El sector turístico ha recibido con sentimientos encontrados el Real Decreto anunciado por el Ministerio de Vivienda, que busca regular el alquiler de viviendas en modalidades temporales, turísticas o por habitaciones a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking, Idealista o Fotocasa. Aunque se considera un paso adelante en la regulación de este mercado, muchos expertos coinciden en que no resuelve completamente el problema existente.
Según el vicepresidente del lobi Exceltur, José Luis Zoreda, este decreto es simplemente la transposición adelantada de un acuerdo de la Unión Europea y no aborda todas las problemáticas asociadas con el alquiler turístico. Aunque se destaca que el Gobierno español haya adelantado la creación del registro al 2 de enero de 2025, en comparación con la recomendación de la UE de implementarlo en 2026, existen dudas sobre la efectividad de este mecanismo de control.
Una de las principales preocupaciones radica en que los registradores no tienen la obligación de verificar la información proporcionada por los propietarios en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales. Esto plantea la posibilidad de que las viviendas se comercialicen sin cumplir con todas las normativas vigentes, lo que dificultaría la detección de posibles irregularidades. Además, las plataformas digitales tampoco están obligadas a verificar la veracidad de los números de registro, lo que genera un panorama de opacidad en la gestión de los intermediarios.
El sector turístico ve con ambivalencia el Real Decreto que busca regular el alquiler de viviendas a través de plataformas digitales, ya que si bien se reconoce como un avance en la regulación, aún existen lagunas que generan preocupación entre los expertos. La falta de obligatoriedad para los registradores de verificar la veracidad de la información proporcionada por los propietarios puede desencadenar la comercialización de viviendas que no cumplen con los requisitos legales, lo que pone en riesgo la detección de posibles irregularidades.
Por otro lado, la ausencia de un control por parte de las plataformas digitales sobre la veracidad de los números de registro también contribuye a la opacidad en la gestión de los intermediarios, complicando la supervisión del cumplimiento de las normativas. En definitiva, aunque este Real Decreto represente un paso importante hacia la regulación del alquiler turístico, es necesario abordar estas cuestiones pendientes para garantizar que se cumplan los objetivos de control y transparencia en este mercado.
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