En medio de un complejo proceso de investidura en Cataluña, Moncloa y Ferraz han optado por mantener un perfil bajo y evitar posicionamientos públicos que puedan interferir en el proceso. La prioridad del Gobierno es respaldar las decisiones del PSC y transmitir confianza en la investidura de Salvador Illa, destacando que es la «única mayoría posible».
A pesar de esta discreción en sus mensajes públicos, el Gobierno está trabajando activamente en apoyar las negociaciones en materias que le competen, como la condonación parcial de la deuda a Cataluña. Se ha planteado acelerar los trámites y aprobar esta medida a través de una ley específica, al margen de los presupuestos, para no tener que esperar hasta finales de año.
En este sentido, fuentes de Hacienda han descartado la necesidad de que la medida sea aprobada formalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, asegurando que la decisión final corresponderá al Congreso. Esta medida de condonación de la deuda, que ascendería a 15.000 millones de euros para Cataluña, será uno de los primeros puntos a tratar en la mesa de negociación bilateral con ERC acordada en la investidura.
Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro su rechazo a negociar un ‘cupo catalán’ con los independentistas, considerando que no tiene cabida ni en la Constitución ni en el Estatut. En cambio, se abren a negociar un cálculo más favorable para Cataluña dentro del marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. Se estudiarán las singularidades de Cataluña en áreas como la penitenciaria, justicia y la policía autonómica (Mossos) para compensar sus competencias.
El silencio estratégico del Gobierno en medio de la investidura en Cataluña puede interpretarse como una táctica para no interferir en el proceso y no dar argumentos a aquellos que acusan al PSOE de querer interferir en asuntos catalanes. Sin embargo, la activa participación en las negociaciones sobre la condonación de la deuda indica que sí están involucrados en el proceso, aunque de manera discreta. Esta medida, de aprobarse, tendría un impacto significativo en las finanzas de Cataluña y podría ser un gesto de buena voluntad para favorecer la investidura de Salvador Illa.
A pesar de las concesiones en materia financiera, el Gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a negociar un ‘cupo catalán’ con los independentistas. Esta postura refleja su compromiso con la legalidad vigente y con el respeto a la Constitución y al Estatut de Cataluña. La apertura a discutir un cálculo más favorable dentro del sistema de financiación autonómica muestra una voluntad de diálogo que busca encontrar soluciones dentro del marco constitucional. En definitiva, el Gobierno parece estar manejando con prudencia un tema tan complejo como la investidura en Cataluña, mostrando una estrategia que combina la discreción con la voluntad de diálogo y búsqueda de soluciones.
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