Una preocupante ola de violencia ha sacudido el polígono Guadalhorce en Málaga, donde una trabajadora sexual de identidad trans ha denunciado un ataque brutal a manos de un grupo de encapuchados. El episodio, que ocurrió el pasado 29 de diciembre, se suma a una serie de amenazas de muerte, intimidaciones y agresiones que ella y sus compañeras han venido sufriendo. Esta situación alarmante ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía de Odio, evidenciando un escenario de violencia que se intensifica contra la comunidad LGTBIQ.
La mujer, conocida como Sicara, ha decidido hablar tras años de sufrimiento en el silencio. A sus 34 años, y tras haber sufrido una agresión previa que le dejó la mandíbula fracturada, Sicara se encuentra ahora en una situación de vulnerabilidad extrema. En sus declaraciones, describe cómo el grupo de hombres que la abordó la persiguió mientras le apuntaban con un arma, dejando claro que su identidad de género ha sido un factor determinante en las amenazas que ha recibido. «Al percatarme de que me seguían, empecé a gritar pidiendo ayuda», recordó con angustia.
El temor al represalias ha llevado a que muchas de las compañeras de Sicara opten por no denunciar estos episodios de violencia. La trabajadora trans, de origen marroquí y con un dominio limitado del español, destaca que es precisamente este miedo a sufrir un daño mayor lo que les impide romper su silencio. «Hay más víctimas que no se atreven a hablar por temor a lo que pueda sucederles», apunta mientras recuerda las numerosas ocasiones en que ha solicitado asistencia policial.
La situación ha empeorado significativamente tras la llegada de las festividades navideñas, cuando las agresiones se volvieron más frecuentes y violentas. Tras el último ataque, Sicara recibió atención sanitaria en un hospital y terapia psicológica, pero la preocupación por su integridad física persiste. «Temo que estos hombres sigan con sus amenazas y que un día realmente cumplan lo que dicen», confiesa entre sollozos.
A pesar de los aterradores relatos, la respuesta de las autoridades ha sido limitada hasta el momento. Fuentes policiales han confirmado que la sala del 091 recibió varias llamadas en relación con la agresión, pero aún no se ha iniciado ninguna investigación formal debido a la falta de denuncia oficial. Sicara y su entorno esperan que el escándalo mediático y la denuncia pública puedan acelerar la respuesta policial ante este fenómeno creciente.
El Equipo de Atención a la Mujer ha afirmado que el grupo de agresores puede ser identificado a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Sin embargo, esta situación alerta sobre la necesidad de mayores medidas de protección para las mujeres que ejercen la prostitución en áreas vulnerables. «No se puede olvidar que estas mujeres son seres humanos también, y su vida vale tanto como la de cualquier otra persona», claman desde las organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ.
La denuncia de Sicara es un llamado a la sociedad para que se alce en contra de la violencia por motivos de identidad de género, evidenciando la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad y los derechos de las trabajadoras sexuales en Málaga.
La alarmante realidad que viven las trabajadoras sexuales en el polígono Guadalhorce de Málaga pone de manifiesto una de las facetas más oscuras de nuestra sociedad: la violencia institucionalizada y la marginación de colectivos vulnerables. Las agresiones y amenazas sufridas por Sicara y sus compañeras no son solo el resultado de la acción de unos pocos desalmados, sino que evidencian un contexto más amplio de desprotección y estigmatización que potencia la impunidad de estos actos. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades no solo denota un abandono evidente de estos ciudadanos, sino que también refuerza un ciclo de violencia que se perpetúa ante la mirada indiferente de la comunidad y el Estado.
Es fundamental que, como sociedad, rompamos el silencio que rodea a la prostitución y a las identidades diversas que la acompañan. No se trata de criminalizar a quienes ejercen este trabajo ni de ignorar las complejidades sociales que lo rodean. Se trata, más bien, de implementar políticas públicas efectivas y urgentes que prioricen la seguridad y el bienestar de las trabajadoras sexuales, así como de fomentar espacios de denuncia seguros donde puedan expresarse sin miedo a las repercusiones. La historia de Sicara, valorada por su valentía al alzar la voz, debería ser el catalizador para un cambio real. La sociedad malagueña no puede permitir que la violencia y el miedo sigan siendo el pan de cada día para un colectivo cuyo derecho a vivir en paz y dignidad es inalienable. La lucha por sus derechos es, en última instancia, una lucha por la humanidad.
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