La Guardia Civil ha asestado un duro golpe a las mafias que operan en el sector olivarero con la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo y blanqueo de aceitunas en la comarca de Antequera. La Operación Zaranda 25, que se inició en octubre del pasado año tras la denuncia de varios agricultores de Mollina por la sustracción de 5.600 kilos de aceituna, ha culminado con la detención de seis personas y la investigación de otras dos. Los detenidos están acusados de hurto, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación, llevada a cabo por agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera, reveló un entramado sofisticado que operaba a nivel interprovincial. El modus operandi de la banda consistía en sustraer aceituna de diferentes fincas y trasladarla inicialmente a una almazara de la provincia de Cádiz, presumiblemente para dificultar el rastreo del producto. Sin embargo, el núcleo de la operación se encontraba en Antequera, donde los investigadores descubrieron que una familia, propietaria de varios terrenos de olivar, había introducido 72.000 kilogramos de aceitunas en una cooperativa local sin poder justificar su procedencia legal.
Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el uso de un tractor "poco común" para las tareas de recolección, lo que les permitió identificar a los sospechosos y seguir su rastro. La Guardia Civil también descubrió que la organización se dedicaba a adquirir aceitunas robadas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz, trasladándolas posteriormente a Málaga para su venta con documentación de trazabilidad falsificada. De esta manera, la banda lograba blanquear el fruto sustraído e introducirlo en el mercado legal.
La Autoridad Judicial ha ordenado el bloqueo de los activos bancarios de los detenidos, quienes se estima que habrían obtenido un beneficio ilícito de 87.000 euros con esta actividad delictiva. La Operación Zaranda 25 pone de manifiesto la creciente preocupación por los robos en el sector agrícola y la necesidad de intensificar la vigilancia y el control para proteger los intereses de los agricultores.
La Operación Zaranda 25, más allá del alivio que supone para los agricultores de Antequera, destapa una realidad inquietante: la profunda vulnerabilidad del sector olivarero ante la criminalidad organizada. No basta con celebrar la desarticulación de esta banda; es imperativo reflexionar sobre las fisuras del sistema que permiten la proliferación de estas actividades. La sofisticación del entramado, con ramificaciones interprovinciales y la falsificación de documentos, exige una respuesta coordinada y contundente por parte de las autoridades. ¿Estamos dotando a los cuerpos de seguridad con los recursos y la legislación necesaria para combatir eficazmente este tipo de delitos? La trazabilidad, clave para garantizar la calidad y la legalidad del aceite, parece ser un coladero fácil de sortear, lo que invita a una revisión exhaustiva de los mecanismos de control.
El beneficio ilícito de 87.000 euros, aunque significativo, es solo la punta del iceberg. El daño real se extiende mucho más allá, afectando la reputación de un sector vital para la economía malagueña y andaluza. La competencia desleal que supone el blanqueo de aceitunas robadas erosiona la confianza de los consumidores y socava el esfuerzo de aquellos productores que operan dentro de la legalidad. Es hora de que las administraciones pongan en marcha medidas de apoyo específicas para los agricultores que denuncian estos robos, protegiéndolos de posibles represalias y facilitando el acceso a asesoramiento legal y psicológico. La lucha contra el mercado negro de la aceituna no es solo un asunto policial, sino una cuestión de justicia y de defensa de un patrimonio cultural y económico de incalculable valor.
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