La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha supuesto un hito en la lucha por los derechos laborales de los riders de Glovo. La plataforma de reparto a domicilio ha sido condenada a pagar más de un millón de euros en cuotas de seguridad social impagadas, correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2015 y julio de 2018. Esta decisión judicial, fruto de la demanda presentada por Intersindical Valenciana en representación de 610 repartidores, pone de relieve la precariedad laboral a la que se enfrentan estos trabajadores.
La inspección de trabajo en Valencia fue la encargada de levantar el acta de liquidación de cuotas al Régimen General de la Seguridad Social a Glovo, tras determinar que la relación laboral entre la empresa y los repartidores era de naturaleza laboral y no mercantil. Este fallo se suma a las últimas decisiones judiciales que han cuestionado el modelo de falsos autónomos utilizado por diversas plataformas de reparto, instando a un cambio en la forma en que se contrata a los trabajadores del sector.
Los propios repartidores señalan que Glovo cuenta con un número considerablemente mayor de riders en la ciudad, lo que podría implicar un impacto económico más amplio de lo estimado hasta el momento. A pesar de las multas y sanciones impuestas, la plataforma se mantiene firme en su modelo de contratación, que según la demanda presentada, vulnera los derechos laborales de los trabajadores al imponer un «sistema de excelencia» basado en un algoritmo de valoración unilateral por parte de la empresa.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es un claro mensaje a las empresas que se aprovechan de la precariedad laboral de los trabajadores, como en el caso de Glovo y sus riders. La decisión judicial pone de manifiesto la necesidad de que las compañías cumplan con sus obligaciones laborales y contribuyan al sistema de la Seguridad Social, en beneficio de los empleados que desempeñan sus labores de forma subordinada e indefinida.
Es importante que las autoridades y los tribunales continúen velando por los derechos laborales de los trabajadores, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como los riders. La sentencia abre la puerta a un cambio en la forma en que se lleva a cabo la contratación en estas plataformas, evitando la precarización laboral y garantizando unas condiciones dignas para todos los trabajadores. Es fundamental que este tipo de fallos sienten un precedente y contribuyan a una mayor protección de los derechos laborales en el ámbito de la economía digital.
Completa el formulario o escríbenos a redaccion@eldiariodemalaga.es y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
