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No resistió a la tentación durante la supervisión en su ejercicio profesional en funciones como letrado de la Administración de Justicia sustituto (LAJ, antigua denominación de los secretarios judiciales), en una investigación policial en la que se incautaron unos 15 millones de euros procedentes de actividades ilegales en la Costa del Sol, y decidió apoderarse de las claves para hacerse con dicho importe. Pero ha sido descubierto por la Policía y detenido, no sin antes devolver la ingente cantidad indicando las claves secretas.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado la semana pasada, tras la detención y declaración de este funcionario de Justicia destinado en la provincia, la suspensión de sus funciones por su presunta implicación en la sustracción de una importante cantidad de criptomonedas, que se encontraban bajo su custodia judicial.
El funcionario habría participado como secretario o LAJ en una entrada y registro organizada durante un dispositivo policial en Marbella, en septiembre de 2024, y en la que tuvo acceso a los sobres donde se encontraba la documentación sobre las criptomonedas, que fueron incautadas a un ciudadano extranjero residente en la zona costera. Es cada vez más habitual que las mafias de narcotráfico internacionales utilicen este sistema de opacidad financiera para ocultar el origen ilegal del dinero.
De este modo, las claves con el código alfanumérico habrían pasado a su poder y en vez de depositar el sobre en una caja de seguridad tras la operación policial, habría aprovechado un día de permiso tras un fin de semana para acceder a dicho contenido, devolviendo la documentación al Juzgado posteriormente.
Los investigadores sospechan que la apertura del sobre tan valioso se habría realizado mediante un método químico sofisticado, para no dejar huellas de la sustracción de los datos, volviendo posteriormente a sellarlo y ser entregado a una compañía de seguridad privada que trabaja para el Ministerio de Justicia.
El contenido sobre las criptomonedas habría llegado a Madrid en el mes de diciembre, y fue a partir de ahí cuando las alarmas saltaron en el ORGA. Es en esta Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, cuando los especialistas convierten las monedas en euros, para ser incautadas provisionalmente por la Administración hasta la celebración del juicio y dictado de una sentencia.
ARRESTO Y DECLARACIÓN EN EL JUZGADO
La investigación del empleado público, que tiene plaza de gestor procesal titular y que había accedido a la bolsa para ocupar una vacante como secretario judicial sustituto en el Juzgado número 1 de Marbella, se inició por parte del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga al detectar estas ‘anomalías’ durante la custodia.
Las indagaciones se abrieron en diferentes ámbitos jurisdiccionales de la costa y la capital, hasta que se pudo determinar que había sido el detenido el que tuvo conocimiento de las palabras claves que le permitieron acceder a la cuenta en la que se habían depositado los 15 millones de euros en criptomonedas. Su valor ha ido fluctuando en función de los movimientos económicos, llegando a alcanzar los 19 millones de euros.
Uno de los indicios para resolver este caso ha sido que los investigadores comprobaron cómo el funcionario alardeaba en redes sociales de ser un ‘experto en criptomonedas’.
La sustracción fue llevada a cabo antes de que el contenido del billetero electrónico, en el que fueron depositadas las criptomonedas, fuera entregado a la Oficina de Recuperación del Ministerio. Al parecer, el secretario sustituto negó inicialmente su vinculación con los hechos y fue, posteriormente, cuando facilitó a los agentes los datos y palabras necesarias que hicieron posible la recuperación de dicha cantidad. Claves que habría ocultado en su domicilio y que fueron trasladadas por la Policía hasta la Oficina en la capital de España, para luego convertir el importe en euros e ingresarlos en la cuenta oficial.
Fuentes de la investigación señalan que el origen, presuntamente ilícito de los fondos, y de la titularidad de los mismos por parte de redes internacionales, molestas porque un funcionario público se hubiera apoderado de «su dinero», habrían facilitado la confesión del secretario sustituto.
Este empleado de justicia había ejercido en la categoría de tramitador procesal en un Juzgado de lo Penal de la capital malagueña, promocionando posteriormente a la categoría superior de gestor en la que ya tenía su plaza fija. En el año 2023 decidió presentarse a la bolsa para ocupar una plaza vacante como secretario judicial, sistema al que pueden acceder los funcionarios y licenciados en Derecho para cubrir aquellos puestos para periodos de sustitución de los secretarios titulares o de traslados temporales y de bajas de enfermedad o familiares.
Y como gestor con la carrera de Derecho fue llamado para sustituir a la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que había sido destinada en una comisión de servicio a Madrid. Fue en este destino, a lo largo de 16 meses, entre el 20 de octubre de 2023 y el 2 enero de 2025, hasta que se incorporó la LAJ titular, cuando tuvo acceso a la investigación por la que la Policía se había incautado de cerca de 15 millones de euros en criptomonedas.
Era la primera vez que ejercía este tipo de funciones del Cuerpo Superior de Letrados en un órgano judicial, aunque ya tenía trayectoria profesional en los juzgados.
Ahora, este secretario sustituto ha sido imputado por la presunta comisión de un delito de malversación cometido por funcionario público y de infidelidad en la custodia de documento público. Fuentes del TSJ indicaron que de continuar adelante las diligencias previas por este caso, el imputado será juzgado por un tribunal de jurado popular.
El miércoles 9 de abril, el Juzgado de Guardia de Málaga le tomó declaración y, tras prestar su testimonio, acordó su libertad provisional con la citada medida cautelar de suspensión de sus funciones en el órgano judicial.
Una suspensión de empleo que inicialmente se desconoce si le afectará a su puesto como gestor procesal titular, ya que está decisión de apartarlo correspondería a la Junta de Andalucía al estar transferido este personal a la Consejería de Justicia.
Fuentes del TSJA señalaron que mientras que se ha acordado mediante un auto la suspensión de sus funciones como letrado de la Administración de Justicia, por parte del secretario coordinador de Málaga, autoridad máxima que controla las gestiones laborales de los LAJ, se ha elevado una petición al Ministerio de Justicia para que el investigado sea definitivamente expulsado o cesado de la Bolsa de Trabajo de Secretarios Judiciales Sustitutos, en la que también habría ejercido cerca de tres meses como letrado judicial temporal destinado hasta abril en Vélez-Málaga.
La recuperación de la totalidad de lo sustraído será determinante para que cuando se efectúe la acusación por parte del Ministerio Fiscal la pena que se solicite para este funcionario se reduzca sustancialmente, después de la instrucción del Juzgado 4 de Marbella. El Código Penal establece pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público en el caso de ser condenado.
