La localidad de Ronda se ha visto sacudida por un incidente que ha trascendido las paredes de un centro educativo, llegando a las puertas de los juzgados y generando una profunda preocupación en la comunidad. Un hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de amenazar de muerte al director del colegio público Juan Carrillo, donde su hijastra es alumna. La escalada de tensión se desencadenó tras las sanciones impuestas a la menor debido a su comportamiento en el centro, una situación que derivó en una espiral de amenazas que han obligado a la intervención policial.
Según fuentes policiales, el detenido difundió audios amenazantes a través de un grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio. En estos mensajes, el hombre habría proferido amenazas explícitas contra la vida del director, generando un clima de temor e incertidumbre entre la comunidad educativa. La gota que colmó el vaso fue la decisión del centro de expulsar a la menor durante tres días, una medida disciplinaria motivada por lo que el colegio calificó como «comportamientos graves e intolerables» hacia compañeros y profesores. Este castigo, lejos de apaciguar los ánimos, desató la furia del padrastro, quien optó por la vía de la intimidación y la amenaza directa.
El director del colegio, tras escuchar los audios amenazantes, requirió asistencia médica debido a una crisis de ansiedad. La gravedad de las amenazas le llevó a interponer una denuncia formal en la Comisaría de Ronda, dando inicio a la investigación policial que culminó con la detención del padrastro. Paralelamente, la familia de la menor expulsada ha contraatacado, denunciando a miembros del equipo directivo del colegio por supuesto «trato vejatorio y discriminatorio» hacia la niña. Esta denuncia añade una capa más de complejidad a un conflicto que ya ha dividido a la comunidad educativa.
Las partes implicadas han sido citadas este martes 10 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda para un juicio rápido. La rapidez del proceso judicial refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta contundente por parte de la justicia. El incidente ha provocado una gran alarma social entre docentes y familias de estudiantes, llevando al propio centro educativo a convocar una concentración en repulsa de lo sucedido. El AMPA del colegio ha condenado «todo tipo de violencia» hacia cualquier miembro de la comunidad educativa y ha solicitado a la dirección que se adopten las medidas necesarias para proteger a todos los implicados. La tensión en Ronda sigue palpable, mientras la justicia intenta esclarecer los hechos y devolver la tranquilidad a un colegio que se ha visto en el ojo del huracán.
El caso de Ronda es un síntoma alarmante de la creciente crispación en la convivencia escolar, exacerbada por la inmediatez y la falta de filtros que proporcionan las redes sociales. Más allá de la reprobable actuación del padrastro, que debe ser juzgada con todo el peso de la ley, este incidente revela una preocupante tendencia a resolver conflictos a través de la amenaza y la intimidación, en lugar del diálogo y la colaboración entre familias y centros educativos. ¿Dónde queda el respeto a la autoridad del docente y el compromiso con la educación en valores?
La judicialización de este tipo de conflictos, aunque necesaria en casos extremos como este, no deja de ser un fracaso colectivo. Es imperativo fortalecer los canales de comunicación y mediación dentro de los centros educativos, ofreciendo herramientas a padres, alumnos y profesores para abordar las diferencias de manera constructiva. No podemos permitir que la tensión y la desconfianza se apoderen de nuestras aulas, convirtiendo la educación en un campo de batalla. La concentración de repulsa es un buen primer paso, pero se necesitan medidas más profundas y sostenidas para reconstruir la confianza y el respeto mutuo en la comunidad educativa.
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