El Pleno del Ayuntamiento de Málaga celebrado este jueves se convirtió en un escenario de emociones encontradas, donde el reconocimiento a los colectivos malagueños que se desplazaron a Valencia para ayudar tras la devastadora DANA se entrelazó con tensiones políticas sobre la crisis habitacional. Durante la sesión, el alcalde Paco de la Torre comenzó rindiendo homenaje a organizaciones como los bomberos, Protección Civil y empresas municipales, cuya labor solidaria resalta la esencia de la comunidad malagueña en momentos de adversidad.
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la aprobación de la modificación del PGOU, clave para declarar 43 zonas de Málaga como «tensionadas». Este acuerdo, que había quedado estancado en la sesión anterior, vio finalmente la luz con un voto a mano alzada, aunque el proceso aún requiere ajustes para su adecuada implementación. La importancia de esta modificación radica en su potencial para abordar la creciente problemática de la vivienda, un tema central en el debate municipal.
A medida que avanzaba el pleno, las tensiones políticas tomaron protagonismo. El regidor Paco de la Torre y el líder de la oposición, Dani Pérez, protagonizaron un intenso intercambio de argumentos sobre la crisis habitacional que azota a la ciudad. De la Torre, aunque reconoció que el problema de la vivienda es «grande» y que se destina un esfuerzo considerable para mitigar sus efectos, desestimó las propuestas de Pérez de declarar la ciudad como zona tensionada por la vivienda. “Hacemos más de lo máximo, no hay ningún ayuntamiento en España que se nos acerque”, enfatizó el alcalde.
La inquietud de Pérez radica en el creciente número de malagueños que se ven obligados a abandonar sus barrios por el aumento desmesurado de los alquileres, que en algunos casos alcanzan los 1.200 euros. El líder socialista no dudó en recordar que Málaga cuenta con más de 13,000 viviendas de uso turístico, lo que intensifica la presión sobre el mercado del alquiler tradicional.
El concejal de Vivienda, Paco Pomares, se defendió al detallar la creación de más de 5,100 viviendas de protección oficial (VPO) en diversos puntos de la ciudad, como Buenavista y el Cortijo Merino. Sin embargo, la oposición argumentó que estas iniciativas son insuficientes ante la creciente demanda, que actualmente supera los 33,000 malagueños en espera de una vivienda protegida. La inquietud se acentuó cuando Pérez solicitó valentía al alcalde para exigir a la Junta de Andalucía una colaboración más efectiva en este asunto crítico.
El intercambio de ideas culminó sin un acuerdo sólido, y las críticas se intensificaron, especialmente desde partidos como Con Málaga y Vox, que exigieron acciones concretas del gobierno nacional para la construcción de las viviendas prometidas. Este clima de polarización dejó claro que la lucha por una solución habitacional en Málaga apenas comienza, y muchos ciudadanos permanecen en la incertidumbre de su futuro en la ciudad.
Con un panorama así, el pleno resultó ser un microcosmos de los retos que enfrenta Málaga. Mientras se levantaron por un lado las palmas a la solidaridad y el esfuerzo de la comunidad, por otro se manifestaron las inquietudes y frustraciones de aquellos que buscan un hogar en una ciudad que parece no dar abasto ante la presión del mercado. La jornada fue también un recordatorio de que la política y la realidad social están irremediablemente entrelazadas, y que el camino hacia soluciones efectivas es largo y complejo.
La reciente sesión del Pleno Municipal de Málaga ha revelado, de manera cruda, las tensiones entre el reconocimiento de la solidaridad social y la dura realidad de la crisis habitacional que atraviesa nuestra ciudad. Aunque el alcalde Paco de la Torre y su equipo realizaron un esfuerzo por presentar las cifras de viviendas de protección oficial, la realidad es que estas medidas son apenas un pequeño parche frente a un abismo. La oposición, liderada por Dani Pérez, dejó claro que las políticas actuales son insuficientes para los más de 33,000 malagueños que esperan desesperadamente una solución habitacional. Decir que se está haciendo más de lo que se puede es ignorar la cruda cotidianidad de aquellos que deben enfrentarse a alquileres prohibitivos y al desalojo de sus barrios.
La aprobación de la modificación del PGOU para declarar zonas «tensionadas» es un paso en la dirección correcta, pero sin un compromiso firme y efectivo por parte del Ayuntamiento, esta medida podría quedarse en una simple declaración de intenciones. La insistencia de los partidos como Vox y Con Málaga en exigir soluciones reales evidencia un clima de polarización donde la gestión de la vivienda no puede ser más que un juego político. Es necesario que los responsables comprendan que la falta de acción concreta no solo perpetúa la crisis, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus líderes. La lucha por una vivienda digna no es solo un debate político: es una cuestión humana que requiere una respuesta sólida y a la altura de las necesidades de nuestra comunidad. Sin duda, el tiempo de las palabras ha quedado atrás; ahora es momento de tomar decisiones valientes y efectivas.
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