La diputada del PSOE por la provincia de Málaga, Mari Nieves Ramírez, junto a la secretaria general de los socialistas en Estepona, Emma Molina, han alzado la voz para exigir a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Estepona la urgente construcción de viviendas de VPO ante lo que califican como un «enorme problema de acceso a la vivienda».
Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, Ramírez destacó que, según recientes estadísticas, solo un 25% de los jóvenes de 30 años en la actualidad poseen una vivienda en propiedad. Esta cifra contrasta drásticamente con más del 50% de hace una década, lo que demuestra el deterioro de la situación habitacional en el municipio. «Estamos ante una crisis que exige una respuesta contundente por parte de todas las administraciones involucradas,» afirmó.
En su intervención, Ramírez subrayó el incremento de fondos destinado a la vivienda que la Junta de Andalucía ha recibido en los últimos años, asegurando que «actualmente, están recibiendo más dinero que nunca», con más de 1000 millones de euros para el desarrollo de políticas de vivienda, en contraposición a los 285 millones que recibían bajo el gobierno del PP. Sin embargo, expresó su preocupación por la gestión de estos recursos, indicando que en 2024, más de 400 millones de euros quedaron sin ejecutar en este ámbito.
Por su parte, Emma Molina no se contuvo en criticar la gestión del alcalde de Estepona, José María García Urbano, a quien acusó de ignorar las propuestas socialistas destinadas a facilitar el acceso al alquiler para las familias del municipio. «Con un precio medio de 1.635 euros por alquiler y 3.332 euros por metro cuadrado, la situación es insostenible para muchos esteponeros,» afirmó Molina.
La secretaria general del PSOE de Estepona hizo un llamado al alcalde para que «dé un paso al frente» y actúe contra la especulación del suelo público. Según Molina, Estepona es la segunda ciudad de la provincia de Málaga con mayor número de viviendas plurifamiliares construidas, pero ninguna de ellas corresponde a vivienda pública. En total, se han materializado 1.051 de las 5.000 construcciones en toda la provincia, lo que pone de manifiesto la falta de respuestas efectivas ante una necesidad creciente.
Para los representantes socialistas, la voluntad de los gobernantes es clave en este contexto. «La competencia del planeamiento es del alcalde, y tiene el poder de decidir si se destina el suelo a la especulación o se aprovecha para crear un parque de viviendas públicas que beneficie a los vecinos,» concluyó Molina, exigiendo una acción responsable por parte del Ayuntamiento. La crisis de la vivienda en Estepona no solo es un tema financiero, sino también una cuestión de dignidad y calidad de vida para sus ciudadanos. Mientras tanto, las voces del PSOE continúan insistiendo en la necesidad de medidas concretas y efectivas para revertir esta alarmante situación.
La declaración de la diputada del PSOE por Málaga, Mari Nieves Ramírez, sobre la crisis de vivienda en Estepona pone de manifiesto una realidad preocupante que se ha normalizado en nuestra sociedad: la incapacidad de los gobernantes para ofrecer soluciones efectivas a un problema cada vez más acuciante. La alarmante cifra del 25% de jóvenes propietarios de vivienda refleja un deterioro no solo económico, sino también social. Este dato, que contrasta con el más del 50% de hace una década, nos obliga a cuestionar no solo la gestión de fondos referidos a la vivienda, sino también la priorización de políticas que no solo atiendan a las demandas del mercado, sino que busquen recuperar la dignidad de un acceso justo a un hogar. La falta de ejecución de más de 400 millones de euros destinados a vivienda es un ejemplo claro de la inacción administrativa y una llamada de atención urgente a quienes deberían estar lidiando con esta grave crisis.
Sin embargo, la crítica a la gestión del alcalde de Estepona, José María García Urbano, por parte de la secretaria general del PSOE local, Emma Molina, no solo es válida, sino necesaria. Es evidente que los responsables municipales tienen en su mano el poder de transformar el tejido urbano, y su falta de voluntad para destinar suelo público a la construcción de vivienda asequible evidencia una pasividad alarmante ante la especulación. Esto convierte a la crisis de vivienda en Estepona en un asunto de responsabilidad política, un equilibrio delicado entre el lucro privado y el bienestar común. Los ciudadanos no solo exigen, sino que merecen un compromiso claro y acciones concretas que garanticen un futuro en el que la posibilidad de acceder a un hogar no sea un privilegio sino un derecho. Así, una gestión responsable y proactiva podría no solo aliviar la carga financiera sobre las familias, sino también contribuir al fortalecimiento de comunidades más justas y cohesionadas.
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