En un fallo que ha sacudido los cimientos de la opinión pública malagueña, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido reducir en seis meses la pena de prisión impuesta a un joven condenado por agresión sexual a una menor de 15 años, novia de su hermano. La decisión, anunciada hoy, 8 de octubre de 2025, representa una estimación parcial del recurso presentado por la defensa del procesado, abriendo un nuevo capítulo en este caso que se remonta a un oscuro encuentro en 2020.
La sentencia original, dictada por la Audiencia de Málaga, establecía una pena de 14 años de prisión para el agresor. Sin embargo, el TSJA, tras revisar el caso, ha considerado que ciertas inconsistencias en el relato de los hechos probados justifican una leve modificación de la condena. Aunque el Tribunal reconoce la gravedad de la agresión y la participación conjunta de ambos hermanos en el hecho, la supresión de «hechos determinados» en la narración original ha allanado el camino para la rebaja, dejándola en 13 años y seis meses. Esta reducción, aunque aparentemente nimia, levanta interrogantes sobre la proporcionalidad de la justicia y el impacto que incluso una leve modificación legal puede tener en la vida de la víctima.
El TSJA ha mantenido la calificación de la agresión como un acto perpetrado con intimidación, aunque matiza que esta no fue ejercida mediante «palabras o instrumentos atemorizantes», sino a través de un «contexto ambiental o situacional». Este detalle, aparentemente sutil, es crucial, ya que se basa en la idea de que el encierro a oscuras y el accionar conjunto de los hermanos crearon una atmósfera de coacción que anuló la voluntad de la víctima. Sin embargo, la atenuación de la pena plantea la cuestión de si la justicia ha logrado captar la verdadera dimensión del terror y la vulnerabilidad experimentados por la joven. La pregunta que resuena en las calles de Málaga es si este fallo representa un paso atrás en la lucha contra la violencia sexual o un ejercicio de rigorismo jurídico.
La decisión del TSJA de rebajar, aunque sea mínimamente, la condena por agresión sexual a una menor en Málaga deja un regusto amargo y plantea serias dudas sobre la efectividad de la justicia a la hora de proteger a las víctimas. Si bien el rigor jurídico es fundamental, no podemos ignorar la sensación de que la tecnicidad legal, en ocasiones, diluye la brutalidad de los hechos y minimiza el impacto devastador que una agresión sexual tiene en la vida de una persona. La justificación de la rebaja, basada en «inconsistencias» que parecen centrarse más en la forma que en el fondo del relato, corre el riesgo de generar desconfianza en el sistema judicial y de revictimizar a la persona agredida al poner en duda, aunque sea implícitamente, su testimonio. La sociedad malagueña merece una justicia que no solo sea impecable en su aplicación, sino también percibida como justa y protectora de los más vulnerables.
El matiz introducido por el TSJA respecto a la «intimidación» como un «contexto ambiental o situacional» resulta, cuando menos, inquietante. Si bien es cierto que la intimidación no siempre se manifiesta de forma explícita, el hecho de que la justicia parezca sopesar la intensidad de la coacción ambiental, en lugar de centrarse en el daño infligido y la vulneración de la libertad sexual, suscita preocupación. La sombra de la duda planea sobre si se ha comprendido la verdadera magnitud del terror experimentado por la víctima al encontrarse encerrada, a oscuras y rodeada por sus agresores. En este sentido, es crucial que los jueces, al aplicar la ley, tengan en cuenta la perspectiva de la víctima y consideren el impacto psicológico a largo plazo de este tipo de agresiones. De lo contrario, corremos el riesgo de que la justicia, en su afán por la precisión legal, termine fallando a aquellos que más necesitan su protección.
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