La lucha contra los problemas de incapacidad y obsolescencia en los sistemas de saneamiento de Marbella y Estepona ha dado un giro significativo con el anuncio de una inversión de 120 millones de euros. Esta medida, presentada por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, tiene como objetivo mejorar la infraestructura esencial que conecta las estaciones de bombeo de aguas residuales en ambas localidades, un asunto que ha dejado entrever la falta de atención y recursos por parte de los municipios implicados.
Durante la presentación, Salas fue contundente en sus críticas hacia los municipios y mancomunidades que tienen la responsabilidad de gestionar el saneamiento. Señaló que ha existido una notoria falta de acción que ha llevado a la necesidad de una intervención gubernamental. La inversión estatal, que llega como un «rescate» a estas obras, se destinará a cuatro colectores, con tres de ellos ubicados en Marbella y uno en Estepona, buscando así resolver de manera efectiva los problemas que aquejan a los sistemas de drenaje en estas áreas.
Los trabajos de mejora se enfocarán en el colector arroyo de las Cañas-EBAR Guadalmansa en Estepona, así como en tres importantes colectores de Marbella: el arroyo Siete Revueltas-alle San Manuel, el calle San Manuel-EBAR Víbora y el arroyo Las Cabrillas-EBAR Víbora. Esta remodelación no solo aliviará los problemas actuales, sino que también sentará las bases para un sistema de saneamiento más eficiente y moderno en el futuro.
Salas destacó que esta inversión es parte del compromiso más amplio del Gobierno de Pedro Sánchez por mejorar la gestión del agua en Andalucía. Además de los 120 millones destinados a estas obras, el Gobierno ya ha destinado otros 100 millones de euros a la construcción de una desaladora en la Axarquía, así como 18 millones de euros para digitalizar el ciclo del agua en la región. Estos esfuerzos reflejan una intención clara de optimizar la gestión del recurso hídrico en 71 municipios de la provincia, un desafío que se presenta como indispensable ante los cambios climáticos y las necesidades crecientes de la población.
La inversión anunciada no solo promete mejorar la infraestructura, sino que también busca garantizar un entorno más saludable y seguro para los habitantes de Marbella y Estepona, además de revitalizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la gestión y mantenimiento de servicios tan cruciales como el agua y el saneamiento.
La reciente inversión de 120 millones de euros para modernizar el sistema de saneamiento en Marbella y Estepona, aunque bienvenida, debe ser entendida como un síntoma de una falta de proactividad y responsabilidad a nivel municipal. La crítica del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, hacia los municipios es un recordatorio doloroso de que la buena gestión de recursos hídricos se ha desdibujado en la vorágine del crecimiento urbanístico acelerado que, a menudo, ha priorizado los intereses económicos sobre las necesidades básicas de infraestructura pública. Es inaceptable que las localidades más beneficiadas por el auge turístico y la especulación inmobiliaria hayan permitido que sus sistemas de drenaje y saneamiento lleguen a un estado de incapacidad y obsolescencia tal que ahora requieran un rescate gubernamental. La falta de planificación y anticipación en la gestión municipal es un claro indicativo de que se necesita un cambio urgente en la forma en que las instituciones locales operan y rinden cuentas.
Aun así, la movilización de recursos por parte del Gobierno, tanto para esta modernización como para proyectos de desalación y digitalización del ciclo del agua, refleja un compromiso necesario en la lucha contra el desabastecimiento y la ineficiencia. No obstante, es vital que esta inversión no sea vista como un concepto aislado, sino como parte de una estrategia integral que involucre a los ciudadanos y a las comunidades locales en la gestión del agua. Este tipo de inversión debería ir acompañada de un modelo de gestión que priorice la sostenibilidad y la participación ciudadana en su planificación y supervisión. La confianza pública en las instituciones es esencial, y solo se establecerá con un enfoque colaborativo que permita que los habitantes de Marbella y Estepona no solo sean receptores pasivos de infraestructura renovada, sino actores clave en el cuidado y uso responsable de un recurso tan vital como el agua.
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