía a los independentistas ya condenados y a los que se encuentran en rebeldía, como Carles Puigdemont, se basa en la exclusión de la malversación agravada de los supuestos previstos por la legislación de gracia recientemente aprobada.
La rapidez con la que el Tribunal Supremo ha solicitado a las partes posicionarse sobre el impacto de la ley de amnistía en los distintos procedimientos ha generado tensiones en la Fiscalía. Los escasos plazos dados para dar respuesta han obligado a los fiscales a actuar con premura para definir su postura antes de la esperada reunión de la Junta de Fiscales el próximo martes.
En un escrito conjunto, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno insisten en que la malversación no puede ser perdonada por la ley de amnistía, especialmente si implica un «enriquecimiento personal o beneficio patrimonial». Esta postura desencadenará sin duda una discusión intensa en la Junta de Fiscales, donde se decidirá el camino a seguir en esta delicada cuestión legal y política.
El choque de trenes en la Fiscalía en torno a la aplicación de la ley de amnistía en el proceso independentista en Cataluña refleja la complejidad y polarización existente en torno a esta cuestión. La discrepancia entre los fiscales ‘rebeldes’ y la postura de algunos representantes de la Fiscalía refleja la necesidad de una discusión a fondo para fijar una postura clara y coherente.
La velocidad con la que se ha solicitado a las partes posicionarse sobre este tema y la premura con la que se deben definir posturas deja entrever la urgencia y la importancia de este debate. La reunión de la Junta de Fiscales del próximo martes será crucial para establecer una postura unificada que responda a las demandas de justicia pero también a los principios de legalidad vigentes. Sin duda, el resultado de esta discusión marcará un precedente relevante en el ámbito legal y político en España.
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