La Feria de Las Lagunas, celebrada la semana pasada, ha desatado una tormenta política en Mijas. El portavoz del grupo municipal socialista, Roy Pérez, ha levantado la voz contra la actuación del cantante José Manuel Soto, acusando al equipo de gobierno del PP y Vox de permitir su participación «sin contrato firmado». La controversia no solo se centra en la supuesta irregularidad administrativa, sino también en el historial del artista, conocido por sus polémicas declaraciones y vínculos con investigaciones por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Pérez ha sido contundente al declarar que la alcaldesa, Ana Mata, «lejos de la pulcritud administrativa», estaría dispuesta a pagar alrededor de 15.000 euros por un artista cuyo contrato, según el PSOE, no existe. La formación socialista ha recordado que Soto, más allá de su éxito «Por Ella», ha sido protagonista de titulares por sus controvertidas opiniones, incluyendo el incidente en redes sociales donde insultó a votantes socialistas.
La denuncia del PSOE pone el foco en la indignación de algunos vecinos de Mijas, que ven cómo sus impuestos «van a manos de un hombre que les ha insultado», todo ello, según Pérez, con el beneplácito del PP y Vox. La sombra de la duda se extiende sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos y el criterio seguido para la contratación de artistas en eventos municipales.
Además de las declaraciones ofensivas, el PSOE ha recordado que José Manuel Soto ha sido investigado por la Oficina Andaluza Antifraude por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y contratos por parte de la Junta de Andalucía. Estas acusaciones, sumadas a otras polémicas vinculadas a instituciones gobernadas por el PP, alimentan las sospechas sobre un posible «trato de favor» hacia el artista.
Ante la creciente polémica, el grupo municipal socialista ha exigido una explicación detallada sobre cómo se cerró la actuación de José Manuel Soto en la Feria de Las Lagunas. La oposición busca esclarecer si se siguieron los procedimientos legales adecuados y si se priorizó el interés público en la contratación de un artista con un historial tan controvertido. La transparencia en la gestión de los recursos públicos se ha convertido en el centro del debate político en Mijas.
El caso de José Manuel Soto en la Feria de Las Lagunas trasciende la mera anécdota de una actuación sin contrato. Más allá de la posible irregularidad administrativa, que deberá ser investigada a fondo, se revela una preocupante falta de sensibilidad política y ética. ¿Cómo es posible que, en un contexto de creciente exigencia de transparencia y buen gobierno, se permita la contratación de un artista conocido por sus exabruptos y sus vínculos con investigaciones por presunta corrupción? La respuesta, lamentablemente, apunta a una persistente cultura de favoritismo y opacidad que mina la confianza ciudadana en las instituciones.
La defensa del «interés público» como justificación para este tipo de decisiones resulta, en el mejor de los casos, ingenua. Es evidente que la contratación de Soto, más allá de su valía artística, genera división y alimenta la sospecha de un «trato de favor» basado en afinidades ideológicas. En un momento en que la polarización política alcanza cotas preocupantes, las administraciones locales deberían priorizar la cohesión social y el respeto a la pluralidad. Permitir que figuras controvertidas utilicen fondos públicos para amplificar sus mensajes de odio es, sencillamente, irresponsable y contraproducente. La transparencia y la ejemplaridad deben ser los pilares de la gestión pública, no meros eslóganes vacíos.
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