Málaga amanece hoy con la sombra de la negligencia planeando sobre una residencia de ancianos en El Palo. La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador contra el geriátrico privado, tras una denuncia que revela una noche de desamparo para varios de sus residentes. La avería de un ascensor, ocurrida el pasado 27 de septiembre, desencadenó una situación que ha sido calificada como una posible «vulneración de la dignidad» y un «riesgo para la integridad» de los ancianos.
Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional por un gerocultor del centro, 11 de los 22 residentes se vieron obligados a pasar horas en el salón, improvisando un dormitorio precario. La avería, que se produjo sobre las 19:00, dejó a estos ancianos, muchos con movilidad reducida, varados en la planta baja. La solución propuesta por la dirección, según el denunciante, fue simplemente «echar una mantita» sobre los sillones, una medida que el trabajador consideró indigna y potencialmente peligrosa.
El relato del gerocultor es estremecedor. Al llegar a su turno a las 23:00, se encontró con una escena caótica: ancianos desorientados, algunos dormidos, otros preguntando si ya era de día. La imposibilidad de subir a sus habitaciones generó un ambiente de confusión y desasosiego. La gestión de la avería por parte de la residencia también ha levantado serias dudas. El seguro cubría la reparación hasta las 18:00 y, según el denunciante, la dirección optó por no abonar los 191 euros adicionales para solucionar el problema de inmediato. Finalmente, fue la intervención de la Policía Nacional la que permitió una solución temporal: los agentes lograron poner en marcha el ascensor, permitiendo que los ancianos pudieran acceder a sus camas… a las 2 de la madrugada.
El propietario de la residencia, por su parte, ha calificado la denuncia como una «vendetta» de un empleado «problemático». Afirma que el centro lleva funcionando «más de 20 años sin incidentes» y que los familiares están «contentos» con el servicio. Sin embargo, la Junta de Andalucía se toma muy en serio las acusaciones y ha puesto en marcha un procedimiento que podría desembocar en una sanción administrativa grave. La investigación, que ya incluía una inspección previa, deberá determinar si la residencia actuó con la diligencia debida para garantizar la seguridad y el bienestar de sus residentes. El caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores en centros residenciales y la necesidad de una supervisión estricta para evitar situaciones de este tipo.
Que un ascensor averiado derive en una crisis humanitaria en una residencia de ancianos es un síntoma alarmante de una sociedad que, a menudo, olvida a sus mayores. No se trata solo de una avería, sino de una cadena de decisiones cuestionables que priorizan el ahorro económico sobre la dignidad y la seguridad de personas vulnerables. La justificación del propietario, calificando la denuncia como una «vendetta», es una respuesta simplista y profundamente irresponsable. No minimiza la gravedad de los hechos, sino que la agrava al evidenciar una posible falta de empatía y una preocupante desconexión con las necesidades reales de los residentes. La Junta de Andalucía debe actuar con la máxima celeridad y transparencia, no solo sancionando si procede, sino también revisando exhaustivamente los protocolos de actuación y los recursos disponibles en todos los centros de la provincia.
La investigación abierta por la Junta es un paso necesario, pero no suficiente. Urge una reflexión profunda sobre el modelo de residencias que estamos construyendo. ¿Estamos garantizando un cuidado digno y respetuoso o estamos permitiendo que la lógica del mercado prime sobre el bienestar de nuestros mayores? La implicación de la Policía Nacional para resolver, aunque sea temporalmente, la situación, es una imagen desoladora. ¿Dónde estaban los responsables del centro? ¿Dónde estaba la previsión? Este incidente no debe quedar en una simple sanción administrativa. Debe servir como catalizador para una reforma integral del sistema de atención a la tercera edad en Málaga, priorizando la calidad humana, la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos residencias que sean hogares, no meros depósitos de personas.
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