El próximo 28 de noviembre se presenta como una fecha clave para la movilidad en la Costa del Sol, cuando el Ministerio de Transporte convocará a los actores locales para debatir sobre el anhelado proyecto del tren litoral. Sin embargo, la ciudad de Marbella se muestra dividida y con una voz que difícilmente será unánime en este crucial encuentro. Las tensiones políticas entre los principales partidos, PP y PSOE, delinean un panorama complejo que podría obstaculizar avances significativos en la mejora de la conexión y el transporte en un municipio marcado por el caos circulatorio.
Marbella, a pesar de su tamaño y relevancia turística, se enfrenta a una situación insostenible: es el único municipio de más de 100,000 habitantes en España sin conexión ferroviaria. Este déficit se traduce en un creciente malestar entre los ciudadanos, que deben lidiar a diario con un acceso carretero saturado y costoso. La autopista AP-7, conocida por sus tarifas exorbitantes, especialmente durante la temporada alta, y una autovía A-7 congestionada, son solo algunas de las limitaciones que acentúan el descontento. Según fuentes oficiales, más de 100,000 vehículos transitan cada día solo por el tramo soterrado de la A-7 en San Pedro Alcántara, un cifra que evidenció la urgencia de medidas efectivas antes de la llegada de los meses pico.
La situación se agrava por el intercambio de responsabilidades entre PP y PSOE, que se enzarzan en una pelea política que, en lugar de traducirse en soluciones, solo alimenta la frustración de los ciudadanos. El concejal del PP, Javier García, ha denunciado enérgicamente el «caos circulatorio» que caracteriza a Marbella, reclamando con urgencia la liberalización del peaje de la AP-7 como una de las medidas esenciales para mitigar el colapso. «Es una situación que no se puede ignorar», expresó con determinación, enfatizando la necesidad de respuestas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, el edil del PSOE, Javier Porcuna, ha instado a dejar de lado la confrontación e invita a todos a unirse en esta lucha por la movilidad. «Es crucial que los partidos aprendan a colaborar en beneficio de Marbella», comentó, indicando que la eliminación del peaje debe ser un objetivo común, sin caer en populismos o engaños. La discusión, por tanto, no debe centrarse en buscar culpables, sino en construir puentes que faciliten alcanzar un consenso y resolver los problemas.
Entre esta maraña de críticas y desencuentros surge la voz de los ciudadanos, quienes han comenzado a organizarse para exigir un cambio real en la manera en que se gestiona la movilidad. La presión popular podría ser la clave para que las autoridades se sientan obligadas a actuar, movilizando a diferentes sectores de la sociedad civil a hacer frente a un problema que les afecta a todos. Tal vez, esta época de desencuentro y acusaciones pueda transformarse en una oportunidad para el diálogo, donde por fin los diferentes actores se enfoquen en un objetivo común: el bienestar y la calidad de vida de los marbellíes.
Con la cita del 28 de noviembre a la vuelta de la esquina, tanto el gobierno local como los partidos políticos tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones tangibles. La historia de Marbella está plagada de promesas, pero los ciudadanos han aprendido a ser escépticos ante las palabras vacías. La expectación por el próximo encuentro es alta, y solo el tiempo dirá si se logrará dar un paso adelante hacia una movilidad más sostenible y eficiente en la Costa del Sol.
La división en Marbella ante el crucial encuentro del 28 de noviembre sobre el tren litoral no solo es un reflejo de tensiones políticas, sino también de una preocupante falta de liderazgo en una situación que clama por soluciones inmediatas. Los reproches entre el PP y el PSOE evidencian un juego político que ignora las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes padecen a diario un caos circulatorio que sólo se agrava con el paso del tiempo. Es crucial que ambos partidos dejen de lado sus disputas y se enfoquen en el bienestar de la comunidad, porque en este momento, lo que Marbella necesita no son palabras vacías sino acciones concretas que verdaderamente transformen su infraestructura de movilidad.
La esperanza de los marbellíes radica en la creciente organización ciudadana que demanda un cambio real. Este despertar social puede ser la chispa que encienda el diálogo entre los actores políticos y presione para que se dejen de lado las luchas de poder, priorizando el interés común ante la crítica situación que enfrenta la movilidad. La eliminación del peaje de la AP-7 y la construcción del tan anhelado tren litoral deben ser objetivos prioritarios, no solo promesas electorales. Si el encuentro del 28 de noviembre se traduce en un compromiso serio y no en un mero espectáculo político, podría ser el primer paso hacia una Marbella más conectada y habitable para todos sus habitantes.
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