El conflicto legal en torno a la subasta del edificio ubicado en el número 50 de María de Molina ha tomado un nuevo giro, con Whiteni solicitando ante la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del proceso. La socimi, que quedó en segundo lugar en la puja por el inmueble, alega que la subasta se llevó a cabo de manera injusta y en base a criterios erróneos que beneficiaron a otro licitador. La defensa de Whiteni, liderada por Next Abogados, argumenta que la orden ministerial de enajenación favoreció a un licitador que incumplió tanto formal como materialmente el pliego de la subasta.
Uno de los puntos clave en la disputa legal es la actuación de la secretaria de la mesa de subasta, quien supuestamente permitió condiciones más favorables para el licitador que finalmente resultó adjudicatario. Esta situación ha generado acusaciones de engaño y manipulación en el proceso, lo que podría haber dado lugar a un fraccionamiento del pago que no fue permitido a otros licitadores. Whiteni destaca la importancia de esclarecer estas irregularidades antes de que se formalicen las escrituras de compraventa del edificio a favor del Grupo Lar.
La socimi se encuentra en una carrera contrarreloj para impugnar la adjudicación del edificio antes de que se inicien las obras por parte del Grupo Lar y BlackRock. El tiempo apremia, ya que, de no suspenderse el proceso, las consecuencias podrían ser irreversibles. Whiteni está decidida a poner fin a lo que considera un proceso viciado que ha perjudicado sus intereses y los de otros licitadores. La Audiencia Nacional deberá evaluar cuidadosamente las pruebas presentadas por ambas partes antes de tomar una decisión que podría tener un impacto significativo en el sector inmobiliario.
El conflicto legal en torno a la subasta del edificio ubicado en el número 50 de María de Molina ha tomado un giro preocupante, con Whiteni solicitando la suspensión cautelar del proceso ante la Audiencia Nacional. Las acusaciones de injusticia y favoritismo en la subasta ponen en entredicho la transparencia y legalidad del procedimiento, lo que pone en riesgo la credibilidad del sistema de subastas públicas. La defensa de Whiteni, liderada por Next Abogados, señala irregularidades en la actuación de la secretaria de la mesa de subasta, lo que evidencia posibles prácticas fraudulentas que deben ser investigadas a fondo.
La urgencia de resolver este conflicto radica en las posibles consecuencias irreparables que podrían generarse si el proceso continúa sin una revisión exhaustiva. La actuación apresurada por parte del Grupo Lar y BlackRock en iniciar las obras del edificio podría complicar aún más la situación y causar un daño irreversible a todos los implicados en la subasta. Es fundamental que la Audiencia Nacional evalúe detenidamente las pruebas presentadas por ambas partes y tome una decisión imparcial que restablezca la confianza en el sistema de justicia y proteja los intereses de todos los licitadores involucrados.
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