El Parlamento andaluz se ha convertido en un hervidero político a medida que se acerca la fecha clave de las elecciones de junio de 2026. La sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado dominada por un tema recurrente y sensible para la ciudadanía: la sanidad pública. La oposición, liderada por el PSOE, ha arremetido contra la gestión del gobierno actual, denunciando un supuesto auge de la privatización encubierta y señalando las largas listas de espera que afectan a miles de andaluces. Sin embargo, Moreno ha respondido con contundencia, utilizando la hemeroteca como arma arrojadiza para recordar la gestión de la sanidad durante el mandato de la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, cuando era consejera de Sanidad.
Moreno ha sacado a relucir la inversión de 500 millones de euros en conciertos con la sanidad privada durante la etapa de Montero, argumentando que fue el periodo en el que más se recurrió a esta fórmula. El presidente ha insistido en que, lejos de ser una novedad, la concertación es una práctica que ha existido en la sanidad andaluza y que, en su opinión, no resta carácter público al sistema. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha reforzado este argumento, señalando que la inversión actual en la sanidad privada representa un 3,7% del presupuesto, una cifra inferior a la de etapas anteriores.
La polémica se ha intensificado aún más con la citación judicial de los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), imputados en un caso relacionado con las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia. Este hecho ha sido aprovechado por la oposición para cuestionar la transparencia y la legalidad de la gestión sanitaria del gobierno andaluz. Sin embargo, Moreno ha defendido la actuación de sus equipos, asegurando que se actuó conforme a la ley y que la comparecencia ante la justicia permitirá aclarar cualquier duda.
El debate sobre la sanidad andaluza se ha convertido en un reflejo de la polarización política que vive la comunidad autónoma a las puertas de las elecciones. La oposición denuncia una privatización encubierta y un deterioro del servicio público, mientras que el gobierno defiende su gestión y acusa a los socialistas de hipocresía. Lo cierto es que, más allá de las estrategias políticas, la sanidad sigue siendo una preocupación central para los andaluces, que exigen soluciones reales y transparentes para garantizar el acceso a una atención médica de calidad. El desenlace de esta batalla política se verá en las urnas, donde los ciudadanos tendrán la última palabra.
La recurrente instrumentalización de la sanidad andaluza como arma arrojadiza preelectoral revela una triste realidad: el bienestar de los ciudadanos se diluye en la vorágine partidista. Es decepcionante observar cómo la discusión se centra en quién lo hizo peor en el pasado, en lugar de proponer soluciones concretas y transparentes para el presente y futuro. El debate se empobrece al convertirse en un cruce de acusaciones, dejando de lado el análisis riguroso de las necesidades reales de la población y la búsqueda de un modelo sanitario sostenible y de calidad. La ciudadanía, ávida de respuestas y mejoras tangibles, asiste impotente a un espectáculo que socava la confianza en la clase política y en la capacidad del sistema para atender sus necesidades.
La judicialización de la gestión sanitaria, con la citación de exgerentes del SAS, añade una capa de incertidumbre y desconfianza que erosiona aún más la credibilidad de la administración. Si bien es imprescindible que la justicia investigue cualquier posible irregularidad, resulta preocupante que estos casos se conviertan en munición política, eclipsando el debate de fondo sobre cómo fortalecer la sanidad pública. La transparencia, la rendición de cuentas y la inversión en recursos humanos y materiales son fundamentales para recuperar la confianza de los andaluces en su sistema sanitario. En lugar de perpetuar la confrontación, los partidos políticos deberían apostar por un pacto por la sanidad, que priorice el interés general y garantice el acceso a una atención médica digna para todos.
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