La presión sobre el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha alcanzado su punto álgido con la exigencia de Sumar de impedir que la empresa Desokupa imparta formación a agentes de la Policía Nacional. La firma de un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía para instruir en defensa personal a 30.000 agentes ha desatado una ola de críticas y demandas de ilegalización hacia lo que llaman un «grupo parapolicial».
La denuncia de Sumar se enfoca en las presuntas actividades violentas y discriminatorias de Desokupa, señalando que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los legisladores de Sumar, liderados por Yolanda Díaz, han presentado una batería de preguntas en el Congreso cuestionando la legalidad de la formación impartida por este grupo y exigiendo medidas concretas para detener su influencia en las fuerzas de seguridad.
La polémica ha llevado al Ministerio del Interior a estudiar la posible impugnación del convenio con Desokupa, pero la presión de Sumar no parece amainar. Se cuestiona la integridad democrática de permitir que un grupo como Desokupa forme a agentes de policía en activo, lo que ha levantado alarmas sobre la supuesta infiltración ultraderechista en el Estado. A medida que se intensifica el debate, la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades.
La polémica desatada por el acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía para impartir formación a agentes de la Policía Nacional pone de manifiesto la preocupación por la presunta vinculación de este grupo con actividades violentas y discriminatorias. Es necesario que el Ministerio del Interior tome medidas concretas para esclarecer la legalidad de esta formación y garantizar la integridad democrática de las fuerzas de seguridad del Estado.
La presión ejercida por Sumar para impedir que Desokupa continúe impartiendo formación a los agentes de policía es una muestra de la exigencia ciudadana por transparencia y respeto a los derechos humanos. Es fundamental que las autoridades respondan a estas demandas con contundencia y claridad, demostrando un compromiso real con la democracia y la legalidad. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos están atentas a las decisiones que se tomen al respecto, y esperan que se ponga fin a cualquier intento de infiltración ultraderechista en las instituciones públicas.
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