El Gobierno ha dado un paso decisivo en la gestión de residuos radiactivos al aprobar la gran subida en la tasa que pagan las centrales nucleares. Esta medida, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica bajo el liderazgo de la vicepresidenta Teresa Ribera, busca garantizar la financiación necesaria para desmantelar los reactores y construir siete almacenes nucleares, así como un gran cementerio nuclear donde reposarán los residuos radiactivos de forma permanente.
A pesar de las presiones de las grandes eléctricas para frenar el incremento del recargo, el Ejecutivo logró sortear los obstáculos y lograr la aprobación del real decreto que contempla un aumento del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares. Este incremento, que inicialmente se planteaba en un 40%, fue suavizado para llegar a un consenso que permita cubrir los costes de gestión de los residuos radiactivos de forma equitativa.
Con esta medida, se busca aplicar el principio de ‘quien contamina paga’, garantizando que las centrales nucleares asuman la responsabilidad de financiar los costes asociados a la gestión de sus residuos. A través de la prestación patrimonial no tributaria que abonan a Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, las centrales contribuirán a financiar un plan que supera los 20.200 millones de euros hasta finales de siglo.
En conclusión, la aprobación de esta subida en la tasa que pagan las centrales nucleares representa un paso importante en el camino hacia una gestión más sostenible de los residuos radiactivos. A pesar de las críticas de la patronal Foro Nuclear, esta medida permitirá garantizar la financiación necesaria para desmantelar las plantas nucleares de forma segura y responsable, asegurando así la protección del medio ambiente y de la salud pública.
El Gobierno ha dado un paso significativo en la gestión de residuos radiactivos al aprobar la subida en la tasa que pagan las centrales nucleares. Esta medida, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, busca garantizar la financiación necesaria para desmantelar los reactores y construir infraestructuras para la gestión de residuos de forma permanente. A pesar de las presiones de las grandes eléctricas, el Ejecutivo logró llegar a un consenso que permitirá cubrir los costes de forma equitativa.
La aplicación del principio de ‘quien contamina paga’ es fundamental para asegurar que las centrales nucleares asuman la responsabilidad de financiar la gestión de sus residuos. Con una inversión de más de 20.200 millones de euros hasta finales de siglo, se busca garantizar una gestión responsable y segura de los residuos radiactivos. A pesar de las críticas, esta medida es fundamental en el camino hacia una gestión más sostenible de los residuos radiactivos, protegiendo el medio ambiente y la salud pública.
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