La exigencia unánime de la Diputación de Málaga al Gobierno central para la ejecución de la desaladora de la Axarquía es una muestra clara del compromiso de todas las fuerzas políticas por garantizar un suministro de agua adecuado para la región. Este proyecto, declarado de interés general del Estado, ha encontrado obstáculos en el camino, principalmente por la falta de acción por parte del Gobierno para llevarlo a cabo.
El protocolo firmado en julio de 2023 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural supuso un avance en la planificación de la desaladora, con la colaboración de la Junta de Andalucía para agilizar las obras. Sin embargo, la respuesta parlamentaria del Gobierno en abril de 2024 reveló que la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto recae en la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dejando en evidencia la falta de avances por parte del ejecutivo central.
El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, ha destacado la importancia vital de la desaladora para satisfacer las necesidades hídricas de la comarca de la Axarquía y de toda la provincia de Málaga. Esta infraestructura, anunciada por el Gobierno en mayo de 2023, se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo sostenible de la región, y su paralización representa un obstáculo en el camino hacia la garantía de un suministro de agua seguro y estable.
La modificación presupuestaria aprobada por la Diputación para invertir 53,5 millones de euros en nuevas inversiones y proyectos en marcha demuestra el compromiso continuo de las instituciones locales por impulsar el desarrollo y el bienestar de la provincia. Es necesario que el Gobierno central asuma su responsabilidad y priorice la construcción de la desaladora de la Axarquía para asegurar un futuro sostenible y próspero para todos los habitantes de la región.
La exigencia unánime de la Diputación de Málaga al Gobierno central para la ejecución de la desaladora de la Axarquía refleja el compromiso de todas las fuerzas políticas por garantizar un suministro de agua adecuado para la región. A pesar de la firma del protocolo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en 2023, los obstáculos en la ejecución de este proyecto de interés general demuestran la falta de acción por parte del Gobierno para avanzar en su realización.
La importancia de la desaladora para satisfacer las necesidades hídricas de la Axarquía y de toda la provincia de Málaga es innegable, y su paralización pone en riesgo el desarrollo sostenible de la región. La modificación presupuestaria realizada por la Diputación para invertir en proyectos como este demuestra el compromiso de las instituciones locales por el bienestar de sus ciudadanos, pero es necesario que el Gobierno central tome cartas en el asunto y priorice la construcción de la desaladora para garantizar un suministro de agua seguro y estable a largo plazo.
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