Ronda se prepara para la construcción de 38 viviendas de alquiler asequible gracias a una inversión del Gobierno de España que ya supera el millón de euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Vivienda, ha destinado 800.000 euros a la adquisición de la parcela, antiguamente propiedad del Ministerio de Defensa, y otros 300.000 euros a la licitación del proyecto constructivo. Este anuncio, recibido con optimismo por muchos rondeños, ha desatado una tormenta política entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de la ciudad.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante su visita a Ronda este miércoles, enfatizó el compromiso del Gobierno de España con el acceso a la vivienda, destacando que la financiación del proyecto es íntegramente estatal. Sin embargo, la cordialidad institucional se vio empañada por las críticas de Salas a la alcaldesa de Ronda, acusándola de "uso partidista" de la iniciativa. Según el subdelegado, la única contribución del Ayuntamiento ha sido "colaborar para elevar la edificabilidad de la parcela del SEPES", una acción que, si bien agradeció, considera insuficiente para atribuirse la autoría del proyecto.
La polémica reside en la apropiación política de la inversión. Mientras el Gobierno central reclama la exclusividad del proyecto, el Ayuntamiento, presumiblemente, intenta capitalizar la construcción de las viviendas como un logro propio. Este tipo de rifirrafes, aunque comunes en la política local, suelen dejar en segundo plano lo verdaderamente importante: el beneficio que estas viviendas traerán a las familias rondeñas que buscan un hogar asequible.
Al margen de la controversia urbanística, Javier Salas también aprovechó su visita a Ronda para clausurar el IX congreso provincial de UPA Málaga, junto al secretario general, Francisco Moscoso. Durante el acto, Salas reconoció la labor de la organización agraria en la defensa de los pequeños agricultores y ganaderos, destacando la estrecha colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y UPA para proteger los intereses del sector en la provincia. Tras la aprobación del informe de gestión de la ejecutiva saliente, el subdelegado felicitó a la nueva dirección de UPA Málaga, ofreciendo la colaboración del Gobierno central para afrontar los retos del campo malagueño.
Es lamentable observar cómo una inversión tan necesaria como la construcción de 38 viviendas asequibles en Ronda se convierte en un campo de batalla político. Si bien es cierto que la financiación **íntegramente estatal** es un dato relevante y digno de reconocimiento, la actitud de confrontación entre administraciones solo sirve para empañar el potencial impacto positivo en la vida de las familias rondeñas. La ciudadanía, cada vez más hastiada de estas pugnas partidistas, exige soluciones reales a sus problemas, y no la constante búsqueda de réditos políticos a costa de necesidades básicas como el acceso a la vivienda. Quizás, en lugar de enzarzarse en disputas sobre la autoría del proyecto, ambas partes deberían centrarse en agilizar los trámites y garantizar que estas viviendas estén disponibles lo antes posible para quienes realmente las necesitan.
Más allá de la justa reivindicación del Gobierno central sobre su inversión, la actitud del subdelegado, al **denunciar el supuesto «uso partidista» del Ayuntamiento**, revela una estrategia comunicativa que, lejos de buscar la colaboración, parece avivar aún más la llama de la discordia. Sería mucho más constructivo reconocer el papel del Ayuntamiento, por mínimo que sea, en la facilitación del proyecto, y establecer un diálogo abierto y transparente que permita avanzar en la solución del problema de la vivienda en Ronda. La colaboración institucional, aunque utópica en ocasiones, sigue siendo el camino más eficaz para lograr resultados tangibles y evitar que este tipo de iniciativas se conviertan en meros titulares vacíos de contenido real.
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