El próximo año comenzará con cambios significativos para los conductores que utilizan las autopistas de peaje en Málaga. A partir del 1 de enero de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible implementará una subida en las tarifas de las autopistas de titularidad estatal, que oscilará entre un 3,84% y un 5,45%, dependiendo de la concesión. Esta decisión ha sido anunciada en una reciente Orden Ministerial, generando preocupación entre los usuarios habituales de estas vías.
Este incremento afecta a diversas autopistas, incluidas la AP-7 Málaga-Guadiaro, que conecta la Costa del Sol con la provincia de Cádiz, y que es utilizada diariamente por miles de conductores. La actualización en las tarifas responde a un contexto económico marcado por el crecimiento del índice de precios al consumo, y también se enmarca en las limitaciones establecidas en 2023, que restringieron el aumento a un máximo del 4% en un intento de suavizar el impacto de la inflación en los usuarios.
Los nuevos precios aplicarán no solo a las autopistas bajo concesión, sino también a las gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt). En este último caso, se prevé un incremento base del 2% para los vehículos que no lleven dispositivo de Tag (sistema de peaje electrónico), mientras que el aumento promedio ponderado será del 5% para aquellos que sí dispongan de este sistema. Esta diferenciación busca cumplir con normativas europeas que fomentan el uso de tecnologías de cobro más eficientes.
El Ministerio ha resaltado que, a pesar de este aumento, continuará la gratuidad en el uso de las autopistas de Seitt durante la franja horaria de 0:00 a 6:00 horas todos los días del año, una medida que podría aliviar a los viajeros nocturnos y a los transportistas que deseen evitar los costos durante las horas de menor tráfico.
La actualización de tarifas tiene repercusiones económicas que van más allá del mero aumento en los costes de viaje. Según los cálculos del Ministerio, la última subvención destinada a mitigar el impacto de la inflación entre 2023 y 2024 permitió un ahorro estimado de 60 millones de euros para los usuarios, a pesar de que, sin esta ayuda, el incremento en las tarifas podría haber sido sustancialmente mayor, entre un 5,98% y un 7,72%.
De cara al futuro, se estima que la subvención para 2025 rondará los 22 millones de euros, lo que demuestra el compromiso del Gobierno por aliviar el peso que los peajes representan para aquellos que dependen de estas infraestructuras. Sin embargo, la eliminación graduales de estas subvenciones a finales de 2026 podría convertirse en una nueva carga para los usuarios que, cada vez más, deben evaluar sus gastos en un contexto económico incierto.
Así, con un inicio de año marcado por la preocupación ante el aumento de peajes, se abre un debate necesario sobre la sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y la capacidad del Gobierno para equilibrar la financiación de estos sistemas con las necesidades de los usuarios. La pregunta persiste: ¿cómo adaptarán los malagueños su modo de vida a estos nuevos costos al transitar por las vías que conectan no solo regiones, sino también vidas?
La reciente decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de aumentar las tarifas de las autopistas de peaje en Málaga a partir de 2025 plantea un dilema de gran peso para los conductores de la región. Si bien las subidas en tarifas, que oscilan entre un 3,84% y un 5,45%, pueden justificarse en un contexto de creciente inflación y necesidad de mantener las infraestructuras, la realidad es que afectan desproporcionadamente a aquellos ciudadanos que ya enfrentan dificultades económicas. La medida no solo incrementará el coste de los desplazamientos, sino que también contribuirá a una creciente percepción de que el uso de la carretera está reservado únicamente para quienes pueden permitírselo, dejando en un limbo a aquellos conductores que dependen de estas vías para sus actividades diarias. Este escenario evidencia la necesidad imperiosa de una revisión más profunda de las políticas de transporte y movilidad en la región, que debería incluir alternativas más asequibles y accesibles para todos.
Por otro lado, el anuncio de la continuidad de la gratitud en horarios nocturnos es un pequeño rayo de esperanza en un mar de preocupaciones, pero no puede considerarse una solución integral. La rebaja o eliminación gradual de subvenciones que el Gobierno prevé aplicar a partir de 2026 podría resultar en un golpe emocional y económico para los usuarios habituales de estas vías. Un enfoque más efectivo sería la implementación de un sistema de tarifas más equitativo, que contemple la posibilidad de descuentos para usuarios frecuentes, tarifas progresivas que se adapten a los niveles de ingresos, o incluso un replanteamiento completo sobre la gestión de los peajes. Así, el diálogo sobre la sostenibilidad de las infraestructuras no debe limitarse a la viabilidad financiera del Gobierno, sino que debe incluir un verdadero compromiso hacia los ciudadanos de Málaga, que son los que sostienen, en última instancia, el funcionamiento de estas autopistas.
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