El PSOE-A ha dado un paso al frente en su lucha contra las presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud, al solicitar la comparecencia en el Parlamento andaluz de la interventora general de la Junta de Andalucía. Esta petición se fundamenta en los reparos encontrados por la intervención en la fiscalización de los contratos del SAS, los cuales han levantado sospechas sobre el proceder del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Desde el grupo socialista, se ha hecho hincapié en que estas denuncias no son nuevas, ya que llevan más de un año alertando sobre posibles irregularidades en las contrataciones de la Consejería de Salud y Consumo. El reciente trámite de una denuncia por parte de la Fiscalía contra el Gobierno de Moreno por la adjudicación de contratos de emergencia por un valor de 243 millones de euros ha avivado aún más la polémica.
Según informes revelados por El País, el 92,13% de los contratos menores realizados por el SAS en 2021 presentan irregularidades e incumplimientos, lo que representa un impacto económico de 1.223 millones de euros en las ocho provincias andaluzas. Esta situación ha generado un escándalo sin precedentes, desencadenando una serie de informes desfavorables que cuestionan la legalidad de las contrataciones del SAS y ponen en entredicho la transparencia en los procesos de contratación.
El PSOE-A ha tomado la iniciativa al solicitar la comparecencia de la interventora general de la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz, dando un paso al frente en la lucha contra las presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud. Las denuncias de posibles irregularidades en las contrataciones de la Consejería de Salud y Consumo no son recientes, y se han visto reforzadas por la reciente denuncia de la Fiscalía por la adjudicación de contratos de emergencia por un valor de 243 millones de euros, avivando aún más la polémica. La gravedad de la situación se ve reflejada en los informes que muestran un alto porcentaje de contratos con irregularidades e incumplimientos, lo que pone en entredicho la transparencia en los procesos de contratación del SAS.
El escándalo generado por estas presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud es de tal magnitud que requiere una pronta y exhaustiva investigación. La transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es necesario que se esclarezcan todos los casos de posible corrupción o favoritismo en las contrataciones del SAS, y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro. La petición de comparecencia de la interventora general de la Junta de Andalucía es un primer paso en la dirección correcta, pero es imprescindible que se lleve a cabo una investigación a fondo para depurar responsabilidades y restablecer la confianza en el sistema de contratación pública en Andalucía.
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