La polémica en torno a la nueva instrucción del Ayuntamiento de Málaga sigue creciendo, con la Asociación de Apartamentos Turísticos de Málaga y la Costa del Sol (Atumarcos) alzando la voz en contra. Según la asociación, esta instrucción que exige entradas independientes para los alojamientos turísticos no tiene base legal sólida, y más bien parece ser un intento de limitar la proliferación de este tipo de viviendas en la ciudad.
Para Atumarcos, esta medida parece ignorar el carácter de vivienda de los apartamentos turísticos, destacando el uso de hospedaje por encima de su función principal. Consideran que esta instrucción dificultaría en gran medida la operatividad de los apartamentos turísticos, ya que no solo implicaría la instalación de entradas independientes, sino también la creación de servicios generales exclusivos para cada vivienda.
La asociación argumenta que el nuevo decreto andaluz de viviendas turísticas permite a los ayuntamientos establecer limitaciones en función del interés general, pero aplicar las restricciones del PGOU de Málaga a las VUT sería equivalente a prohibirlas en su totalidad. Además, consideran que la decisión del Ayuntamiento de Málaga es desproporcionada, ya que se estarían eliminando todas las viviendas turísticas sin un estudio previo de la situación en la ciudad.
La polémica en torno a la nueva instrucción del Ayuntamiento de Málaga ha generado un debate interesante entre los actores involucrados en el sector de los apartamentos turísticos. La postura de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Málaga y la Costa del Sol (Atumarcos) es clara en cuanto a su desacuerdo con la medida, argumentando que carece de fundamentos legales sólidos y que limitaría significativamente la operatividad de los alojamientos turísticos en la ciudad. Parece que esta instrucción apunta más a regular y controlar la proliferación de este tipo de viviendas que a proteger los intereses de los ciudadanos o turistas.
Desde Atumarcos se destaca que los apartamentos turísticos son, ante todo, viviendas y que esta instrucción ignora su naturaleza primordial. La preocupación por la obligación de contar con entradas independientes y servicios exclusivos para cada vivienda parece justificada, ya que supondría un enorme desafío logístico y económico para los propietarios. Además, las críticas a la falta de un estudio previo y de una justificación clara por parte del Ayuntamiento resaltan la necesidad de una mayor transparencia y diálogo en la toma de decisiones que afectan a un sector tan importante para la economía de la ciudad como es el turismo.
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