Málaga, 15 de octubre de 2026. Las luces de la plaza de la Marina, que habitualmente proyectan un aire de tranquilidad sobre el puerto de Málaga, parecen hoje arrojar una sombra de incertidumbre sobre el panorama tecnológico europeo. Un informe reciente, filtrado a través del consorcio mediático «Follow The Money» y sus aliados, pone de manifiesto la profunda y millonaria penetración de la polémica empresa estadounidense Palantir en las entrañas de la seguridad y la administración pública de once países del Viejo Continente. Hablamos de contratos públicos, financiados con el dinero de todos, que vinculan a ejércitos, fuerzas policiales y servicios de inteligencia con una tecnología diseñada para analizar y cruzar volúmenes ingentes de datos.
Las declaraciones de Alex Karp, el carismático y a menudo polémico CEO de Palantir, no han hecho más que avivar el debate. En agosto pasado, Karp describió el desempeño de la compañía en Europa como «una mierda», para acto seguido defender un trimestre «extraordinario». Su retórica, sin filtros, pintó un cuadro sombrío de un continente que, según él, sería mucho más vulnerable sin su tecnología. Palabras como «terrorismo desatado» y un «problema migratorio diez veces mayor» salpicaron su intervención ante los accionistas, sugiriendo que la compañía presta apoyo, incluso a «instituciones clandestinas». Estas afirmaciones, lejos de calmar las aguas, han reavivado las preocupaciones sobre la naturaleza de los contratos y la influencia de Palantir en decisiones críticas de seguridad nacional y social en Europa.
Ante las revelaciones, Palantir ha optado por una estrategia de comunicación que esquiva las preguntas directas, ofreciendo un comunicado que, si bien ambicioso, no disipa todas las dudas. Un portavoz de la empresa insiste en la necesidad de un «debate serio sobre cómo salvaguarda Europa su soberanía tecnológica». Para Palantir, la verdadera medida de esta soberanía reside en quién «controla los datos, las decisiones y la misión», más allá de la nacionalidad del proveedor de software. La compañía recalca que el control final sobre la información y su uso recae en sus clientes, las propias instituciones gubernamentales y democráticas europeas.
La defensa de Palantir se apoya en una lista de logros y contribuciones que buscan pintar un cuadro de responsabilidad social y eficiencia. Desde 2011, la empresa asegura haber colaborado con gobiernos e instituciones para mejorar la capacidad hospitalaria, acelerar el diagnóstico del cáncer, facilitar el reasentamiento seguro de refugiados, combatir el crimen organizado, proteger a víctimas de violencia doméstica y optimizar la respuesta ante emergencias como inundaciones. Además, la compañía destaca su inversión en el continente, con más del 20% de su personal trabajando desde centros europeos, y su papel en ayudar a empresas del sector aeroespacial, manufacturero y de ciencias de la vida a competir globalmente. En el ámbito de la seguridad nacional, Palantir afirma ser un aliado indispensable para los gobiernos europeos, extendiendo su apoyo hasta Ucrania. No obstante, el fantasma de acusaciones previas sobre implicaciones en violaciones de derechos humanos sigue latente, a pesar de las negativas categóricas de la empresa. El debate sobre la transparencia, el control y la verdadera independencia tecnológica en Europa parece, pues, estar solo en sus albores.
La reciente intervención de Alex Karp, consejero delegado de Palantir, sobre el «crecimiento de mierda» en Europa, lejos de ser una simple bravuconada, desnuda una incómoda realidad sobre la soberanía tecnológica y la dependencia de nuestras instituciones. Sus declaraciones, cargadas de una ambición que roza la arrogancia, ponen de manifiesto el delicado equilibrio que mantenemos al externalizar capacidades críticas de seguridad y gestión de datos a empresas foráneas, incluso a costa de supuestas «instituciones clandestinas». Lo verdaderamente alarmante no es solo la dependencia, sino la visión de Karp, que parece considerar a Europa como un mero mercado a explotar, despreciando la necesidad de un debate público profundo sobre quién controla realmente la información que define nuestra seguridad y nuestro futuro. La soberanía tecnológica no debe medirse solo por la nacionalidad del proveedor, como sugiere Palantir, sino fundamentalmente por el control democrático y la transparencia en el uso de tecnologías tan potentes.
Por otro lado, la respuesta de Palantir, más allá de su retórica sobre la soberanía tecnológica, oculta una estrategia de dilución de responsabilidades. Al afirmar que el control sobre los datos y su uso recae en el cliente, la empresa se desliga de cualquier implicación ética o legal, amparándose en contratos millonarios financiados con dinero público. Si bien es cierto que la compañía enumera logros significativos en áreas como la sanidad o la lucha contra el crimen, esta lista de bondades no puede eclipsar la opacidad inherente a su modelo de negocio y las preguntas sin respuesta sobre su verdadera influencia en el ámbito de la seguridad nacional europea. Es imperativo que los gobiernos europeos exijan una auditoría rigurosa y transparente de los contratos con Palantir, asegurando que la inversión pública se traduce en un beneficio neto para los ciudadanos, y no en una cesión encubierta de control estratégico. La protección de nuestras democracias y la garantía de nuestros derechos fundamentales no pueden quedar a merced de algoritmos y de la discrecionalidad de corporaciones extranjeras.
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