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Investigación de Consumo a plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas sin licencia.

La búsqueda se enfoca en identificar a los principales arrendadores o empresas especializadas en administrar un gran número de propiedades para alquiler turístico.

El Ministerio de Consumo ha iniciado una nueva ofensiva contra las plataformas de alquiler turístico, con el objetivo de verificar si algunas viviendas se están anunciando sin la licencia correspondiente. Esta investigación pone en el punto de mira a grandes arrendadores y empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos, como Airbnb y Booking.com, para determinar si están incurriendo en prácticas comerciales desleales que puedan perjudicar a los consumidores.

Según las autoridades autonómicas y municipales, existen indicios de que un número significativo de viviendas en estas plataformas operan sin cumplir con las normativas establecidas, lo que podría representar un riesgo para los intereses de los consumidores. La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas para recopilar información sobre las viviendas anunciadas y determinar si se han cometido infracciones.

Aunque la investigación aún no ha llegado a una conclusión definitiva, el Ministerio de Consumo advierte que, en caso de confirmarse las irregularidades, se podrían imponer multas de hasta 100.000 euros, además de exigir el reembolso de posibles beneficios ilícitos obtenidos. Esta acción se enmarca dentro de la política de protección al consumidor que lleva a cabo el gobierno, que recientemente ha sancionado a aerolíneas y operadores de comercio electrónico por prácticas abusivas.

Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia

La nueva ofensiva del Ministerio de Consumo contra las plataformas de alquiler turístico como Airbnb y Booking.com es una medida necesaria para garantizar la protección de los consumidores y verificar el cumplimiento de las normativas establecidas. La posibilidad de que un número significativo de viviendas estén operando sin licencia representa un grave riesgo para los intereses de quienes utilizan estos servicios, por lo que es crucial investigarlo a fondo.

A pesar de que la investigación aún está en curso, las posibles multas de hasta 100.000 euros y la exigencia de reembolso de beneficios ilícitos podrían ser un fuerte incentivo para que las plataformas respeten las normativas vigentes. La protección al consumidor es una prioridad para el gobierno y estas acciones demuestran su compromiso en garantizar un mercado justo y seguro para todos los ciudadanos. Esperamos que esta ofensiva tenga resultados positivos y contribuya a mejorar la transparencia y legalidad en el sector del alquiler turístico.

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