La justicia ha hablado en el caso de un hombre condenado a cuatro años y medio de prisión por abusar sexualmente de la sobrina de su pareja, una menor de tan solo 10 años en el momento de los hechos. La sentencia, emitida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirma la decisión de la Audiencia de Málaga y desestima el recurso de apelación presentado por el acusado.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2013, durante un periodo de tres semanas en el que el denunciado aprovechó momentos de soledad con la niña para cometer actos de abuso. La delicada situación vivida por la menor ha sido un factor clave en la resolución del caso, ya que el tribunal subrayó la importancia del testimonio de la niña, quien mantuvo su relato «de manera estable y coherente», lo que contribuyó a la condena.
El acusado alegó durante el proceso que su derecho a la presunción de inocencia había sido vulnerado y que el testimonio de la menor carecía de veracidad. Sin embargo, la Audiencia de Málaga encontró su relato respaldado por pruebas adicionales, lo que llevó a confirmar la condena inicial. En su fallo, el tribunal resaltó que la pequeña, ahora de 19 años, justificó su silencio durante años por el temor a las reacciones de su padre y de los propios adultos que la rodeaban, que en su momento mostraron una <>pasividad<> alarmante.
No solo se le impuso prisión, sino que el tribunal también dictó que el condenado cumpla 7 años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel, y le prohibió acercarse a menos de 500 metros de la víctima. Además, se le exige participar en programas de educación sexual, así como indemnizar a la menor con 3.000 euros en concepto de daño moral.
Este caso ha reavivado la conversación en torno a la protección de los menores y la urgencia de dar voz a las víctimas de abusos. La lucha de la joven y su valiente decisión de hablar tras años de silencio se convierten en un testimonio de esperanza para miles de víctimas que aún guardan secretos dolorosos. Las instituciones y los colectivos de protección a la infancia se ven interpelados sobre la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de situaciones, para que ningún menor vuelva a enfrentarse solo a su dolor.
La resolución judicial en este caso es un recordatorio de que la justicia puede y debe ser garantizada, y que los testimonios de las víctimas son cruciales para desmantelar el silencio que muchas veces rodea a estos delitos. A medida que la sociedad sigue avanzando hacia una mayor sensibilización sobre el abuso infantil, se hace evidente que la colaboración entre instituciones, familias y la comunidad es esencial para prevenir futuras atrocidades.
La sentencia condenatoria al abusador sexual en Torremolinos marca un hito en la lucha contra los delitos de naturaleza sexual hacia menores, pero también resalta la lamentable pasividad institucional que a menudo rodea a estos casos. Es **de vital importancia** que el sistema judicial no sólo ponga en prisión a los agresores, sino que también garantice un entorno de protección donde las víctimas se sientan respaldadas para romper su silencio. La historia de esta joven, que **guardó su dolor en el silencio durante años**, nos interroga a todos sobre qué hemos hecho como sociedad para permitir que estas atrocidades se perpetúen. La condena es un paso, sí, pero ¿qué medidas se implementan para asegurar que otros niños no enfrenten la misma tragedia? Las instituciones deben fomentar espacios seguros para la denuncia y atención inmediata a las víctimas, antes de que se conviertan en ecos lejanos de un sufrimiento ignorado.
Por otro lado, no podemos pasar por alto la condena de **cuatro años y medio** de prisión como una cifra que, aunque significativa, puede parecer insuficiente ante la magnitud del daño infligido. ¿Cómo se mide el costo moral y psicológico que una experiencia de abuso deja para toda la vida? La **libertad vigilada** y los programas de educación sexual son pasos necesarios en el proceso de rehabilitación del agresor, pero deben ir acompañados de un marco legal más sólido que contemple sanciones más severas para estos delitos. Una sociedad que prioriza la protección de sus menores debe estar dispuesta a enfrentar y cuestionar sus propios límites, a asegurarse de que la justicia sea realmente **justa** en todos los sentidos. En definitiva, esta condena debe servir como un catalizador para un cambio profundo y una reflexión colectiva sobre cómo proteger nuestro bien más preciado: la infancia.
2 de abril, Carretera de Cádiz. Un treintañero abre fuego a las seis de la tarde y acaba provocando cuatro heridos de bala. Uno de ellos era su objetivo. El resto nada tenía que ver con la disputa. Apenas 48 horas después de aquel tiroteo que tensionó a los vecinos de calle Gaucín, la Policía Nacional detuvo al presunto autor, que ya duerme en prisión investigado por la presunta comisión de cuatro intentos de asesinato. Era el primero de los cinco incidentes con armas de fuego que este mes sacudiría la calma en la Costa del Sol y volvería a sacar a relucir las críticas de los sindicatos sobre la «impunidad aparente» y el «fácil acceso a las armas». «Son un medio de protección cada vez más utilizado, la mejor manera de asegurar su éxito. El mercado negro está ahí», apostilla la portavoz del Sindicato Reformista de Policías, Mariló Valencia.
El Jueves Santo volvían a saltar las alarmas, esa vez en el barrio malagueño de Portada Alta, con un vecino hospitalizado con un disparo en una pierna. De los cinco arrestados -todos miembros de una misma familia- sólo uno entró en la cárcel. En los dos casos, ocurridos en la capital, los implicados habían solucionado a tiros sus «desavenencias familiares». 24 horas después, la Policía desplegaba un nuevo dispositivo para localizar al responsable de los disparos en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, en calle Príncipe Salimam.
Apenas una semana después, entraría en escena, presuntamente, el narco, con un joven inglés ejecutado a plena luz del día. El autor, aún sin localizar, aguardaba su llegada. Con el rostro oculto, esperó a tenerlo cerca para acribillarlo a tiros. No fue un aviso -como viene siendo habitual en algunos de los ajustes de cuentas que se han saldado con heridos en piernas o genitales en la Costa del Sol-. El tirador, a tenor de los primeros resultados de la autopsia que se le practicó al cadáver, quiso asegurarse de que había acabado con la vida de su víctima. Y para ello apretó el gatillo hasta en al menos 10 ocasiones.
La violencia seguía su escalada sólo un día más tarde, con una refriega en Estepona en la que unos okupas emplearon armas de fuego, aunque no hubo víctimas. 24 horas después, Mijas volvía a ser testigo de un episodio violento con el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado y en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue encontrado por el dueño de unos terrenos mientras se realizaban tareas de desbroce en la zona, según detalló este miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una zona de ámbito rural. Ayer todavía se trabajaba para identificar al fallecido. Y, con ese objetivo se están comprobando las desapariciones e incluso secuestros que sirvan para corroborar lo antes posible su identidad y detener a los responsables. «Mijas es el municipio que alberga de las mayores mafias de España, más incluso que Marbella y Estepona», atestigua a este periódico un experto policial conocedor de estas organizaciones criminales.
Desde hace años, la cifra de grupos vinculados al narcotráfico asentadas en la zona va en aumento. Muchas han trasladado parte de sus operaciones a la Costa del Sol, atraídas por su clima, infraestructuras y conexiones internacionales. Mafias rusas, rumanas, latinoamericanas, suecas, de los Balcanes y especialmente la Mocro Maffia (de origen marroquí-holandés) compiten por el control del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.
Los investigadores consultados por ‘Málaga Hoy’ coinciden en el nuevo modus operandi protagonizado por estas organizaciones. «La realidad que nos estamos encontrando es que muchas se están dispersando y extendiendo a zonas rurales, más aisladas. Ahí pueden tener éxíto en su intención de pasar desapercibidos», recalca la responsable del Sindicato Reformista de Policías, que vuelve a insistir en la necesidad de dotar a la Policía de un mayor número de efectivos y planes más específicos para luchar contra los narcotraficantes que operan en la provincia. Los traficantes, bajo la lupa policial, se ven obligados a buscar «nuevos escondites». «Están emigrando, lo estamos viendo», sostiene Valencia.
Las impresiones son similares en la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC). Daniel Fernández, su portavoz, precisa que si bien «armas siempre ha habido» entre el narco, antes «no se atrevían tanto a exhibirlas». «Muchas las usan para defenderse entre ellos y evitar robos de drogas», recuerda el investigador. El patrón se repite: crímenes con armas de fuego, huidas bien planificadas y vehículos incendiados para eliminar vestigios.
En palabras del representante sindical, la crisis violenta registrada en la Costa del Sol es el resultado de una «peligrosa combinación de factores que han desencadenado en la falta de respeto de personas que ven la delincuencia como su modo de vida y muestran un total desprecio hacia la vida de terceros». «Nos enfrentamos a una progresiva pérdida del principio de autoridad que deriva de la impunidad que sienten los delincuentes, y muestra de ello es que ya no se esconden a la hora de utilizar armas de fuego», asevera el guardia civil. Un problema que, resalta, «debe erradicarse con una mayor contundencia policial y un endurecimiento de la penas ante estos delitos».
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Málaga/En una vieja nave industrial, una antigua cuadra y dos viviendas, lugares todos ellos en la barriada de Málaga de La Palmilla, la Policía Nacional ha conseguido desmantelar 9 plantaciones de marihuana e intervenir 1.650 plantas.
En la misma operación, los agentes se han incautado de tres escopetas de caza. En total, hay ocho personas detenidas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
Frecuentes cortes de luz por sobrecarga eléctrica que afectaban a la zona de La Yesera y calle Guadalimar, en el barrio de La Palmilla, pusieron en alerta a los investigadores de la Comisaría de Distrito Norte, conocedores que estas incidencias pudieran esconder la existencia de invernaderos de marihuana en este sector de la capital.
Así, continuando con las pesquisas, las incursiones discretas en esta área de la ciudad vinieron a localizar una serie de indicios como la detección del ruido incesante de voluminosos aparatos de aire acondicionado -usados para ventilar los invernaderos-, o incluso el fuerte hedor tan característico que desprende el cannabis, confirmándose las sospechas iniciales.
Una vez centrados los inmuebles que utilizaba la trama para cosechar las plantaciones, en concreto, una vieja nave industrial sin actividad, una antigua cuadra y dos viviendas, las cuales permanecían enganchadas fraudulentamente a la red pública eléctrica y habían sido provistas de toda la logística propia de los invernaderos de cannabis, la Policía Nacional iniciaba así las vigilancias para identificar a cada uno de los implicados.
Finalmente, en el marco de la denominada operación Tectorius, los agentes detuvieron a ocho personas, todas pertenecientes a un mismo clan familiar, por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
Tras los registros, los agentes intervinieron un total de 1.650 plantas de marihuana; 945 gramos de cogollos de marihuana; 45 gramos de hachís; tres escopetas –una del calibre 12 y otras del 22–; y un puñal de 13 centímetros de hoja, entre otros efectos.
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Un joven de 24 años de origen gambio y prófugo de la justicia sueca ha sido detenido en Fuengirola por la Policía Nacional, al ser considerado autor del asesinato a disparos de un hombre en Suecia en 2022 y de haber intentado acabar con la vida de otros dos varones en la misma fecha.
En virtud a una orden europea de detención y entrega ha sido arrestado este individuo, cuyo nombre corresponde a las iniciales A.N., por unos hechos ocurridos en el municipio sueco de Haninge el 25 de agosto de 2022.
La detención se produjo el pasado jueves en el paseo marítimo de la localidad malagueña y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3, según ha informado la Comisaría Provincial de Policía en Málaga este viernes.
La Costa del Sol ha sido escenario de cinco tiroteos en un mes y, además, del hallazgo de un cadáver maniatado en una zona rural de Mijas. Entre estos tiroteos, se ha registrado el asesinato a tiros de un joven a plena luz del día, también en Mijas. El autor, aún sin localizar, aguardaba su llegada. Con el rostro oculto, esperó a tenerlo cerca para acribillarlo a tiros. No fue un aviso -como viene siendo habitual en algunos de los ajustes de cuentas que se han saldado con heridos en piernas o genitales en la Costa del Sol-. El tirador, a tenor de los primeros resultados de la autopsia que se le practicó al cadáver, quiso asegurarse de que había acabado con la vida de su víctima. Y para ello apretó el gatillo hasta en al menos 10 ocasiones.
La violencia seguía su escalada sólo un día más tarde, con una refriega en Estepona en la que unos okupas emplearon armas de fuego, aunque no hubo víctimas. 24 horas después, Mijas volvía a ser testigo de un episodio violento con el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado y en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue encontrado por el dueño de unos terrenos mientras se realizaban tareas de desbroce en la zona.
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Alhaurín de la Torre/Al grito de «os voy a matar a todos», portando un cuchillo de grandes dimensiones y amenazando a los viandantes. La Policía Local de Alhaurín de la Torre recibió varias llamadas de emergencia el pasado jueves alertando de que una persona caminaba por la calle profiriendo amenazas contra todo aquel que pasaba. Tras desplazarse al domicilio del individuo este fue detenido en una intervención sin incidentes.
Los hechos se produjeron el pasado 24 de abril en la calle Océano Índico en torno a las 09:50 horas. Testigos presenciales, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, afirmaron que el individuo gritaba frases como: «Os voy a matar a todos, a todos los de Alhaurín os mato».
De inmediato, varias unidades de la Policía Local se desplazaron al lugar. En colaboración con la Guardia Civil, localizaron el domicilio al que el individuo se había retirado, donde fue arrestado.
Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron el cuchillo sobre la mesa del salón, así como diversas garrafas de combustible, las cuales fueron entregadas voluntariamente y depositadas en dependencias municipales.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y su Policía Local han destacado «la importancia de la colaboración vecinal para actuar con eficacia ante situaciones de riesgo» y han reiterado su «compromiso con la protección y bienestar de todos los ciudadanos».
Hace tan solo dos días, este pasado miércoles, agentes de la Policía Local de Vélez-Málaga detuvieron a una mujer de mediana edad por amenazas graves tras una discusión familiar en el centro del municipio. El incidente ocurrió sobre las 20:30 horas en la calle Romero Pozo. Los efectivos intervinieron un cuchillo. Tras la riña, otra mujer resultó herida leve, según confirmaron fuentes policiales.
Efectivos de la Policía Local y Nacional intervinieron en la céntrica calle Romero Pozo, a metros de la Casa Consistorial de la capital de la Axarquía. Supuestamente, dos familiares discutieron, acabando una de ellas herida, teniendo que ser atendida, y otra detenida. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó emergencias sanitarias.
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Torremolinos/El Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos ha acordado la apertura de juicio oral contra Marco R., un ciudadano italiano acusado de asesinar a su expareja Paula, de 28 años, en mayo de 2023, en un caso marcado por la violencia machista. La investigación lo vincula también con el crimen de Sibora Gagani, su anterior pareja, cuyo cadáver fue hallado emparedado en el mismo municipio nueve años después de su desaparición. Este segundo caso se instruye en un procedimiento separado.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso EFE, los hechos atribuidos a Marco R. son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, así como de un delito continuado de malos tratos. El juez instructor ha decidido elevar el caso a juicio con jurado, tras considerar concluidas las diligencias necesarias, practicadas tanto de oficio como a instancia de parte.
La Fiscalía solicita una condena de 28 años de prisión por el asesinato de Paula, además de los malos tratos previos. Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por el abogado Guillermo Smerdou, y la representación de la Junta de Andalucía han apoyado la apertura de juicio oral.
El escrito de acusación detalla que Marco R. y Paula iniciaron su relación en 2020, vivieron juntos durante tres años en Benalmádena y tuvieron un hijo en común. También residían con ellos los dos hijos anteriores de la mujer. Durante la relación, Paula fue víctima de malos tratos físicos y psicológicos constantes. El acusado le controlaba el teléfono, se lo rompía, la apartaba de su entorno, y llegó a impedirle acudir al ginecólogo durante el embarazo. En 2022, los tres menores fueron declarados en situación de desamparo tras un expediente en el que él mismo intervino, acusando a Paula de no cuidar bien a los niños, según el Ministerio Público.
Paula presentaba frecuentemente lesiones visibles, pero siempre las atribuía a caídas, asegurando ser «torpe». Según la acusación, Marco R. no le permitía maquillarse por celos, le vigilaba las conversaciones familiares, el uso de las tarjetas bancarias, y solía repetirle: «Sin mí no eres nadie». También la amenazaba con frases como: «Te voy a hacer lo mismo que a Sibora».
En marzo de 2023, el acusado comenzó a trabajar en un bar en Torremolinos y alquiló un apartamento encima del local, donde se instaló con Paula. Posteriormente, pidió que ella también fuera contratada. Ambos compartieron trabajo durante una semana, pero la convivencia siguió marcada por el control y la violencia. En una ocasión, Marco R. llegó a dañar la puerta del baño del bar al pensar que Paula no estaba sola en su interior.
En mayo de 2023, Paula había iniciado una nueva relación sentimental en secreto con un compañero de trabajo, aunque aún vivía con el acusado. Él sabía que ella se encontraba en casa de su nueva pareja, pero le mintió diciéndole que ya se había marchado del domicilio común. Según el fiscal, con esa mentira le tendió una «trampa» para que volviera al apartamento, donde perpetró el crimen.
Los hechos ocurrieron el 17 de mayo. Aquella mañana, empleados del bar situado bajo la vivienda escucharon los gritos de auxilio de Paula. Durante la discusión, el acusado la apuñaló 16 veces; una de las heridas, por la espalda, fue mortal. Paula intentaba huir con una mochila cuando fue atacada. Marco R. fue detenido seis horas después del asesinato.
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El recluso -un francés de 45 años– al que la Guardia Civil sigue buscando tras darse a la fuga cuando lo atendían en un hospital de Málaga había ingresado tres días antes en la prisión por un delito contra la salud pública, es decir, relacionado con el tráfico de drogas. El interno había confesado al médico de la cárcel que había ingerido un teléfono de tamaño muy reducido, lo que hizo que tuviera que ser desplazado hasta el centro sanitario. Allí se le perdió la pista.
No era la primera vez que se encontraba entre rejas. Ya había estado privado de libertad en el módulo 9 de la cárcel de Alhaurín de la Torre -ocupado mayoritariamente por internos de origen árabe y magrebí- por otro ilícito cometido con anterioridad, según fuentes conocedoras del caso consultados por este periódico.
La huida del hospital se remonta a este pasado Domingo de Resurrcción. El reo, quejoso por un dolor en un pie, había pedido ser atendido por un facultativo. Fue ese día cuando alertó de su particular hazaña a los servicios médicos del centro penitenciario. Había aguantado tres días con el dispositivo electrónico en el interior de su estómago, hasta que rompió su silencio. Al transcurrir ese tiempo y comprobar que no evacuaba el móvil de forma natural, reconoció que se lo había tragado. El médico le hizo una radiografía y comprobó que no mentía. Entonces, se ordenó su traslado hasta un centro hospitalario. El desplazamiento lo hizo bajo custodia de la Guardia Civil y con los grilletes puestos.
Una vez en la consulta del hospital, se fugó, supuestamente, a la carrera, logrando así darle esquinazo a los agentes del Instituto Armado que lo vigilaban. Aunque todavía se desconocen los motivos exactos que llevaron al interno a ingerir el teléfono se presume que su intención era la de mantener el contacto con el exterior de manera ilegal.
La hipótesis que los investigadores manejan es que el recluso debió de acceder a la cárcel malagueña con el teléfono ya en su estómago. Durante el ingreso, los funcionarios tienen potestad para practicar un cacheo con desnudo integral en caso de que existan indicios de que porta algún objeto que puede resultar peligroso para la seguridad del centro penitenciario. La medida se aplica siempre previa autorización del jefe de servicios. Pero los trabajadores penitenciarios no disponen de medios para llevar a cabo en ese momento exploraciones con rayos X, según ha podido saber Málaga Hoy.
En septiembre del año pasado los trabajadores penitenciarios de la cárcel de Alhaurín se enfrentaron también a un intento de fuga. Entonces, dos internos trataron de huir desafiando la seguridad del centro. Un amplio dispositivo de funcionarios permitió interceptarlos. Las pesquisas apuntaban a que ambos saltaron, presuntamente, el muro de un patio con la pretensión de huir hacia la zona exterior de la cárcel. «Ha sido una situación bastante compleja», advertían fuentes cercanas a lo ocurrido.
Los funcionarios que se encontraban en el turno de guardia reaccionaron de inmediato al tener conocimiento de que dos presos «muy jóvenes» estaban intentando fugarse. Lo hacían descolgándose por el muro del patio de la prisión, de más de tres metros de altura y con alambres con cuchillas que, al tocarlos, hace que se active una alarma. Tras ello, el sistema pone en alerta a la Guardia Civil, la encargada de vigilar el perímetro.
Con premura, al percatarse, el personal penitenciario se propuso cubrir todas los puntos exteriores para evitar la huida. Las fuentes descartaban que los reos tuvieran planificada la fuga, sino que pudieron actuar de forma improvisada, pese al riesgo que ello entraña. Cuando fueron descubiertos por los funcionarios, «solo balbuceaban». Tras abortar el intento de evasión, los presos fueron trasladados al módulo 7 de aislamiento, dado que las fugas son consideradas una de las acciones «más graves» que pueden registrarse en las cárceles.
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La Policía Nacional ha liberado a 28 mujeres que eran explotadas sexualmente en un burdel del municipo de Fuente de Piedra. El establecimiento ha sido clausurado de modo cautelar por orden de la autoridad judicial.
Entre las afectadas han sido localizadas ocho víctimas de trata de seres humanos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Por su parte, siete personas han sido detenidas en la provincia de Málaga por su presunta implicación, según el grado de implicación, en los delitos de trata de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, agresión sexual, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
A lo largo de la investigación se han activado los mecanismos de cooperación y coordinación policial internacional con la Policía Nacional de Colombia, país de procedencia de la mayoría de las perjudicadas, permitiendo seguir la pista de varias víctimas de trata desde su captación en Sudamérica hasta su llegada al prostíbulo en España.
El club de alterne de Fuente de Piedra, bajo la apariencia de hotel con sala de fiesta, se había convertido en lo más parecido a una «cárcel» para las meretrices, endeudadas con la trama y amenazadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas.
La denominada operación Flamencos, llevada a cabo por el Grupo III de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, con la colaboración de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y de la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social, permitió desarticular una red de alcance internacional, con una rama española y otra colombiana, cuyos miembros se dedicaban de manera concertada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos conexos.
La investigación se inició en octubre del pasado año a partir de la localización de dos de las víctimas, en una actuación policial emprendida por patrullas adscritas a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Antequera, que informaron de la situación a la unidad policial competente.
En el organigrama interno de la organización, por un lado, se hallaba la rama colombiana, encargada de la captación de víctimas en origen para, mediante engaño, convencerlas de viajar a España para ejercer la prostitución en unas condiciones «idílicas».
Una vez reclutadas, la estructura española gestionaba todo lo necesario para su traslado y entrada en territorio nacional como pasajes de avión, dinero en efectivo o reservas de hotel.
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Marbella/No resistió a la tentación. Le pudo, remacha el jefe policial que lo desenmascaró, la «avaricia». El secretario judicial de Marbella investigado por apoderarse, supuestamente, de una fortuna valorada entonces en 17 millones de euros en criptomonedas que estaban bajo custodia judicial, rondaba los 40 años pero ya soñaba con una «jubilación anticipada». Su imperio, sin embargo, cual castillo de naipes, se derrumbó.
Las palabras que atinó a pronunciar en el momento de su detención, antes de que le leyeran los derechos que le asisten, brindaron a los investigaciones unas de las claves del caso. Casi sin saberlo se autoinculpó. «Yo no he hecho nada malo en el trabajo», manifestó espontáneamente a los agentes que iban a colocarle los grilletes. Fue uno de sus errores. «Esa valoración que partió de su subconsciente resultó ser la confirmación que esperábamos. Hasta entonces todo eran probabilidades, no certezas«, explica a Málaga Hoy el inspector jefe de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, Andrés Román, que ha destapado el robo millonario.
La incautación de las criptomonedas se remonta a septiembre de 2024, cuando los investigadores, en el marco de la operación Geld, se implicaron en una operación internacional contra un estafador que buscaba blanquear dinero ilícito obtenido con el narcotráfico. El dinero virtual tenía, entonces, un valor de 17 millones de euros. Las claves de las carteras digitales, donde se almacenaba, quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado. Un documento que, después, sería enviado a una cuenta de consignaciones judiciales guardado en una cámara acorazada hasta su traslado, tres meses después, hasta la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). En enero de este año, cuando se procedió a la monetización de los criptoactivos, los policías descubrieron que las carteras estaban prácticamente vacías. Alguien se había hecho con el dinero durante el tiempo que el material incautado había permanecido custodiado. Así se activó la maquinaria para cazar al autor.
Para salir indemne y despistar a los investigadores que le seguían la pista, el funcionario jugó con los tiempos, pero fracasó. «Cuando tenía las palabras claves que abrían la cartera no ejecutó el robo, sino que esperó pacientemente tres meses», afirma el inspector Román. Su pretensión era que las sospechas se centraran en las agencias de transporte que entonces intervinieron. «Programó la llegada del sobre para una fecha y que, una vez se abriera, todos, menos él, estuvieran bajo sospecha, de manera que el robo se ejecutara días después. En su defensa, quiso hacer creer a la Policía que, pese a disponer de la contraseña, no actuó antes. Su coartada era «perfecta«. «El 16 de septiembre se lo llevó a su casa, aprovechando que la custodia dependía de él. Era una patata caliente que nadie quería tener, pero le interesaba», relata el investigador.
Buceando en internet descubrió cómo acceder al sobre. El robo, en palabras del inspector del grupo de investigación, no fue «improvisado». «Aprovechó las circunstancias y creó otras para pasar desapercibido». Urdió «un plan premeditado». Hizo sus cálculos, a sabiendas de que la Policía, tarde o temprano, abriría ese melón.
Los expertos trabajaban con la hipótesis de que el golpe se había perpetrado desde dentro de los juzgados. Las sospechas se centraron en el funcionario que en su perfil de Facebook se definía como “criptoinversor” y que, recientemente, había comprado una billetera de criptomonedas para guardar sus contraseñas privadas.
El sospechoso, según ha podido saber este periódico, estaba en tratamiento psicológico. Un «buen funcionario» que cubría una vacante temporal en un juzgado de Instrucción de Marbella y tres veces opositor aprobado. «Cuando alguien así comete un delito se paga un peaje. Saber que se tiene un secreto difícil de guardar y muchos millones sale de alguna forma», apostilla el responsable de la investigación.
Hubo tres registros simultáneos en los puntos en los que se sospechaba que podía haber escondido las claves de las carteras digitales con la ingente suma de dinero. Bajo el marco de una puerta, en una bola de papel, el sospechoso había apuntado 12 palabras en inglés, que tenía memorizadas y daban acceso a los monederos que contenían las criptomonedas robadas.
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Vélez-Málaga/Agentes de la Policía Local de Vélez-Málaga detenieron ayer, martes, a una mujer de mediana edad por amenazas graves tras una discusión familiar en el centro del municipio. El incidente ocurrió sobre las 20:30 horas en la calle Romero Pozo. Los efectivos intervinieron un cuchillo. Tras la riña, otra mujer resultó herida leve, según han confirmado fuentes policiales.
Efectivos de la Policía Local y Nacional intervinieron en la céntrica calle Romero Pozo, a metros de la Casa Consistorial de la capital de la Axarquía. Supuestamente, dos familiares discutieron, acabando una de ellas herida, teniendo que ser atendida, y otra detenida. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó emergencias sanitarias.
La investigación sigue abierta, por el momento no han transcendido más detalles sobre los motivos de la pelea.
Vestido con un gran anorak y tapando su rostro e identidad con la capucha del abrigo. Así perpetró 15 robos con fuerza en establecimientos y viviendas de Vélez-Málaga el ‘esquimal’, un ladrón que fue detenido el pasado 7 de abril tras ser pillado ‘in fraganti’ en su último asalto en un bar de la localidad.
Un incremento de robos con fuerza en el término municipal de Vélez-Málaga desde diciembre hasta el mes de abril había generado gran alarma social entre comerciantes de la localidad. Entre los negocios afectados figuraban una panadería, un asador de pollos, un chiringuito de playa, una marisquería, varios bares, un gimnasio y dos domicilios.
La investigación se centró en identificar al artífice de los robos, un varón de 46 años que actuaba fundamentalmente de madrugada y que utilizaba herramientas para fracturar los accesos de los establecimientos.
El investigado, ataviado con una chaqueta tipo esquimal, fue captado por las cámaras de video-vigilancia de varios comercios, teniendo predilección por las cajas registradoras y la recaudación de máquinas recreativas.
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Saltan, de nuevo, las alarmas por un tiroteo ocurrido en la Costa del Sol. Y ya son cinco en el último mes -el cuarto en la última semana-. La balacera ha ocurrido esta tarde en la urbanización Cancelada, en Estepona. A diferencia del caso anterior, con un fallecido, No ha habido víctimas que lamentar, según han confirmado a este periódico fuentes policiales. «No he pasado más miedo en mi vida, a tiros limpios. Había personas que estaban en la parada del autobús», expresaba una mujer, que a renglón seguido advertía de que «podía haber ocurrido una desgracia».
Las primeras informaciones apuntan a un conflicto en el que se han visto involucrados un grupo de personas que ocupaban ilegalmente una vivienda de la citada localidad. Al parecer, según las pesquisas, se han producido unos disparos contra este edificio okupado. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Desde la Comisaría han rehusado proporconar más detalles al respecto.
Las imágenes posteriores al tiroteo han sido compartidas a través de redes sociales. Testigos grabaron el momento en el que varios hombres participan en una reyerta.
De la balacera se tenía conocimiento cuando ni siquiera habían transcurrido 24 horas de la anterior, en Mijas, donde un hombre falleció tras recibir varios disparos a manos de una persona que ocultaba su rostro. La víctima es un hombre de nacionalidad inglesa.
El tirador todavía no ha sido localizado. Los agentes de la Guardia Civil que se han ocupado del caso inspeccionan las cámaras de seguridad del entorno en el que fue hallado el cadáver para tratar de identificar a la persona que efectuó los disparos.
Las primeras pesquisas apuntan a que el responsable huyó en un vehículo que, poco después, fue encontrado calcinado a las puertas de un centro comercial. En el interior, los efectivos intervinieron un arma de fuego.
Los investigadores continúan recabando las testificales correspondientes de personas «que pudieron haber visto algo». También se está trabajando en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de la zona para detener al autor de la balacera.
Tras la reconstrucción de los hechos, los agentes de la Guardia Civil consideran que pudo participar más de una persona en el crimen y que los autores esperaron a la víctima en el sitio donde se produjeron las detonaciones para dispararle hasta acabar con su vida.
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La investigación que la Guardia Civil mantiene abierta para resolver el asesinato a tiros de un hombre este lunes por la tarde en Mijas sigue avanzando. La víctima del tiroteo es un hombre de nacionalidad inglesa que fue abatido por una persona que ocultaba su rostro, según ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El tirador todavía no ha sido localizado. Los agentes que se han ocupado del caso inspeccionan las cámaras de seguridad del entorno en el que fue hallado el cadáver para tratar de identificar a la persona que efectuó los disparos.
Las primeras pesquisas apuntan a que el responsable huyó en un vehículo que, poco después, fue encontrado calcinado a las puertas de un centro comercial. En el interior, los efectivos intervinieron un arma de fuego.
Asimismo, los investigadores, en palabras del delegado del Ejecutivo andaluz, continúan recabando las testificales correspondientes de personas «que pudieron haber visto algo». También se está trabajando en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de la zona para detener al autor de la balacera.
Tras la reconstrucción de los hechos, los agentes de la Guardia Civil consideran que pudo participar más de una persona en el crimen y que los autores esperaron a la víctima en el sitio donde se produjeron las detonaciones para acribillarlo a tiros, aunque la investigación está todavía en una fase incipiente.
Los hechos sucedieron sobre las 20.10 horas del lunes. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas advirtiendo de que había escuchado detonaciones como disparos en la vía pública, en una calle de la zona de Calahonda, en Mijas, y dio aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Cuando se encontraban en el lugar del asesinato y acordonando la zona, los investigadores recibieron un nuevo aviso en el que se alertaba del incendio de un vehículo abandonado. Tras desplazarse hasta allí encontraron un vehículo ardiendo, también en la zona de Calahonda, además de una pistola, según fuentes próximas a la investigación. Los agentes pertenecientes a la Policía Científica han estado intentando recoger posibles huellas.
Tras el hallazgo del cadáver, la Guardia Civil acordonó las dos zonas y estableció un exhaustivo control en las carreteras cercanas para intentar localizar al autor.
Es el cuarto tiroteo en este último mes del que se tiene constancia en la provincia de Málaga -el tercero desde la semana pasada-. El anterior ocurrió en Portada Alta, en la capital, tras una reyerta entre familias y en la que acabó herido de un disparo un hombre. Hubo cinco miembros de una familia detenidos. Sólo uno de ellos ha ingresado en prisión provisional por orden del juez. El resto seguirá en libertad provisional, aunque con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las personas que resultaron afectadas. Tampoco podrán comunicar con ninguno de ellos por cualquier medio.
«. No uses formato HTML, escribe tu respuesta directa en formato de texto plano. Quiero que el titular sea breve y conciso.
La investigación que la Guardia Civil mantiene abierta para resolver el asesinato a tiros de un hombre este lunes por la tarde en Mijas sigue avanzando. La víctima del tiroteo es un hombre de nacionalidad inglesa que fue abatido por una persona que ocultaba su rostro, según ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El tirador todavía no ha sido localizado. Los agentes que se han ocupado del caso inspeccionan las cámaras de seguridad del entorno en el que fue hallado el cadáver para tratar de identificar a la persona que efectuó los disparos.
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Asimismo, los investigadores, en palabras del delegado del Ejecutivo andaluz, continúan recabando las testificales correspondientes de personas «que pudieron haber visto algo». También se está trabajando en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de la zona para detener al autor de la balacera.
Tras la reconstrucción de los hechos, los agentes de la Guardia Civil consideran que pudo participar más de una persona en el crimen y que los autores esperaron a la víctima en el sitio donde se produjeron las detonaciones para acribillarlo a tiros, aunque la investigación está todavía en una fase incipiente.
Los hechos sucedieron sobre las 20.10 horas del lunes. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas advirtiendo de que había escuchado detonaciones como disparos en la vía pública, en una calle de la zona de Calahonda, en Mijas, y dio aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Cuando se encontraban en el lugar del asesinato y acordonando la zona, los investigadores recibieron un nuevo aviso en el que se alertaba del incendio de un vehículo abandonado. Tras desplazarse hasta allí encontraron un vehículo ardiendo, también en la zona de Calahonda, además de una pistola, según fuentes próximas a la investigación. Los agentes pertenecientes a la Policía Científica han estado intentando recoger posibles huellas.
Tras el hallazgo del cadáver, la Guardia Civil acordonó las dos zonas y estableció un exhaustivo control en las carreteras cercanas para intentar localizar al autor.
Es el cuarto tiroteo en este último mes del que se tiene constancia en la provincia de Málaga -el tercero desde la semana pasada-. El anterior ocurrió en Portada Alta, en la capital, tras una reyerta entre familias y en la que acabó herido de un disparo un hombre. Hubo cinco miembros de una familia detenidos. Sólo uno de ellos ha ingresado en prisión provisional por orden del juez. El resto seguirá en libertad provisional, aunque con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las personas que resultaron afectadas. Tampoco podrán comunicar con ninguno de ellos por cualquier medio.
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