La lucha contra el narcotráfico en Andalucía recibe un nuevo revés para los involucrados en una de las operaciones más emblemáticas de los últimos años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, condenando a once individuos, entre ellos un guardia civil y dos policías nacionales, a siete años y seis meses de prisión y una multa que asciende a más de 45 millones de euros por introducir en España 367 kilos de cocaína proveniente de Colombia.
La operación, que se desarrolló en las primeras semanas del año 2021, destapó una compleja red de narcotráfico que operaba en el corazón de la Costa del Sol. La cocaína, escondida en un contenedor destinado a la importación de productos agrícolas, fue interceptada en el puerto de Málaga gracias a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los sistemas de detección de sustancias ilegales. La magnitud de este alijo subraya no solamente la ambición de los traficantes, sino también los desafíos a los que se enfrentan las autoridades en su esfuerzo por contener el flujo de drogas.
Entre los condenados, el hecho de que uno de ellos sea un miembro activo de la Guardia Civil y dos se encuentren al servicio de la Policía Nacional ha generado un gran impacto en la percepción pública sobre la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. El caso ha puesto de manifiesto cómo estructuras delictivas pueden infiltrarse en las instituciones, provocando un llamado a la transparencia y a la necesidad de implementar medidas más estrictas para evitar que personal policial se vea involucrado en actividades criminales.
El veredicto no solo representa un alivio para la comunidad malagueña, sino que también sirve como un fuerte mensaje a los narcotraficantes: las autoridades están más comprometidas que nunca en desmantelar estas mafias. Con el respaldo del TSJA, se espera que este caso sirva como precedente en los múltiples procesos judiciales que se están llevando a cabo contra el narcotráfico en la región.
Las repercusiones de esta sentencia se sentirán no solo en el ámbito jurídico, sino también en el tejido social de Málaga, donde la lucha contra las drogas sigue siendo una prioridad. Desde el Ayuntamiento hasta las entidades locales, todos han expresado su apoyo a las fuerzas del orden en un momento donde la confianza pública se ha visto retada. La comunidad malagueña espera que, con decisiones contundentes como esta, se pueda avanzar hacia un futuro más seguro y libre de narcóticos.
La ratificación de la condena a los acusados de narcotráfico en Málaga es un signo esperanzador en la lucha contra una de las plagas más destructivas que enfrenta la sociedad andaluza. Sin embargo, la implicación de agentes de las fuerzas de seguridad en este caso plantea una cuestión crucial: ¿hasta qué punto nuestras instituciones están realmente protegidas de la corrupción? La presencia de un guardia civil y dos policías nacionales en esta red delictiva no solo cuestiona la integridad de estos cuerpos, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en su capacidad para garantizar la seguridad pública. Es imperativo que se implementen mecanismos más rigurosos de control y supervisión, para que el discurso de transparencia y compromiso con la justicia no sea solo un mero slogan político.
Además, la magnitud del alijo incautado y la respuesta de las autoridades subrayan la necesidad de una cooperación más efectiva entre distintas agencias y niveles de gobierno. La lucha contra el narcotráfico no se ganará únicamente en los tribunales; requiere una estrategia integral que incluya educación, prevención y un enfoque social en las comunidades afectadas. La comunidad malagueña debe unirse para exigir un plan que aborde no solo las consecuencias, sino también las causas de esta problemática. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá empezar a restaurar la confianza y avanzar hacia un futuro donde la Costa del Sol brille por su belleza y no por su historia de narcotráfico.
La Asociación de Vecinos Vega de Mestanza y Lomas de Cantarrana lleva años litigando contra la futura depuradora Norte, que tratará las aguas residuales de la expansión de Málaga, Torremolinos, los Alhaurines y Cártama. Alegan afección a sus cítricos y que la futura planta está, desde su punto de vista en zona inundable. Las primeras decisiones judiciales han permitido a la Consejería de Agricultura de la Junta iniciar los trabajos. Quedan cuestiones pendientes. El retraso en esta actuación conlleva además una multa millonaria periódica por parte de la Unión Europea por incumplir los plazos de depuración. Este viernes el colectivo se ha desvinculado del incendio intencionado que afectó a cinco máquinas de gran tonelaje y que está bajo investigación policial.
«Esta Asociación, de confirmarse su intencionalidad, condena sin paliativos actuaciones de este tipo, con independencia de cuales fueron los motivos de producir el incendio», comienza el comunicado remitido por la plataforma, al que ha tenido acceso SUR.
En la misma línea, defienden su modo de proceder durante toda la tramitación de la depuradora de aguas residuales: «Esta Asociación vecinal, como sabe todo el mundo, nunca se ha salido ni un ápice de defender sus legítimos intereses al entender sus servicios jurídicos y técnicos, que ubicar la citada EDAR en la zona pretendida de la Vega de Mestanza, a través de las vías jurídicas y judiciales, interponiendo recursos administrativos, contenciosos administrativos, denuncias penales, medidas cautelares, sin salirse en ningún momento de la ley, y así seguirá hasta que definitivamente sea la Justicia la que decida si procede o no la ubicación de la EDAR en esta zona, decisión judicial firme que obviamente y aunque se pueda discrepar de la misma, se acatará plena e íntegramente tanto por la junta como por esta asociación».
Por último, la misiva reitera la desaprobación de los hechos confía en que la justicia clarifique el incendio. «En cualquier caso, y aunque no hubieran sido intencionados y se trate de un hecho fortuito, enviamos nuestro apoyo moral y de solidaridad a los perjudicados por tales hechos», se añade.
Efectivos de Bomberos y de la Policía Local sofocaron un fuego registrado la madrugada del miércoles al jueves en la parcela en obras en Camino de Santa Águeda, en el distrito de Campanillas.
El fuego tuvo cinco focos distintos, tantos como máquinas afectadas, lo que indica claramente que fue intencionado. El suceso ocurrió sobre las 1:10 horas. Tres retroexcavadoras, un camión de tipo basculante y un tractor remolque fueron pasto de las llamas en cuestión de minutos.
Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Churriana, Teatinos y Central (Martiricos). La Policía Local ha elevado parte de intervención a la Policía Nacional, que se hará cargo de la investigación para identificar al autor o autores del incendio.
El valor de la maquinaria que quedó irrecuperable asciende a unos 2,6 millones de euros, según indican responsables de la obra. Y es que se trataba de 5 grandes máquinas de muy reciente adquisición (entre ellas, dos retros, un lagarto y un tractor), y que pertenecen a Excavaciones Alejasa, constructora de Alhaurín de la Torre, subcontratada por Sando para esta fase de los trabajos.
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