Agentes de la Policía Nacional han esclarecido un robo millonario de criptomonedas que se encontraban en custodia judicial. El dinero, que provenía de una operación internacional en la que se llevó a cabo la mayor incautación de criptomonedas de España, ha sido recuperado en su totalidad y reintegrado a la autoridad judicial. El arrestado, tras haber accedido a las claves, esperó tres meses a que éstas fueran entregadas al órgano encargado de su conversión a euros –Oficina de Recuperación y Gestión de Activos- en Madrid para presuntamente perpetrar el robo. Se han llevado a cabo tres registros simultáneos para poder encontrar las claves de las carteras digitales delictivas donde se guardaban las criptomonedas.

La incautación de las criptomonedas se remonta a septiembre de 2024 cuando los investigadores, en el marco de la operación “Geld”,participaron en una operación internacional en el sur de España contra un estafador que buscaba blanquear dinero ilícito obtenido con el tráfico de drogas. En el momento de la incautación de las criptomonedas estas tenían un valor de 17 millones de euros y las claves de las carteras digitales, donde se almacenaban, quedaron bajo custodia judicial en un sobre cerrado y sellado que permaneció varios días custodiado. Posteriormente este sobre fue enviado a una cuenta de consignaciones judiciales que se guardaba en una cámara acorazada hasta su traslado, tres meses después, hasta la ORGA. En enero de 2025 cuando la ORGA procedió a la monetización de los criptoactivos por orden judicial, descubrieron que las carteras estaban prácticamente vacías.

Investigación de todas personas que habían estado en contacto con el sobre

Una vez iniciadas las pesquisas, los agentes se centraron en todas las personas que habían estado en contacto con el mencionado sobre con las claves. Durante la investigación, se llevó a cabo un análisis pericial del sobre que contenía las contraseñas sin que se pudiera localizar ninguna huella ajena a las personas que podían haber accedido de manera legítima.

Avanzadas las investigaciones, los agentes centraron susindagaciones en un empleado de la administración que se encontraba en esos momentos realizando una sustitución durante el procedimiento judicial. El sospechoso era plenamente consciente del valor de lo intervenido y había indicios de que presuntamente había demorado la entrega del sobre a la cuenta de consignaciones judiciales. Según los investigadores, además, también había programado la llegada del sobre tres meses más tarde al organismo en Madrid encargado de su conversión en dinero, en un día próximo a la ejecución del robo. Asimismo, según investigaciones policiales, esta persona se autodefinía como criptoinversor y había comprado una billetera de cripto para guardar de manera segura las claves privadas.

Una bola de papel con las claves en el marco de la puerta

Finalmente, y con toda la información recabada, los agentes procedieron al registro simultáneo de tres localizaciones donde podrían esconderse las claves de las carteras digitales delictivas. En uno de los registros, bajo el marco de una puerta, se localizó una bola de papel en la que se encontraban apuntadas doce palabras que, tras la detención del principal sospechoso, se pudo comprobar que se trataban de las claves de accesos a las wallets d(carteras virtuales) onde se almacenaban las criptomonedas sustraídas.

El ahora arrestado había programado realizar el robo, cometido a mediados de diciembre del año pasado,posteriormente a que el sobre estuviera en poder de la ORGA, de este modo sería mayor el número de sospechosos que pudieran estar implicados en los hechos y así eludiría la investigación policial.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de que este haya anunciado que si el Gobierno de España «se siente incapacitado –para hacer el tren litoral–, que hable con nosotros», y le ha replicado que el Gobierno del ‘popular’ Mariano Rajoy «en el que también estaba Juan Manuel Moreno, no hizo absolutamente nada» por este transporte.

«El Gobierno de España ha dicho que hará el tren de la Costa del Sol ampliando su alcance desde Nerja hasta Algeciras para lo cual ya han sido licitados los estudios necesarios. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy, en el que también estaba Juan Manuel Moreno Bonilla, no hizo absolutamente nada», ha asegurado Salas.

Además el subdelegado ha dicho que le gustaría que Moreno explicara «al hablar de capacidades» si se refiere a su capacidad para «anunciar 2018 que si era presidente, como luego lo fue desde enero de 2019, el metro de Málaga llegaría en tres años al Parque Tecnológico de Andalucía sin que haya movido ni un papel hasta ahora».

El representante del Ejecutivo central en la provincia también ha cuestionado la capacidad del presidente de la Junta por «tras más de seis años gobernando encargar ahora un estudio para ver adonde lleva el metro cuando prometió llevarlo al PTA y a la zona este de Málaga en la campaña de 2018».

Salas también ha recriminado a Moreno «prometer en la campaña de 2018 una autovía entre Málaga y Ronda sin que en los más de seis años que lleva gobernando haya ejecutado ni un centímetro de la misma».

Y en similares términos se ha pronunciado sobre el desdoblamiento de carreteras autonómicas, «sin ejecutar ni un centímetro», en especial la A-355 que conecta Cártama y Marbella «y que soporta retenciones diarias además de una alta siniestralidad».

Salas también ha cargado contra Moreno por «mantener a la Serranía de Ronda incomunicada con la Costa del Sol tras el desprendimiento sufrido en la A-397 en marzo pasado con una previsión de apertura de seis meses y tras prometer en 2021 una inversión de 15 millones de euros que no se ha ejecutado».

Y por último, el subdelegado del Gobierno ha dicho que Moreno «es el menos indicado para hablar de capacidad, pero sí tiene un sobresaliente en promesas incumplidas». «¿Esta es la capacidad a la que se refiere?», se ha preguntado.

Un hombre de 53 años ha resultado herido en la tarde de este lunes tras explotar una bombona de cloro en una urbanización de Marbella (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 recibió a las 14.10 horas un aviso porque había explotado un bidón de productos químicos para piscinas en la Urbanización Reserva II Artola y había herido a un hombre que estaba trabajando en el lugar. De inmediato, la sala coordinadora de emergencias dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES), a los Bomberos, a la Policía Local, a la Nacional, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que el herido, un hombre de 53 años, ha sido evacuado al Hospital Costa del Sol. La Policía Nacional, por su parte, ha indicado que lo que ha explotado ha sido una bombona de cloro, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

Un varón ha sido evacuado al hospital Costa del Sol de Marbella, después de ser víctima de un disparo efectuado por otro hombre en una discoteca de Marbella (Málaga).

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, testigos presenciales de los hechos avisaban a los servicios de urgencias sobre las 4,30 horas de la madrugada de este Viernes Santo.

En concreto, relataban que un varón había disparado a otro en una discoteca localizada la calle Príncipe Salimam de Marbella, para posteriormente huir en coche de la escena de los acontecimientos.

Tras ello, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 trasladaba a un varón de 34 años afectado por los hechos al hospital Costa del Sol.

Agentes de la Policía Nacional han interceptado en las inmediaciones de Jaca (Huesca) un convoy que transportaba 400 kilos de hachís con destino a Francia. La organización utilizaba el método go fast, basado en convoyes a gran velocidad con vehículos lanzadera que aseguraban la ruta para un coche de carga que transportaba la droga, dificultando así la actuación policial. Como resultado, fueron detenidos cinco ciudadanos franceses, con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Tres de ellos ingresaron en prisión provisional.

Intervención clave en Huesca con 400 kilos de hachís incautados

El pasado 6 de abril, y tras una intensa labor de seguimiento, los agentes consiguieron interceptar en las inmediaciones de Jaca (Huesca) un convoy formado por tres vehículos: dos de tipo “lanzadera” encargados de asegurar la ruta y una furgoneta de carga que transportaba diez fardos de arpillera con un peso total de 400 kilogramos de hachís.

El conductor del vehículo de carga, que portaba una matrícula doblada y había sido sustraído en Francia, embistió a los agentes durante la intervención y huyó campo a través, mientras que los tres ocupantes de los vehículos lanzadera fueron detenidos in situ. Posteriormente, el 7 de abril, se realizaron nuevos registros en un domicilio alquilado en Marbella, que culminaron con la detención de otros dos miembros de la red.

Investigación iniciada en 2024

La investigación se inició en noviembre de 2024, cuando los investigadores detectaron la presencia de varios individuos sospechosos vinculados al tráfico de drogas en la Costa del Sol. A partir de ese momento, se activó una vigilancia discreta que permitió constatar que los integrantes de la organización utilizaban documentación falsa para alquilar vehículos que luego eran empleados en actividades delictivas.

El desarrollo de la investigación se caracterizó por la alta movilidad de los sospechosos, que cambiaban frecuentemente de vehículos y se desplazaban de forma habitual entre España, Marruecos y Francia, lo que dificultó notablemente su seguimiento. Se descubrió también que algunos de los vehículos utilizados estaban robados en Francia y que portaban matrículas clonadas, un indicio claro de la profesionalización del grupo.

Método go fast

La organización criminal operaba mediante el sistema go fast, una técnica de transporte de drogas que consiste en realizar traslados rápidos por carretera utilizando vehículos de alta gama o discretos, en convoyes compuestos por coches “lanzadera” que se adelantan para detectar controles policiales y un vehículo “de carga” que transporta la droga.

Los miembros del grupo utilizaban documentación falsa para alquilar vehículos, que eran constantemente cambiados tras cada operación con el fin de dificultar la labor policial. También hacían uso de vehículos sustraídos en Francia, a los que les colocaban matrículas “dobladas” (clonadas de otros vehículos del mismo modelo) para evitar ser identificados.

Además, los investigados extremaban las medidas de seguridad, modificaban sus rutas de forma constante y mantenían frecuentes desplazamientos entre España, Marruecos y Francia. Durante los seguimientos, se detectaron compras de herramientas, lonas, sierras y otros elementos que hicieron sospechar de posibles planes de secuestro o atentado contra la integridad de personas, lo que precipitó la intervención judicial y la activación de medidas de vigilancia intensiva.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, ya que se sigue analizando la documentación intervenida y se trabaja en la identificación del conductor del vehículo que transportaba la droga y que logró huir a pie tras embestir a los agentes durante la intervención en Huesca.

Operación cofinanciada con Fondos Europeos del Fondo de Seguridad Interior

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración y apoyo de EUROPOL, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se enfoca en  cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.

El Complejo Ambiental Costa del Sol tratará temporalmente los residuos procedentes del Campo de Gibraltar, según han aprobado este miércoles en la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que ha celebrado sesión ordinaria.

Al respecto, el presidente de la entidad, Manuel Cardeña, ha afirmado que «dentro de clima de constante colaboración con el Campo de Gibraltar, con el que siempre mantenemos extraordinarias relaciones, vamos a prestarles nuestra ayuda en el tratamiento de sus residuos durante un tiempo, mientras vuelven a poner en funcionamiento sus instalaciones, del mismo modo que ellos colaboraron con nosotros en otras ocasiones, especialmente durante la pasada sequía».

El pasado 29 de marzo un incendio provocó daños en el Complejo Medioambiental Sur de Europa de Arcgisa, en Los Barrios (Cádiz), que inutilizó una parte importante de las instalaciones.

Días más tarde el director general de Arcgisa solicitó al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental «el uso temporal de una parte del proceso de clasificación de los residuos, concretamente en la clasificación inicial de los residuos brutos en tres fracciones primarias: orgánica, rechazos irrecuperables y flujo valorizable. Una vez separados se trasladarán nuevamente al Complejo Medioambiental Sur de Europa, donde continuarán con su procesamiento en las instalaciones no afectadas por el incendio».

Cardeña ha señalado que «la previsión sobre el uso temporal del proceso de clasificación en el Complejo Ambiental Costa del Sol ascenderá a cuatro meses, lo que supondrá trasladar alrededor de 60.000 toneladas».

«La planta de tratamiento de residuos urbanos del Complejo Ambiental Costa del Sol tiene actualmente cuatro líneas de tratamiento, con una capacidad total de 140 toneladas/hora, contando con capacidad suficiente para asumir temporalmente el tratamiento de los residuos procedentes del Complejo Medioambiental Sur de Europa», ha añadido.

Por último, el presidente de la Mancomunidad ha indicado que «la entrada de estos residuos no supondrá ningún coste extraordinario a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental».

El grupo municipal socialista en Marbella (Málaga) ha presentado al próximo pleno ordinario una moción para solicitar que el Ayuntamiento designe un espacio público dedicado a la memoria histórica y que lleve el nombre de Pasionaria León Díaz, superviviente de ‘La Desbandá’ y residente en el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara desde hace casi 40 años, en memoria de las personas que sufrieron la represión franquista en el municipio.

La portavoz socialista Isabel Pérez ha recordado que el Gobierno de España ha otorgado la distinción de Lugar de Memoria Democrática a ‘La Desbandá’, el trágico éxodo, persecución y masacre que sufrió la población civil en la ruta entre Málaga y Almería en febrero de 1937.

Pérez considera que esta decisión es «un avance en el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista» y solicita que se extienda «a aquellos ciudadanos de nuestro municipio que vivieron esa tragedia en carne propia».

Por ello, plantea un espacio público en el que se recuerde a todas las personas que sufrieron la represión franquista y al que piden que se le dé el nombre de una vecina de San Pedro Alcántara.

Se trata de Pasionaria León Díaz, quien, a la edad de ocho años, inició junto a su madre embarazada y su hermano la huida desde La Línea de la Concepción por una carretera N-340 plagada de cadáveres. Lograron sobrevivir a los bombardeos de los buques franquistas sobre la población civil.

Al regresar a su pueblo, tanto Pasionaria como sus hermanos (Liberto y Servet) fueron obligados a cambiarse sus nombres y les impusieron los del santoral.

Pasionaria, como quiere ser conocida pese a que la obligaron a llamarse Isabel, cumplió recientemente 96 años y reside en San Pedro Alcántara desde el año 1986, procedente de Canarias, donde desarrolló una larga trayectoria profesional como empresaria, con la puesta en marcha de unas galerías comerciales y talleres de confección.

«Es testimonio vivo, silenciado por la historia, de las atrocidades cometidas por las tropas franquistas contra la población civil al convertirla en un objetivo militar», ha señalado la portavoz socialista.

«Consideramos que merece un homenaje por todo el sufrimiento que padeció, porque le robaron hasta el nombre», ha señalado Isabel Pérez, quien ha añadió que el reconocimiento sería extensivo a todas las personas que «sufrieron la represión franquista en el municipio de Marbella».

La Policía Local de Marbella ha intervenido casi un millar de artículos supuestamente falsificados en el mercadillo de Nueva Andalucía, en una operación por un presunto delito contra la propiedad industrial en la que se investiga a cinco personas.

Según señalan desde el Consistorio en una nota informativa, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando el operativo, integrado por ocho agentes adscritos a la Unidad de Prevención y sin vestir uniforme, llevó a cabo un dispositivo de vigilancia tras tener conocimiento de la denuncia interpuesta por un despacho de abogados del País Vasco sobre la posible venta ambulante de falsificaciones en distintos puestos del mercado semanal.

Los policías observaron como en cinco de ellos se exponían para la venta productos supuestamente falsos y, tras identificarse e identificar a su vez a las personas que se encontraban desarrollando la actividad ambulante, procedieron a informarles de los derechos que les asisten como investigados no detenidos por incurrir en un presunto delito contra la propiedad industrial y a requisar la mercancía.

Los policías intervinieron un total de 979 unidades: 92 prendas de vestir, 150 bolsos, 94 calzados, 26 piezas de bisutería y 627 artículos de complementos de ropa y otros productos. Medio centenar de los efectos se derivaron para su análisis y el resto de la mercancía quedó depositada en las dependencias de la Jefatura de Policía Local a disposición de la autoridad judicial, solicitándose además a la misma que se autorice su destrucción a la mayor brevedad para solventar posibles problemas de falta de espacio para su almacenamiento.

Por su parte, los cinco investigados (con edades comprendidas entre los 31 y los 50 años, de origen marroquí y residentes en Torremolinos y Málaga) fueron citados para prestar declaración.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a tres acusados por introducir droga en territorio español, oculta en una embarcación tipo yate; mientras que ha absuelto a un cuarto acusado tras estimar el recurso de apelación de su defensa.

Según se declaró probado por la Sala de Málaga, y ahora se mantiene en la sentencia del TSJA, como consecuencia de una investigación policial previa, en julio de 2021 agentes de Vigilancia Aduanera que formaban la tripulación de un patrullero localizaron a la embarcación tipo yate de bandera británica.

Esa embarcación estaba vigilada policialmente y constaba que había partido del puerto deportivo de La Bajadilla de Marbella (Málaga) días antes. Fue localizada en una zona de costa en Marruecos, donde había permanecido durante varios días en navegación irregular, pero observaron que posteriormente se dirigió a la costa española.

Ante «las claras sospechas de que la embarcación citada pudiera transportar sustancias ilícitas para introducirlas en territorio nacional», cuando estaba en aguas internacionales, se solicitó autorización previa al Reino Unido para el abordaje, como prevé la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Al ser autorizado, se realizó el abordaje y una vez a bordo, los agentes encontraron en el barco como tripulantes a dos de los acusados cuya condena se ha confirmado y otro individuo que fue declarado en rebeldía, los cuales transportaban en la embarcación un número indeterminado de fardos con sustancia estupefaciente.

Una vez llegado al puerto próximo de Cádiz, se practicó en presencia del acusado rebelde el registro judicialmente autorizado de la embarcación y se encontraron un total de 96 fardos en camarotes y en la zona de la cubierta, escondidos debajo de los aparejos, todos con resina de cannabis, en total 2.785 kilos.

Según la Audiencia de Málaga, los otros dos acusados «llevaron a cabo los preparativos para introducir la partida de hachís procedente de Marruecos» en las costas de la provincia de Málaga. Por eso, condenó a los cuatro procesados por un delito contra la salud publica a cuatro años y medio de prisión y multa de más de 18 millones de euros.

Pero el alto Tribunal andaluz ha estimado el recurso presentado por uno de estos últimos hombres, por lo que modifica el relato de hecho probados para determinar que «no consta» que este procesado participara en la organización ni en el transporte de la droga intervenida.

Así, la Sala de apelación considera no acreditado que el usuario de un móvil intervenido fuese este acusado ni que «la voz que se le atribuye en las conversaciones intervenidas fuera realmente la suya, correspondencias ambas que no admiten el acusado y su defensa y que no quedaron esclarecidas en el juicio oral».

En definitiva, señala que la carga para llegar a la convicción de culpabilidad respecto de este acusado «se limita a su relación personal con uno de los intervinientes en la operación enjuiciada además de su aparición como sujeto pasivo de anteriores investigaciones relativas a hechos de la misma naturaleza».

Por esto, el TSJA considera «claro que las posibles sospechas o conjeturas que se trate de plantear con tales bases no pueden escalar hasta la condición de datos probados»; por lo que revoca de forma parcial la sentencia en el sentido de absolver a este procesado, mientras confirma el resto de la resolución tras desestimar los demás recursos.