En un sorpresivo giro de los acontecimientos, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha decidido dar marcha atrás en su decisión de permitir que los periodos de prácticas y formación investigadora se contabilicen como años cotizados para la jubilación. Esta medida, que había generado rechazo por parte de organizaciones sindicales y colectivos de investigadores, ahora ha sido modificada para reducir significativamente el costo que implicaría cotizar de forma retroactiva por estos periodos en blanco.
Esta nueva propuesta, presentada en la Mesa de Diálogo Social, contempla la posibilidad de rescatar las lagunas de cotización teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que correspondía en aquel momento, en lugar del actual de 2024. Esto ha llevado a una reducción drástica en el costo de recuperar esos periodos, pasando de los 288,3 euros estipulados inicialmente a una cifra que oscila entre los 40 y 140 euros, dependiendo de la antigüedad de la laguna de cotización.
Esta medida representa un alivio para aquellos investigadores cuyas lagunas de cotización se remontan a prácticas realizadas desde finales de los años 80 hasta el 2006, ya que les permitirá regularizar su situación con un costo mucho más accesible. Sin embargo, los representantes sindicales aún no han dado su aprobación definitiva a la propuesta del Gobierno, lo que sugiere que aún quedan aspectos por negociar y afinar en esta cuestión tan delicada para los trabajadores del sector de la investigación.
El cambio de postura del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en relación con la cotización de periodos de prácticas y formación investigadora para la jubilación ha generado un debate intenso entre los diferentes actores implicados. Si bien la reducción en el costo de regularizar estas lagunas de cotización es una buena noticia para los afectados, surgen dudas sobre la viabilidad y la equidad de esta propuesta. La decisión de utilizar el salario mínimo interprofesional de la época correspondiente en lugar del actual puede llevar a situaciones no justas para aquellos cuyas prácticas se realizaron en periodos de menor remuneración.
Es necesario seguir analizando los detalles de esta propuesta y garantizar que se protejan los derechos y condiciones laborales de los trabajadores del sector de la investigación. La falta de consenso por parte de los sindicatos refleja la complejidad de este tema y la necesidad de encontrar un equilibrio que beneficie a todos los implicados. Esperemos que en las próximas negociaciones se puedan abordar estas cuestiones pendientes y se logre una solución que sea justa y equitativa para todos.
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