La XX edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) ha dado un fuerte golpe sobre la mesa este jueves en el Palacio de Ferias de Málaga, al centrar su atención en la creciente crisis de acceso a la vivienda en la que se encuentran inmersos muchos ciudadanos malagueños. En un panorama donde la oferta de viviendas se reduce drásticamente y los precios se disparan, los actores del sector inmobiliario han hecho un llamado urgente a las administraciones para abordar esta problemática antes de que se convierta en un auténtico «drama social».
Ignacio Peinado, presidente de la patronal andaluza Fadeco Promotores, ha expuesto con claridad el que considera el principal obstáculo: «No hay viviendas porque no hay materia prima, suelo urbanizado». Esta escasez de terreno destinado a la construcción implica que la demanda, que sigue creciendo, no encuentra respuesta adecuada, lo que a su vez eleva los precios de las pocas unidades disponibles. Con una previsión de que la población malagueña aumentará en un corto y medio plazo, la falta de un plan urbanístico eficaz podría llevar la carencia de viviendas nuevas a un impresionante déficit de 100.000 unidades.
En un momento en que la vivienda se ha consolidado como un pilar esencial de la economía y un motor de igualdad social, Peinado insiste en que «debemos abordar el problema de acceso a la vivienda por parte de las familias». Este fenómeno no solo afecta la estabilidad económica de las personas, sino que también socava el tejido social al limitar las oportunidades de desarrollo personal y profesional.
El mensaje del Salón Inmobiliario fue claro: la situación requiere acciones inmediatas y efectivas. Peinado ha propuesto «medidas extraordinarias» que deben incluir mecanismos que aceleren los procesos de urbanización. Según sus palabras, se necesita «más oferta, más asequible y más ágil» para evitar un colapso mayor. Esta revolución en el sector de la vivienda no solo se justifica por la urgencia del momento, sino que responde también a una lógica económica fundamental: un mercado de la vivienda más accesible contribuye directamente al fenómeno del ascensor social.
Las allegaciones presentadas por Fadeco a la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía sugieren incluso que las obras de urbanización sean declaradas «de emergencia» en áreas prioritarias. Esto permitiría un despliegue más ágil en la construcción de viviendas, lo que conduciría a alivianar la presión sobre el mercado inmobiliario. “No pedimos liberalizar nuevos suelos, sino que se simplifiquen los trámites burocráticos para edificar donde ya se puede”, aseguró Peinado, haciendo eco de la frustración que siente el sector ante la dificultad de ejecutar proyectos en tiempos razonables.
En resumen, el Simed 2023 se presenta como un punto de inflexión en la lucha por el acceso a la vivienda en Málaga. Con la voz del sector reclamando atención y acción, queda en manos de los legisladores y responsables públicos responder a este llamamiento antes de que la crisis se convierta en una herida abierta en una ciudad que incluso en tiempos difíciles se ha mostrado resiliente y en constante crecimiento.
La crisis habitacional en Málaga se ha convertido en un tema insostenible que exige soluciones urgentes, como se ha evidenciado en la reciente edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Con una población en aumento y un mercado de vivienda que ya no da abasto, es inaceptable que los responsables políticos sigan esquivando el problema. La declaración de Ignacio Peinado sobre la falta de suelo urbanizado como el principal obstáculo para la construcción es un llamado a la acción que no puede ser ignorado. Si el sector inmobiliario pide a gritos medidas que simplifiquen los trámites burocráticos y aceleren los procesos de urbanización, es evidente que el tiempo de las promesas vacías ha llegado a su fin. Las administraciones deben tomar las riendas y actuar, antes de que el «drama social» del que se habla se materialice en una realidad palpable y dolorosa para muchos ciudadanos.
Es preocupante que, ante la falta de acción, el vulnerado techo de la vivienda se convierta en la entrada a un ciclo de desigualdad social. Una ciudad como Málaga, con un potencial económico significativo y un tejido cultural vibrante, no puede permitir que la especulación y la inacción política acaben con el acceso a uno de los derechos más fundamentales. La propuesta de declarar obras de urbanización como “de emergencia” es un paso en la dirección correcta, pero sin un compromiso real y sostenido, corremos el riesgo de que estas soluciones sean solo parches temporales. La vivienda no puede seguir siendo un lujo; debe ser un derecho accesible para todos, y es hora de que todos los actores involucrados, desde promotores hasta políticos, asuman su responsabilidad en esta lucha por un futuro más equitativo.
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