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La CEOE acusa al Gobierno de favorecer a Pimec y ser «afín a sus intereses», desatando la polémica en el diálogo social.

Antonio Garamendi y su grupo están molestos y eso dificulta que el gobierno pueda trabajar con ellos en acuerdos importantes como la reducción de la jornada laboral.

La decisión del Gobierno de abrir la puerta del diálogo social estatal a la patronal de las pymes catalanas, Pimec, ha generado una fuerte reacción por parte de la CEOE. La entidad presidida por Antonio Garamendi ha acusado al Ejecutivo de querer romper el diálogo social al forzar la entrada de actores afines a sus intereses. Este movimiento ha puesto de manifiesto el progresivo distanciamiento que se ha ido gestando entre la patronal y el Gobierno, marcando un hito en las relaciones entre ambos sectores.

La diversificación de la representación empresarial ha sido una constante durante la presente legislatura, con el Gobierno moviendo piezas para permitir la entrada de nuevas voces en los órganos consultivos del Estado. La inclusión de Pimec en el CES es solo el último capítulo de esta tendencia, que ha generado malestar en la CEOE, que hasta ahora ostentaba en exclusiva la representación de los empresarios. Esta estrategia del Gobierno ha sido interpretada como un intento de debilitar la posición de la gran patronal en favor de otros actores del panorama empresarial.

La aprobación de la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos y provinciales sobre los estatales ha sido otro motivo de conflicto entre la CEOE y el Gobierno. Esta medida, pactada entre el PSOE y el PNV, ha sido criticada por la patronal por considerar que atenta contra la unidad de mercado y los consensos alcanzados en anteriores reformas laborales. La resistencia de la CEOE a estas reformas refleja las tensiones existentes entre la patronal y el Ejecutivo, que parecen estar transitando por caminos opuestos en materia laboral y empresarial.

La CEOE estalla contra el Gobierno por abrir el diálogo social a Pimec y le acusa de ser "afín a sus intereses"

La decisión del Gobierno de abrir la puerta del diálogo social estatal a la patronal de las pymes catalanas, Pimec, ha generado un fuerte enfrentamiento entre la CEOE y el Ejecutivo. La inclusión de Pimec en el CES ha sido interpretada como un intento del Gobierno de debilitar la posición de la gran patronal en favor de otros actores del panorama empresarial. Este movimiento ha dejado al descubierto las tensiones existentes entre la CEOE y el Gobierno, marcando un hito en las relaciones entre ambos sectores y poniendo de manifiesto el progresivo distanciamiento que se ha ido gestando.

La diversificación de la representación empresarial y la aprobación de la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos y provinciales sobre los estatales han sido motivo de conflicto entre la CEOE y el Gobierno. La resistencia de la patronal a estas reformas refleja las diferencias existentes en materia laboral y empresarial, mostrando que ambas entidades parecen estar transitando por caminos opuestos. Esta situación deja entrever la complejidad de las relaciones entre el Gobierno y la patronal, y la necesidad de encontrar puntos de encuentro que permitan avanzar en la construcción de un diálogo social constructivo y beneficioso para todos los sectores.

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