La coordinadora local de Izquierda Unida (IU), Victoria Morales, ha lanzado un contundente llamado al Gobierno de Marbella para que se tome en serio la grave crisis del acceso a la vivienda asequible en el municipio. En un contexto donde el sueño de tener un hogar propio se ha convertido en una quimera para muchos marbellíes, Morales ha solicitado a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ponga fin a lo que denomina «urbanismo a la carta» enfocado en el desarrollo de propiedades de lujo.
La crítica de IU surge en un momento delicado, ya que el Ayuntamiento ha decidido subastar una parcela de 1.700 metros cuadrados en San Pedro por la cifra de cinco millones de euros. Esta decisión ha sido recibida con indignación por parte de Morales, quien argumenta que esta parcela podría haberse destinado a la construcción de inmuebles de carácter público que respondan a las necesidades habitacionales de la población. Según la coordinadora, la venta de este terreno refleja una falta de compromiso real por parte de la administración municipal hacia la promoción de vivienda asequible.
La situación del mercado inmobiliario en Marbella ha llevado a muchas familias a enfrentarse a precios desorbitados, dejando a la mayoría sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna. “La alcaldesa miente descaradamente. Subasta una parcela de titularidad municipal mientras sostiene que está buscando terrenos para construir vivienda asequible”, proclama Morales, enfatizando la contradicción en las acciones del Gobierno local. La incoherencia entre las declaraciones y las decisiones tomadas ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más engañados por las promesas incumplidas de la administración municipal.
Morales no solo ha criticado la gestión actual, sino que también ha instado a la alcaldesa a reconsiderar su enfoque y a utilizar los recursos disponibles de manera más efectiva. “¿Por qué no promueve vivienda en esa misma parcela en lugar de engañar a los vecinos?”, cuestiona, planteando un reto a la política urbanística de Muñoz, que, según los miembros de IU, parece estar más centrada en satisfacer intereses privados que en atender las demandas de la población más vulnerable.
Mientras la polémica se intensifica, el futuro de muchos jóvenes y familias sigue siendo incierto. La falta de opciones de vivienda asequible puede tener repercusiones a largo plazo en la cohesión social del municipio, y Morales entiende que la responsabilidad de abordar esta crisis recae en aquellos que ocupan el poder. La coordinadora de IU ha instado a la ciudadanía a permanecer alerta y a exigir un cambio en la política de vivienda, demandando a sus representantes locales un enfoque más serio y comprometido que verdaderamente aborde la problemática del acceso a un hogar.
La balanza entre el desarrollo económico y las necesidades sociales se presenta como un desafío crítico para Marbella, donde el altruismo en la política urbana podría marcar la diferencia entre una ciudad que da la bienvenida a todos o una que se convierte en un refugio exclusivo para unos pocos. Con este trasfondo, la presión sobre el Gobierno local para reorientar sus políticas es más urgente que nunca.
La situación de la vivienda en Marbella se ha convertido en un verdadero escándalo que no solo afecta a las familias locales, sino que también enfrenta a la administración con la realidad de una población que clama por soluciones. El hecho de que IU levante la voz contra lo que consideran una política de “urbanismo a la carta” es un reflejo claro de la frustración que sienten muchos marbellíes ante la venta de terrenos que podrían haber sido utilizados para construir viviendas asequibles. La contradicción entre las promesas de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de buscar soluciones habitacionales y la decisión de subastar una parcela por un precio exorbitante, pone de manifiesto una falta de coherencia y un escaso compromiso hacia las verdaderas necesidades de los ciudadanos. La administración municipal necesita entender que el acceso a la vivienda no es solo una cuestión económica, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado.
Es alarmante que, en un contexto donde la crisis habitacional se agudiza, todavía prevalezcan intereses privados por encima del bienestar colectivo. La llamada de Victoria Morales es un claro aviso sobre la responsabilidad que tiene el Gobierno local en la construcción de un futuro para los jóvenes y las familias que buscan un hogar digno. La falta de opciones asequibles no solo amenaza la cohesión social, sino que también crea una Marbella cada vez más excluyente. Si el Ayuntamiento persiste en este rumbo de desprecio por las necesidades de sus ciudadanos, corremos el riesgo de ver cómo Marbella se convierte en un refugio exclusivo para unos pocos, en lugar de la ciudad inclusiva que todos merecemos. Es hora de que los responsables actúen con responsabilidad y transparencia, poniendo fin a un ciclo de promesas vacías y definiendo un compromiso real con el acceso a la vivienda asequible.
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