La prisión de Alhaurín de la Torre ha vuelto a ser escenario de un grave altercado, un torbellino de violencia que se desató en el módulo 6 durante la mañana de este viernes. Lo que comenzó como una sombría noticia, el fallecimiento de un familiar de un interno, rápidamente se convirtió en una «batalla campal» entre bandas rivales, evidenciando una vez más la precaria situación que se vive tras los muros del centro penitenciario. La chispa que encendió la mecha, según fuentes sindicales, fue una falta de respeto imperdonable: burlas y mofas hacia el recluso en duelo, un acto que la jerarquía carcelaria interpretó como una ofensa intolerable.
La intervención de los funcionarios, arriesgando su integridad, fue crucial para sofocar la contienda. Sin embargo, el incidente dejó una secuela palpable: siete reclusos, señalados como instigadores, fueron trasladados de inmediato al módulo de aislamiento. La pregunta que resuena ahora es si esta medida será suficiente para contener la tensión latente o si, por el contrario, se trata del preludio de una escalada de violencia aún mayor. La sombra de una tragedia inminente se cierne sobre la prisión, alimentada por la desesperación y la falta de recursos.
Los sindicatos ACAIP-UGT y Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han alzado la voz, denunciando la escasez de personal y la «política de buenismo» que, a su juicio, impera en la gestión penitenciaria. «Las prisiones se están convirtiendo en auténticos polvorines», claman desde TAMPM, advirtiendo que «cada día que pasa sin actuar es un día más cerca de una desgracia irreparable». Un grito de auxilio que resuena con fuerza, exigiendo medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los propios internos.
La situación se agrava aún más con la constante entrada de objetos prohibidos, especialmente teléfonos móviles y drogas. Apenas un día antes, el sindicato CSIF denunciaba la incautación de 46 gramos de hachís, 4 gramos de cocaína rosa y dos teléfonos móviles, uno de ellos oculto en el tejadillo de un módulo. La sospecha de que estos objetos se introducen mediante drones añade un nuevo nivel de preocupación, comprometiendo la seguridad del recinto y evidenciando la necesidad urgente de instalar inhibidores de frecuencia. Alhaurín de la Torre, un espejo de la crisis penitenciaria española, clama por soluciones antes de que sea demasiado tarde.
La batalla campal en Alhaurín de la Torre no es un hecho aislado, sino la **crónica anunciada del abandono** al que se somete el sistema penitenciario español. Si bien las burlas tras la muerte de un familiar actúan como detonante, la verdadera raíz del problema reside en la precariedad de medios, la falta de personal y la inacción política. La retórica del «buenismo», denunciada por los sindicatos, esconde una peligrosa dejación de responsabilidades, dejando a los funcionarios a merced de situaciones extremas y convirtiendo la reinserción en una utopía. ¿Hasta cuándo permitiremos que las prisiones sean meros depósitos de personas, incubadoras de violencia y desesperación, en lugar de espacios para la rehabilitación y la reintegración social?
La proliferación de drogas y teléfonos móviles, facilitada por el uso de drones, es una **metáfora escalofriante de la permeabilidad** de las fronteras entre la sociedad libre y el mundo carcelario. La instalación de inhibidores de frecuencia, aunque urgente, es solo un parche ante una herida mucho más profunda. Mientras no se aborde la sobrepoblación, la falta de recursos humanos y la ausencia de programas de reinserción efectivos, la situación en Alhaurín de la Torre, y en otras prisiones españolas, seguirá siendo una bomba de relojería a punto de estallar. La solución no pasa por medidas punitivas aisladas, sino por una inversión real en un sistema penitenciario que dignifique a los internos y garantice la seguridad de los trabajadores.
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