Durante los últimos días, un grupo de trabajadores del Albergue Municipal de Málaga ha estado protestando a las puertas del Ayuntamiento, expresando su preocupación por la incertidumbre que rodea su futuro laboral tras la decisión del consistorio de privatizar este centro de acogida para personas sin hogar, ubicado en la calle Donoso Cortés. A pesar de que el pliego del Ayuntamiento prometía la subrogación de sus empleos, los manifestantes no han encontrado consuelo en estas palabras y se han sentido desalentados por la falta de garantías.
En esta jornada, la protesta tomó un giro significativo cuando los empleados se unieron a la iniciativa del Grupo Municipal Socialista, que tiene previsto presentar una moción en la próxima comisión de Derechos Sociales. La propuesta busca revertir el proceso de privatización del albergue, una decisión que ha sido criticada por los trabajadores y defensores de los derechos sociales. Rosa del Mar Rodríguez, portavoz socialista y defensora de la moción, no escatimó en palabras al señalar que “los pobres no quedan bien en la foto”, aludiendo a la proximidad del albergue con terrenos que podrían ser altamente valorados gracias a su cercanía al futuro puerto deportivo de San Andrés.
La psicóloga del centro, María José Jurado, quien ha dedicado su carrera a ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles, también se sumó a las declaraciones provocativas, afirmando que “urge vender esos terrenos con vistas al mar”. Esta afirmación refleja no solo el temor de los trabajadores, sino también la creciente percepción de que la privatización podría responder a intereses económicos más que a un verdadero compromiso con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Durante la rueda de prensa, los sindicatos y empleados del albergue, incluidos la auxiliar de hogar Elena Molina y el trabajador social Miguel Ángel Montero, manifestaron su determinación por defender los derechos de quienes, a menudo, son invisibilizados por la sociedad. Las expresiones de apoyo de los ciudadanos que se han sumado a las protestas resaltan la importancia de llevar a cabo un cambio en el enfoque de la atención a las personas sin hogar, tratando de evitar que estas decisiones políticas busquen el lucro en lugar de garantizar la dignidad de quienes más lo necesitan.
Mientras las manifestaciones continúan en el corazón de Málaga, queda clara una cosa: la lucha por un futuro digno para los más vulnerables continúa, y los empleados del albergue, acompañados por la voz de los socialistas, se empeñan en mantener vivo el debate sobre la responsabilidad social en la gestión de estas instituciones. La próxima comisión de Derechos Sociales podría ser clave en la resolución de este conflicto, donde la voz de la comunidad y de los trabajadores se hace cada vez más fuerte.
La reciente manifestación de los empleados del Albergue Municipal de Málaga pone de relieve un punto crítico en la actual gestión de los servicios sociales: la falta de consideración por los efectos que la privatización tiene en los trabajadores y, sobre todo, en los más vulnerables. A pesar de las promesas de subrogación de empleos, es evidente que la incertidumbre rige en la vida de los empleados que, a menudo, conocen de primera mano las necesidades de las personas a las que sirven. La preocupación manifestada en las calles no es solo por el futuro laboral de estos trabajadores, sino que también representa una inquietud más amplia sobre la dirección que tomará la atención a las personas sin hogar en una Málaga que ha visto el aumento de intereses económicos que prioritariamente buscan el lucro antes que la dignidad social. Este contexto exige un análisis profundo del verdadero coste social de la privatización, que a menudo se traduce en la despersonalización de servicios vitales para muchos.
La voz de los trabajadores y la cohesión mostrada en esta lucha es un signo esperanzador en tiempos de creciente desinterés por los problemas sociales. Es alentador ver que el Grupo Municipal Socialista se suma a esta iniciativa, mostrando que, al menos, existe una parte de la clase política dispuesta a cuestionar el statu quo y poner en primer plano la defensa de los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, no solo se trata de revertir decisiones como la de la privatización; se necesita un cambio estructural que promueva un enfoque más integral y humano en la atención a estos colectivos, que incluya no solo la voz de quienes trabajan con ellos, sino también de aquellos que reciben su ayuda. La próxima comisión de Derechos Sociales se presenta como una oportunidad valiosa para redirigir el rumbo y reafirmar el compromiso de Málaga con el bienestar de todos sus ciudadanos, especialmente los que más lo necesitan.
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