Las grandes eléctricas se encuentran en una encrucijada, presionando al Gobierno para obtener un aumento en el límite legal de sus inversiones en redes eléctricas. Este movimiento, impulsado por compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, busca allanar el camino para la expansión de plantas renovables y la conexión de proyectos industriales de gran escala. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, ha lanzado una consulta pública para abordar esta modificación, sin dar aún una propuesta concreta.
La retribución que reciben las eléctricas a través de los peajes de acceso en la factura eléctrica es un aspecto clave en este debate. Actualmente, el límite de inversión para Red Eléctrica es del 0,065% del PIB, mientras que para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. Estos topes, que se sitúan en torno a los 1.000 y 2.000 millones de euros anuales respectivamente, están siendo cuestionados por las compañías que buscan acelerar la modernización de sus redes.
El aumento de la retribución que perciben las eléctricas también está en juego, con propuestas de elevarla hasta un 7% de rentabilidad. Este escenario supondría un cambio significativo en el sector, con implicaciones tanto para las empresas como para los consumidores. El Gobierno se enfrenta a un delicado equilibrio entre fomentar la inversión en redes eléctricas y contener los costes que puedan repercutir en la factura de la luz. La consulta pública abierta hasta el 3 de julio busca recoger opiniones y propuestas para encontrar la mejor solución en este complejo entramado energético.
Las presiones de las grandes eléctricas para aumentar el límite legal de sus inversiones en redes eléctricas plantean un dilema para el Gobierno y para los consumidores. Por un lado, las compañías argumentan que es necesario modernizar las infraestructuras para permitir la expansión de plantas renovables y la conexión de proyectos industriales de gran escala. Sin embargo, la propuesta de aumentar la retribución hasta un 7% de rentabilidad plantea riesgos en términos de costes para los usuarios, lo que pone en entredicho la sostenibilidad y la equidad del sistema actual.
La consulta pública lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica es un paso necesario para abordar esta cuestión, aunque aún no se ha presentado una propuesta concreta al respecto. Es fundamental que se encuentre un equilibrio entre incentivar la inversión en infraestructuras energéticas y proteger los intereses de los consumidores. En un momento en el que la transición hacia un modelo energético más sostenible es una prioridad, es crucial que las decisiones que se tomen en este ámbito tengan en cuenta el interés general y no solo el de las grandes compañías del sector.
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