Telefónica ha iniciado una nueva etapa con la participación de un nuevo núcleo duro de accionistas españoles. Esta estrategia busca contrarrestar la entrada de Arabia Saudí como accionista mayoritario de la compañía, liderada por José María Álvarez-Pallete. Con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Criteria controlando cada uno el 10% de las acciones, se ha logrado equilibrar la participación de Saudi Telecom, STC, en la empresa.
La Fundación LaCaixa ha duplicado su presencia en Telefónica, elevando su participación al 9,99% y planeando convertirse en el principal accionista del grupo. Por su parte, CriteriaCaixa ha invertido más de 1.000 millones de euros en derivados de acciones para reforzar su posición en la empresa de telecomunicaciones. Este movimiento estratégico refleja el interés y compromiso de los accionistas españoles por proteger y fortalecer a Telefónica en un momento crucial para su desarrollo.
El Gobierno también ha cumplido su objetivo de alcanzar el 10% del capital de Telefónica, invirtiendo más de 2.000 millones de euros en un corto período de tiempo. Este regreso del Estado al accionariado de la compañía después de un cuarto de siglo de su privatización total demuestra la importancia estratégica que se le otorga a Telefónica en el contexto nacional y su papel fundamental en la defensa, seguridad y digitalización de la economía española. Con estos movimientos, se espera asegurar la estabilidad y el control de una de las principales empresas de telecomunicaciones en el país.
La nueva configuración accionarial de Telefónica, liderada por un núcleo duro de accionistas españoles, ha marcado el inicio de una etapa clave en la compañía. La entrada de la SEPI y Criteria como accionistas estratégicos, junto con el aumento de la participación de la Fundación LaCaixa y CriteriaCaixa, refleja un claro compromiso por proteger y fortalecer a la empresa en un momento de incertidumbre. Este movimiento busca contrarrestar la presencia de accionistas extranjeros, como Arabia Saudí, y asegurar la estabilidad de una de las principales empresas de telecomunicaciones en España.
El retorno del Gobierno al accionariado de Telefónica, tras 25 años de su privatización total, marca un hito importante en la historia de la compañía. Con una participación del 10% del capital y una inversión significativa, el Estado demuestra su compromiso con la defensa, seguridad y digitalización de la economía española a través de Telefónica. En este contexto, la unión de accionistas españoles y la presencia del Gobierno no solo son estratégicas para el futuro de la empresa, sino que también ponen de manifiesto la importancia de proteger y fortalecer un activo tan crucial para el país.
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