El Gobierno ha dado un paso importante en la regulación y supervisión de la actividad de compraventa y recobro de créditos financieros dudosos al aprobar el anteproyecto de ley de administradores y compradores de crédito. Esta medida tiene como objetivo principal facilitar a las entidades financieras la posibilidad de reducir sus riesgos al sacar de sus balances los préstamos de dudoso cobro, al tiempo que se busca proteger a los prestatarios de prácticas abusivas o usurarias en el proceso de recobro.
Una de las medidas más destacadas incluidas en este anteproyecto de ley es la limitación de los intereses de demora que se podrán cobrar en caso de impago por parte del consumidor. Además, se establece la obligación de que los prestamistas de créditos de consumo o hipotecarios cuenten siempre con una política de renegociación de deuda, antes de recurrir a acciones judiciales o exigir el pago.
Otro aspecto clave de esta nueva normativa es la creación del cargo de administrador de créditos, cuya actividad deberá ser autorizada por el Banco de España en el caso de que los titulares de los préstamos morosos sean personas físicas o pymes. Esto garantizará que las empresas de recobro cumplan con una política adecuada que proteja y trate justamente a los prestatarios. Además, se regulará la compraventa de créditos dudosos, asegurando el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladando al comprador las obligaciones de transparencia, protección e información.
El anteproyecto de ley de administradores y compradores de crédito que ha aprobado el Gobierno es una medida necesaria para regular y supervisar una actividad que ha generado numerosas críticas y denuncias por parte de los consumidores. La limitación de los intereses de demora, la obligación de renegociar deudas antes de tomar medidas drásticas y la creación del cargo de administrador de créditos son aspectos positivos que buscan proteger a los prestatarios frente a posibles abusos por parte de las entidades financieras y empresas de recobro.
Sin embargo, es fundamental que esta normativa se implemente de manera eficaz y se vigile su cumplimiento para garantizar que realmente se respeten los derechos de los consumidores. La transparencia, la protección y la información deben ser pilares fundamentales en la compraventa y recobro de créditos dudosos, y es responsabilidad de las autoridades velar por su cumplimiento. En definitiva, esta medida es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la justicia y equidad en las relaciones financieras entre entidades y consumidores.
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