Las asociaciones de vecinos integradas en la Federación de Vecinos Arunda se reunieron este miércoles en Ronda para evaluar la grave situación que enfrentan los habitantes de la ciudad y la comarca de la Serranía, tras el reciente corte total de la carretera A-397, que conecta Ronda con San Pedro de Alcántara. La reunión, que sirvió como espacio de reflexión y propuestas, puso de manifiesto la urgencia de abordar las deficiencias de las infraestructuras viarias en la región.
Los representantes vecinales subrayaron que esta interrupción no solo ha dejado a muchos ciudadanos incomunicados, sino que también ha alterado considerablemente la rutina laboral de miles de vecinos que dependen del acceso a la Costa del Sol. “El tráfico que solía fluir con normalidad se ha convertido en un desafío monumental, obligando a los trabajadores a recurrir a rutas alternativas que incrementan su tiempo de traslado de manera alarmante”, afirmó uno de los portavoces de la federación, quien añadió que algunos usuarios pueden enfrentar trayectos que duplican y hasta triplican el tiempo habitual de viaje.
Ante la alarmante situación, los representantes de Arunda señalaron que el tráfico se ha desviado hacia carreteras como la A-367 y la A-369, que no están diseñadas para soportar un volumen tan elevado de circulación. Esta situación ha generado una mayor peligrosidad y un aumento del riesgo de accidentes en estas vías, que ya presentan un estado deficiente.
La Federación de Vecinos Arunda hizo un llamado expreso a la unidad política y social en la Serranía de Ronda para que se reclame a la Junta de Andalucía una respuesta rápida y efectiva. Entre las principales solicitudes destaca la necesidad de que se inicien urgentemente las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera Ronda-San Pedro, así como la habilitación de la residencia de Tiempo Libre de Marbella, que podría aliviar los desplazamientos penosos y peligrosos de muchos trabajadores que ahora se ven obligados a transitar por carreteras montañosas y secundarias.
Además, se propuso la liberación del peaje de la autopista AP-7 para los residentes de Ronda y la Serranía, con el fin de reducir los costos que implica el uso de esta vía alternativa hacia Gaucín y Casares. Esta medida sería un primer paso hacia la mitigación de los efectos económicos que están sufriendo los trabajadores de la zona debido a las dificultades de desplazamiento.
El encuentro concluyó con un fuerte sentido de comunidad y la determinación de los vecinos de seguir luchando por sus derechos. “No podemos permitir que la falta de infraestructura adecuada continúe poniendo en riesgo nuestra calidad de vida y nuestras oportunidades laborales”, concluyó uno de los asistentes, quien instó a los vecinos a permanecer alertas y activamente involucrados en la reivindicación de soluciones que garanticen un futuro más conectado y accesible para todos en Ronda y su comarca.
La situación que atraviesan los vecinos de Ronda y la comarca de la Serranía pone de manifiesto un problema que va más allá de la simple interrupción del tráfico; es un reflejo de la negligencia histórica en el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras clave. El corte de la A-397 no debería ser solo un inconveniente temporal, sino una llamada de atención para las autoridades. La falta de previsión y la incapacidad para abordar las deficiencias en las carreteras han convertido a centenares de ciudadanos en rehenes de una estructura vial obsoleta y sobrecargada. Es alarmante que las rutas alternativas, como la A-367 y la A-369, se estén viendo saturadas, exponiendo a los conductores a situaciones de peligro y elevando el riesgo de accidentes. Este contexto requiere no solo respuestas rápidas, sino una reconsideración profunda de las políticas de movilidad y desarrollo regional.
La Federación de Vecinos Arunda ha hecho un llamado relevante a la unidad política y social, ya que es indispensable que la población exija no solo una solución inmediata, sino un compromiso sostenido hacia la mejora de la infraestructura. Las propuestas, desde el acondicionamiento de la carretera Ronda-San Pedro hasta la liberación del peaje en la autopista AP-7, son pasos en la dirección correcta, pero deben ir acompañadas de un plan estratégico a largo plazo. La resiliencia de la comunidad se demuestra en la determinación de sus miembros por hacer valer sus derechos, pero también es necesario que las autoridades entiendan que invertir en infraestructura es invertir en el bienestar y futuro de sus ciudadanos. La calidad de vida de millones no puede estar supeditada a decisiones cortoplacistas y falta de acción; es hora de actuar con visión y responsabilidad.
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