La plataforma Bosque Urbano Málaga ha tomado una postura firme en defensa del medio ambiente y la salud de los ciudadanos al presentar una demanda contra el proyecto de descontaminación para la ‘zona norte’ de los antiguos terrenos de Repsol. Esta acción legal busca garantizar que se cumplan los procedimientos adecuados y se tomen en consideración todas las alegaciones presentadas por la comunidad.
Uno de los puntos clave de la demanda es la falta de evaluación del impacto sobre la salud que podrían tener los trabajos de descontaminación. Al no contar con informes que aborden este aspecto crucial, Bosque Urbano Málaga señala la necesidad de que la Consejería de Salud realice un análisis detallado para asegurar la seguridad y bienestar de los habitantes de la zona.
Además, la plataforma ciudadana cuestiona la simultaneidad de los trabajos de descontaminación y urbanización de la parcela, argumentando que es fundamental priorizar la limpieza del terreno antes de proceder con cualquier otra actividad. Asimismo, la exclusión de las partes central y sur de los terrenos de los trabajos de descontaminación también ha generado preocupación, ya que se considera fundamental abordar la contaminación en su totalidad para lograr un entorno seguro y saludable.
La postura de la plataforma Bosque Urbano Málaga es sin duda loable, al defender con firmeza el medio ambiente y la salud de los ciudadanos ante un proyecto de descontaminación que podrían tener consecuencias negativas no solo en la zona norte de los antiguos terrenos de Repsol, sino en toda la comunidad. Es imprescindible garantizar que se cumplan todos los procedimientos adecuados y que se tomen en consideración todas las alegaciones presentadas, especialmente en lo concerniente a la evaluación del impacto sobre la salud de los trabajos de descontaminación.
La falta de transparencia y la ausencia de informes detallados sobre el impacto en la salud y la seguridad de los habitantes son motivos de preocupación legítima por parte de Bosque Urbano Málaga. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con responsabilidad y tomen en consideración las demandas de la comunidad para asegurar un entorno seguro y saludable para todos. Es necesario que se priorice la salud de los ciudadanos y se realice una descontaminación integral de todos los terrenos afectados, sin exclusiones que puedan poner en riesgo la salud de la población.
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