La provincia de Málaga se enfrenta a un preocupante aumento de la criminalidad, según el último balance del Ministerio del Interior. En 2024, el número total de infracciones penales ha ascendido a 102.474, lo que implica un incremento del 3,5% respecto al año anterior. Estas cifras reflejan una realidad que inquieta tanto a las autoridades como a la ciudadanía malagueña. La capital ha sido la más afectada, con un notable crecimiento en la criminalidad del 8,5%, mientras que localidades como Ronda también han sufrido un alarmante aumento del 17,5%.
Analizando el informe de criminalidad, destaca un aumento significativo en los homicidios y asesinatos consumados, que han visto un ascenso del 46,7%, pasando de 15 a 22 casos. Los homicidios en grado de tentativa también han crecido, incrementándose un 14,3%, con un total de 64 intentos. Esta tendencia al alza en los delitos más graves levanta alarmas sobre la seguridad en las calles de Málaga. En contraste, se observa una disminución de otros delitos preocupantes, como los secuestros, que han tenido una caída del 56,3%, reduciéndose a solo siete casos.
Por otro lado, el fenómeno de la ciberdelincuencia también ha cobrado protagonismo. Aunque el número total de delitos informáticos ha crecido un 1,5%, las estafas han experimentado un leve descenso del 1%. Sin embargo, otros ciberdelitos han registrado un aumento sustancial del 24%, lo que sugiere un cambio en las tácticas delincuenciales que ahora se enfocan más en el ámbito digital.
Varios expertos en criminología han manifestado su preocupación ante estos datos. Algunos apuntan a factores socioeconómicos como la raíz del problema, así como la falta de recursos destinados a la prevención del delito y la formación de las fuerzas de seguridad. La percepción de inseguridad en la capital malagueña ha llevado a la ciudadanía a exigir medidas más efectivas por parte de las autoridades para frenar esta escalada delictiva. Vecinos de diferentes barrios han expresado su deseo de contar con más patrullas policiales y una mayor presencia del estado en la vida cotidiana.
Los brotes de violencia y criminalidad en Málaga obligan a replantear el enfoque de la seguridad pública en la provincia. Con la llegada de 2025, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para revertir esta tendencia, protegiendo así a una población que no puede permitirse vivir en un ambiente de creciente inseguridad.
El alarmante aumento de la criminalidad en Málaga en 2024 no solo exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades, sino que pone de relieve problemas estructurales que han sido ignorados por demasiado tiempo. Aunque seamos proclives a pensar que este fenómeno se debe meramente a una súbita escalada en la delincuencia, es fundamental reconocer que los factores socioeconómicos juegan un papel crucial. La falta de oportunidades laborales, la pobreza y la precariedad están alimentando un ciclo de criminalidad que no se resolverá con una simple mayor presencia policial. Más allá de las cifras, estos datos reflejan una sociedad herida con necesidades no atendidas. Las voces de los expertos y de la ciudadanía buscan ser escuchadas, y es deber de los responsables adoptar un enfoque integral que contemple tanto la seguridad como el bienestar social.
Además, resulta preocupante que, a pesar del creciente clamor por soluciones, la reacción institucional hasta ahora parece más reactiva que proactiva. Las medidas de prevención deben primar sobre la represión, y es esencial que se redirijan recursos hacia programas educativos y de rehabilitación en lugar de únicamente aumentar el número de patrullas. La inversión en formación de las fuerzas de seguridad también es un aspecto crítico que no puede subestimarse. En lugar de ver la criminalidad como un fenómeno aislado, es imperativo que tanto autoridades como ciudadanos asuman la responsabilidad colectiva de abordar las raíces del problema y garantizar un entorno seguro y propicio para todos. Si no se logra un cambio de rumbo en esta dirección, Málaga podría convertirse en un ejemplo de cómo la inacción ante la inseguridad puede traducirse en una mayor fractura social y comunitaria.
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