La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha puesto en marcha un proyecto clave para la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley en Málaga. La gestión del nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) ha sido recientemente anunciada en licitación, marcando un hito en la atención a esta población especialmente vulnerable. Dotado con 50 plazas, el centro se propone ofrecer un espacio adecuado para la reeducación de jóvenes que cumplen medidas judiciales, una necesidad que hasta ahora había dejado a la provincia en desventaja.
Con un presupuesto total de 22.981.067,35 euros, IVA incluido, las entidades interesadas en gestionar esta infraestructura tienen hasta el 30 de diciembre para enviar sus propuestas. El contrato, que contempla un periodo de 48 meses con posibilidad de prórroga, permitirá que este recurso esencial comience a funcionar desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2029. La puesta en marcha de este CIMI se convierte en una respuesta a la creciente necesidad de espacios específicos para la atención de menores, atendiendo así a las mediciones de justicia juvenil que exigen un enfoque más integral todavía.
Este nuevo centro no solo será un espacio físico; se plantea como un entorno diseñado para ofrecer tratamientos específicos que abordan los problemas de conducta, adicciones y dificultades sociales de los jóvenes infractores. La entidad adjudicataria deberá contar con instalaciones apropiadas, distribuidas en 23 plazas masculinas, 15 femeninas y 12 de internamiento terapéutico para chicos, proporcionando un enfoque diversificado y adaptado a las distintas necesidades de los menores.
El equipo a cargo del CIMI estará conformado por profesionales multidisciplinarios, incluyendo educadores, psicólogos y trabajadores sociales, quienes trabajarán en conjunto para desarrollar programas de reeducación que promuevan la reinserción social efectiva de estos jóvenes. En este sentido, la Consejería de Justicia destaca que la creación de este centro es una medida que busca equilibrar las oportunidades de cumplimientos de medidas judiciales dentro de la comunidad, similar a lo que se logró con la apertura del CIMI Genil en Granada.
Es importante destacar que hasta la fecha, Málaga es la única provincia andaluza sin un CIMI, lo que obligaba a los jóvenes en esta situación a ser derivados a centros en otras localidades, lejos de su entorno familiar. Esta situación no solo complicaba el proceso de reinserción, sino que también incrementaba la sensación de desarraigo entre los menores. Con el nuevo CIMI, el Gobierno andaluz busca crear un ambiente que favorezca la vinculación familiar y la continuidad educativa, elementos clave para el éxito de su rehabilitación.
La decisión de construir este CIMI responde a un análisis integral de las necesidades de la juventud almeriense, y se enmarca dentro de un enfoque mayor en la justicia juvenil que prioriza la prevención y el tratamiento sobre el castigo. Con la gestión prevista para comenzar en 2025, se abre un nuevo capítulo en el compromiso de Andalucía con la justicia y el bienestar de sus jóvenes, destinada a darles una segunda oportunidad en la vida.
La creación del nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en Málaga es, sin duda, un avance positivo que responde a una necesidad urgente en nuestra comunidad. Hasta ahora, la provincia ha estado en desventaja frente a otras localidades andaluzas al no contar con un espacio específico para la rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley. Este nuevo centro propone un enfoque más humano y adaptado a las realidades de los menores, ofreciendo 50 plazas que permitirán trabajar en la reinserción social de forma más efectiva y cercana, lo cual es un paso fundamental hacia la recuperación de estos jóvenes. Sin embargo, es crucial que este proyecto no se vea solo como una solución a corto plazo, sino que se sustente en programas de reeducación diseñados por equipos multidisciplinarios que aborden de manera integral las problemáticas de cada menor.
A pesar de la ilusión que genera esta iniciativa, también debemos ser cautelosos. La verdadera efectividad del CIMI dependerá en gran medida de los recursos que se destinen a su funcionamiento y de la calidad de la gestión que se lleve a cabo. No podemos caer en el error de pensar que, por el simple hecho de tener un edificio, se resolverán los problemas de conducta y reintegración. Es esencial que se priorice la formación continua de los profesionales involucrados y la creación de un ambiente que fomente el vínculo familiar y la educación, pilares que, se ha demostrado, son cruciales para el éxito de la rehabilitación. La sociedad debe estar atenta en los próximos años para asegurar que esta iniciativa no se quede en un mero compromiso político, sino que se transforme en una realidad tangible y efectiva para nuestros jóvenes más vulnerables.
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