En medio de un panorama digital cada vez más complejo, el cibercrimen ha alcanzado cifras alarmantes. En 2024, se estima que una de cada cinco infracciones cometidas en el mundo tiene su origen en ataques cibernéticos. Este aumento exponencial ha colocado a la delincuencia digital como una de las economías más lucrativas, superando incluso a sectores establecidos. La Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil advierte que la proyección para el próximo año es aún más sombría, con un esperado incremento de las denuncias en un 20% respecto a 2024.
Desde el inicio de este año, España se ha convertido en el quinto país más afectado por ataques cibernéticos, experimentando un dramático incremento en el número y la sofisticación de los mismos. Con 58 eventos de ransomware reportados en solo los primeros seis meses, un aumento del 38% respecto al año anterior, los ciberdelincuentes han localizado tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones, desde comercios locales hasta multinacionales. Este fenómeno no solo afecta a entidades privadas; instituciones públicas como hospitales también han sido blanco de estos ataques, exponiendo vulnerabilidades críticas en la infraestructura digital del país.
Las técnicas de ingeniería social, que manipulan a los individuos para obtener información confidencial, continúan siendo el principal vector de ataque. Expertos en ciberseguridad han señalado que el phishing permanece como el método más utilizado. Este tipo de fraude se basa en la creación de correos electrónicos falsos que simulan ser instituciones legítimas, logrando que las víctimas revelen sus contraseñas o, en ocasiones, incluso dinero. La persuasión y la manipulación son herramientas clave en el arsenal de los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar la confianza de los usuarios.
La situación se complica aún más con la creciente dependencia de las empresas en el entorno digital. “Los empleados utilizan a menudo credenciales compartidas entre sus dispositivos personales y corporativos, lo que les convierte en blancos ideales para ataques avanzados que pueden culminar en un robo masivo de datos”, afirma Marc Rivero, investigador principal en Kaspersky. Esto significa que un solo error en la gestión de contraseñas puede llevar a consecuencias desastrosas para la seguridad de una organización.
Un aspecto inquietante que ha surgido en 2024 es el aumento desproporcionado en los pagos de rescates por parte de empresas que buscan recuperar el control de sus sistemas. Este año se registró el mayor pago jamás hecho a ciberdelincuentes, alcanzando los 72 millones de euros, casi el doble del récord anterior. A pesar de la creciente condena de los expertos hacia el pago de rescates, la presión y el miedo a la pérdida de datos y reputación empujan a muchas compañías a ceder ante las exigencias. “La realidad es que un alto porcentaje de las víctimas optan por pagar, a pesar de las advertencias sobre la inseguridad de este camino”, añade Ángela García, técnica del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
El desafío de combatir el cibercrimen sigue creciendo, y aunque las autoridades intentan implementar medidas de seguridad, la naturaleza siempre cambiante de las tácticas utilizadas por los atacantes plantea un problema complejo. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuándo dejarán de ser vulnerables nuestras redes y nuestros datos? Estar preparado y educado sobre los riesgos digitales parece ser la única defensa genuina en esta guerra continua contra el cibercrimen.
El cibercrimen en 2024 no es solo un asunto técnicamente complejo, sino una crisis profundamente social y económica que refleja importantes fallas en nuestras estructuras de seguridad digital. La noticia revela que España se ha situado como el quinto país más golpeado por ataques cibernéticos, lo que debería provocar un llamado de atención inmediato entre las instituciones y el sector privado. Sin embargo, a pesar de la creciente ola de ataques de ransomware y el aumento en los pagos de rescates, la respuesta sigue siendo insuficiente. Mientras las empresas eligen ceder ante la presión y pagar sumas astronómicas, como los 72 millones de euros en rescate este año, el mensaje es claro: las víctimas se ven atrapadas en una espiral de vulnerabilidad que incentiva a los ciberdelincuentes a seguir operando con impunidad. Este enfoque reactivo y no preventivo sugiere que, más que una crisis tecnológica, nos encontramos ante un fracaso colectivo para enfrentar esta nueva forma de delincuencia que amenaza no solo a las empresas, sino a la esencia misma de nuestra sociedad digital.
Por otro lado, debemos cuestionar la educación y la capacitación en ciberseguridad que reciben tanto los empleados como los líderes de las organizaciones. La creciente dependencia de herramientas digitales, sumada a prácticas de manejo de información inadecuadas como el uso de credenciales compartidas, constituye un terreno fértil para el cibercrimen. Es imperativo que se fomente una cultura de concienciación y formación continua en ciberseguridad, donde cada miembro de una organización asuma un rol activo en la protección de datos sensibles. Las acciones de sensibilización y los programas de formación pueden ser la clave para activar mecanismos de defensa que no solo protejan a las corporaciones, sino que fortalezcan la resiliencia de toda la sociedad contra este fenómeno global. Abordar el cibercrimen con una visión holística e inclusiva es el desafío que tenemos por delante; solo así podremos aspirar a un futuro digital más seguro y sustentable.
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